Por Carina Bazzoni
Un especialista que participó de las dos pericias realizadas sobre el regulador y parte de las instalaciones de gas del edificio de calle Salta 2141 confirmó que la válvula que permitía el paso del fluido se encontraba “abierta” y que era “inoperable”, por lo cual se necesitaron herramientas especiales y una fuerza adicional para poder accionarla cuando se la examinó.
El testimonio de Gabriel Omar fue uno de los más contundentes que se expusieron ayer en el juicio que busca establecer las responsabilidades penales en la explosión de la torre de departamentos que dejo 22 muertos y unos 60 heridos el 6 de agosto de 2013.
El perito ilustró con fotos y croquis las conclusiones del informe que presentó a la fiscalía en octubre pasado, después de que terminaran las pericias encargadas a la policía científica de la provincia de Córdoba. Omar realizó algunas observaciones al trabajo, en varios puntos. Uno de ellos fue referido al estado de la válvula que permite el acceso de gas al regulador.
El especialista aseguró que la válvula, secuestrada en el edificio, “se encontraba abierta” antes de comenzar la pericia. “A lo largo del caño se veía luz del otro lado”, explicó.
Pero también destacó que la pieza —que hubiera evitado una fuga de gas— “no estaba operable”. Según advirtió, la válvula del edificio era manual. Estos instrumentos, comentó, están en condiciones si se pueden operar a mano. “Si tengo que recurrir a una llave, una herramienta, no es operable. Lo que no quiere decir que no se pueda mover, sólo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor al que está previsto en el diseño”, indicó y advirtió que las dificultades de operación estaban relacionadas con “una lubricación deficiente, escasa o seca”.
Sus palabras fueron mucho más claras cuando se proyectó la foto del técnico encargado de cerrar la válvula durante el análisis pericial. El hombre utilizaba una llave especial y tenía apoyada una pierna sobre el banco de trabajo con la intención de sumar fuerza para poder mover la válvula. “Aún así, no recuerdo si la pudo cerrar”, aseguró el ingeniero mecánico de 67 años, con más de tres décadas de experiencia en pericias judiciales.
¿Quién tiene responsabilidad sobre la válvula de regulación? y ¿quién está habilitado para operarla? Esas dos preguntas se escucharon en forma repetida en la audiencia de ayer. Omar fue categórico: “La única autorizada para cerrar o abrir la válvula es la distribuidora”, sostuvo.
Este instrumento tiene como finalidad, ni más ni menos, que impedir el paso del gas tal cual llega de la cañería de distribución de la red media, esto es con una presión 83 veces mayor que la sale por las hornallas de la cocina o el piloto del calefón. El cierre incorrecto de la válvula, según se repitió numerosas veces en el juicio, disparó una gran fuga de gas que, al encontrarse con una chispa, generó la tragedia.
Antes y después
Tres gasistas, todos con varias décadas de experiencia, contestaron la misma pregunta. “Para cambiar un regulador, antes hay que solicitar el cierre del servicio a la empresa. Se puede hacer verbalmente o telefónicamente, lo pueden autorizar a hacer el corte o va la guardia a cerrarlo”, señaló Horacio Blumenfeld, arquitecto, matriculado clase A y presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas. No obstante, destacó que después del siniestro, “la nueva normativa hace que los inspectores acudan al edificio para operar la llave de gas”.
A los mismos cambios en los procedimientos se refirió Carlos Marín, gasista, licenciado en seguridad industrial. “Después de 2013 se está yendo a procedimientos cada vez más seguros. El lamentable accidente que nos convoca en esta reunión, nos ha sacudió a todos”, apuntó.
Jorge Cribb es docente y trabaja en la formación de gasistas y como técnico de instalaciones seguras en el Ministerio de Educación de la provincia. Frente a los jueces, narró que, antes de calle Salta, para cambiar el regulador el cliente llamaba a la guardia o iba el gasista a cambiarla, y destacó que la autorización no quedaba asentada en ningún lugar. “Trabajábamos en forma desprolija”, sostuvo.
Para ilustrar la situación contó una anécdota. El 7 de agosto de 2013, un día después de la explosión, concurrió a la oficina técnica de Litoral Gas para pedir autorización para cambiar un regulador. “Me dijeron andá y hacerlo”, recordó.
No contento con la respuesta, mandó un correo electrónico a la empresa pidiendo autorización por escrito para hacer esa tarea, que requería cerrar la válvula del servicio. No obtuvo respuesta. Volvió a insistir, agregando que de no recibir otras instrucciones tomaría esa situación como un permiso para realizar los trabajos.
El día siguiente recibió una carta documento donde se le prohibía hacer la obra. “Todo cambió después de calle Salta”, concluyó.
Por Diego Veiga