"Que un niño tenga un padecimiento de salud mental, como cualquiera puede tenerlo y sobre todo los niñes que han atravesado situaciones de vulneración, no es suficiente para justificar una internación", afirmó la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino. En el marco de las denuncias que los trabajadores de la salud plantearon a las autoridades y el decálogo de "irregularidades" y "dificultades" a la hora de articular con las áreas de Niñez y Adolescencia de la provincia, entre las que aparecen las internaciones prolongadas en efectores de salud, la funcionaria dejó en claro que "la internación es una medida restrictiva y para pocos días, que está prevista para la estabilización del niño y la vuelta a su centro de vida, sea su casa o un hogar en el marco de una Medida de Excepción, pero no puede ser el hospital el que sustituya esos espacios".
Pochettino no sólo señaló que "los trabajadores de la salud (tanto municipales como provinciales) son claros en ese sentido", en alusión al documento presentado en últimas horas a las autoridades provinciales, sino que además recordó que ya en febrero pasado desde la Dirección de Salud Mental se hicieron advertencias en ese sentido. Del mismo modo que lo hizo a través del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental que funciona en el marco de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
Una de las mayores tensiones hacia el interior de los equipos que asisten a las infancias y adolescencias se generó a partir de la firma sobre finales del 2022 de un decreto, rubricado por el gobernador Omar Perotti, que modifica parcialmente las reglamentaciones de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Uno de los cambios señala que en los casos de niños que se encuentran bajo la ejecución de una medida de protección excepcional, esto es que fueron separados de su centro de vida, y que tienen algún "padecimiento en su salud a nivel físico o mental, o bien con capacidades diferentes, deberán ser alojados en una institución que cuente con los recursos y las condiciones necesarias".
Y tras admitir que las instituciones conveniadas con la Secretaría de Niñez, "tanto públicas como privadas, no cuentan con los recursos necesarios para la atención de necesidades especiales antes descriptas", define la derivación de esas situaciones al Ministerio de Salud, a la Dirección provincial de Salud Mental, o bien la Dirección Provincial de Inclusión.
Pedido de revisión
Además de señalar que "inevitablemente los niños que han visto vulnerados en sus derechos y han sido amparados a través de medidas excepcionales sufren un impacto en su sibjetividad", desde la Dirección de Salud Mental, no solo alertaron internamente sobre lo "inconsulta" de las modificaciones, sino que además señalaron la necesidad de evitar "respuestas estigmatizantes y patologizantes", sino todo lo contrario, apuntando a abordajes "integrales" a través de la "construcción de redes comunitarias intersectoriales".
Lo que claramente señala Pochettino es que "los hospitales no pueden sustituir" los centros de vida y hogares de los niños, niñas y adolescentes con padecimientos de salud mental. E incluso, al igual que en el documento rubricado por los trabajadores, recuerda la ley nacional de salud mental vigente que prohíbe expresamente la creación de cualquier institución de internación monovalente y que habilita las internaciones "como recurso terapéutico excepcional".
Salud Mental no fue el único espacio que cuestionó los cambios, sino que incluso el Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de Servicios de Salud Mental que funciona en el marco de la Defensoría del Pueblo pidió por escrito, en marzo pasado, la derogación de las modificaciones.
Y desde Salud, sin quedarse en los meros cuestionamientos, señalaron no solo la necesidad de "trabajar conjuntamente con el sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes", sino que además detallaron una serie de propuestas concretas "de articulación permanente".
Reclamo de los trabajadores
Las internaciones prolongadas en los niños con medidas de protección excepcional -que incluso pierden el vínculo con sus referentes y hogares durante esas estadías-, las demoras y las intervenciones a destiempo, la falta de comunicación entre los equipos de los centros residenciales y los equipos técnicos interdisciplinarios, la necesidad urgente del fortalecimiento del Programa de Acompañantes Personalizados y la imposibilidad de articulación de estrategias con la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia fueron algunas de las "irregularidades" que los equipos interdisciplinarios de salud tanto provinciales como municipales alertaron en los últimos días a través de un documento que ya relevó centenares de firmas y que elevaron a las autoridades provinciales.
La crítica situación y atención de las infancias y adolescencias en la provincia y en Rosario hace tiempo que está bajo la lupa. Hubo renuncias en enero de 2022 (la entonces directora Alejandra Fedele se fue tras presentar una fuerte carta de denuncias), los trabajadores del área lo señalan en forma sistemática y días atrás la Defensoría del Pueblo de Santa Fe le volvió a plantear a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, preocupaciones por las prácticas de cuidados de las infancias vulneradas.
Esta semana fueron los médicos los que hicieron el planteo ante la falta de respuestas y las dificultades que señalan no solo obstaculizan el trabajo de los equipos en los efectores de salud, sino que es más grave aún: generan "la consecuente revulneración de derechos por parte de quienes deberían garantizarlos y resguardarlos".
