Opinión

Andorra, el fin de un paraíso fiscal

Andorra desde el 1º dejará de ser un paraíso fiscal para los evasores extranjeros y terrenal para su población, cuando pase a informar a los demás estados miembros de la Unión Europa (UE) el estado de las cuentas bancarias en su territorio.

Miércoles 29 de Noviembre de 2017

Andorra, el pequeño país pirenaico de habla catalana, de solamente 468 kilómetros cuadrados, fundado en 1278, con una población de 78.264 habitantes, según el censo de 2016, lo que determina una densidad de 167,23 por km2, desde el 1º dejará de ser un paraíso fiscal para los evasores extranjeros y terrenal para su población, cuando pase a informar a los demás estados miembros de la Unión Europa (UE) el estado de las cuentas bancarias en su territorio. Andorra tiene uno de los PIB per cápita más elevados del mundo, con nada menos que u$s 49.900 (Alemania 48.400, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 42.400, Francia 42.300, Italia 36.800), mientras su endeudamiento está en el lugar 118 en el planeta y su inflación se sitúa en el 0,9 por ciento anual. De acuerdo con una resolución adoptada por el gobierno en diciembre de 2016, los bancos debieron comenzar a informar desde el 1º de enero de 2017 a las autoridades nacionales del estado de las cuentas de cada uno de sus clientes, cosa que se venía manteniendo en secreto desde hace muchas décadas, y esos datos se enviarán regularmente a la UE. Apenas adoptada esa decisión en diciembre de 2016 las entidades financieras que funcionan en ese país, el Crédit Andorrá, el Banc Sabadell d'Andorra, el Andbank, el Bankinter y el Morabanc pasaron a informar a sus clientes que debían regularizar su situación fiscal antes del fin de ese año, particularmente en la vecina España, o en defecto cancelar sus cuentas para evitarse problemas. Ello hizo que muchos clientes optaran por remitir sus fondos hacia otros paraísos fiscales entre los que se destacó Delaware, en los EEUU, aunque no faltó una cantidad que optase por cerrar sus cuentas y depositar el efectivo en cajas de seguridad hasta decidir donde enviar esos dineros. Las dineros operados rondaban los u$s 80.000 millones, y las cuentas detectadas, en el caso español, implican sancionen económicas que van desde el 70 al 120 por ciento de la sumas no declaradas aunque existe la posibilidad de argumentar que esos fondos corresponden a operaciones realizadas, a más tardar en 2012 ya que existe una prescripción legal para las irregularidades fiscales anteriores a los últimos cinco años o sea previas a 2013. Los servicios representaban por entonces el 54,5 por ciento del producto andorrano: a la industria el 33,6 por ciento y a la agricultura el 11,9; mientras su fuerza laboral alcanzaba a las 39.750 personas, es decir el 50,8 por ciento de la población, pero de esa cifra el 95,1 por ciento operaba en el área de servicios, el 4,4 en la industria y el 0,4 en la agricultura. El desempleo llegaba al 3,7 por ciento. Resta preguntarse cuáles serán los números reales cuando todos los fondos ilegales allí depositados tomen otros destinos, dado su muy improbable legalización.

Fernando del Corro

Historiador


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