Están convencidos de que se trata de una situación "abusiva" para los 50 mil estudiantes que, por año, llegan a Rosario a cursar en universidades y terciarios. Se refieren a los alquileres, que sólo desde el 2003 al 2013 aumentaron diez veces su valor (mil por ciento), cuando en el mismo lapso los salarios apenas se multiplicaron por seis. A ese fenómeno coadyuva el hecho de que, según datos del último censo nacional, hay casi 80 mil viviendas ociosas en la ciudad que, pese a varios proyectos presentados sin éxito en el Concejo Municipal para que se los grave con una tasa especial, siguen tan vacíos como entonces. "Por eso queremos instalar el tema en la agenda política, señalar la magnitud que cobra en Rosario y comprometer a los candidatos a cargos públicos para que tomen esta problemática que ya se puede definir como generacional", señaló el referente de la Agrupación Renovar y Transformar (ART) Juan Zárate, de la Facultad de Derecho de la UNR, donde empezaron a juntar firmas. Después vendrán las otras unidades académicas, a razón de una por mes.
En realidad, el déficit de viviendas afecta al menos a 50 mil familias en la ciudad, por lo que la dimensión del problema supera ampliamente al universo estudiantil.
Aun así, la severa dificultad para alquilar un departamento que permita residir en la ciudad a los cerca de 50 mil jóvenes que cada año dejan sus localidades de origen para cursar estudios universitarios y terciarios representa una problemática específica con fuerte impacto socioeducativo.
De hecho, poder solventar o no un alquiler funciona como condición de posibilidad para acceder a la educación superior entre quienes viven a distancia de los centros donde se imparte.
Según números del último boletín estadístico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el 55 por ciento de los ingresantes procede de afuera de la ciudad: el 27 por ciento llega de otras localidades santafesinas, el 15 de otras provincias y el 2 del extranjero (más un 3 por ciento sin datos). También señala que el 45 por ciento de los 74 mil alumnos que tiene la UNR proviene de un radio superior a los 50 kilómetros de la ciudad.
En ese marco, y sin contar los alumnos de universidades privadas e instituciones terciarias, los militantes de ART ubican el problema entre las "demandas prioritarias del claustro estudiantil".
Al querer alquilar, quienes no son de Rosario se topan con "aumentos excesivos" de precios, "abusos usurarios de parte de propietarios e inmobiliarias", "ausencia de un registro obligatorio de contratos para su control", "cláusulas contractuales ilegales" y "dificultades con las garantías", señaló Zárate.
La situación afecta a jóvenes que, "con suerte", recién acceden a un primer trabajo, con "sueldos bajísimos de los que un alquiler insume no menos de la mitad".
Según datos del Ministerio de Trabajo nacional, afirmó el dirigente, la suba de alquileres desde el 2003 al 2013 fue del 1.000 por ciento, cuando el de los salarios en el mismo período llegó al 662 por ciento".
Si a eso se suma que en Rosario existen de 70 mil a 80 mil inmuebles vacíos (frutos de un "boom" de la construcción que no se tradujo en mayor acceso a la vivienda), para los estudiantes está claro que el Estado debe intervenir.
Con esa convicción, desde ART comenzaron a juntar firmas en la puerta de Derecho. Y hasta octubre la recolección de adhesiones (a la que llaman "acta compromiso por un alquiler accesible a estudiantes") se extenderá a una facultad por mes. Las próximas serán las de Ciencias Económicas y Medicina.
Con esas firmas buscarán que los candidatos a cargos ejecutivos y legislativos se comprometan con la problemática. A nivel municipal el objetivo es que se confeccione un "registro de contratos de alquiler para monitorear la legalidad" de esas operaciones y desalentar que tantas propiedades queden vacías.
Intentos vanos. La idea de los estudiantes tiene antecedentes, pero hasta ahora todos los intentos resultaron infructuosos. En agosto pasado el titular del Concejo, Miguel Zamarini, y su par Carlos Cossia presentaron un proyecto que proponía cobrar una tasa extra a las viviendas deshabitadas para "paliar la problemática en los costos de los alquileres y la gran cantidad de propiedades ociosas que existen en la ciudad".
En mayo del del 2013, la radical María Eugenia Schmuck ya había elevado una propuesta similar e incluso cuatro años antes otro edil oficialista, Orlando Debiassi, había planteado una carga extra para las casas deshabitadas.
De todos esos proyectos, ninguno prosperó. La discusión con el sector inmobiliario, nunca saldada, pivoteó sobre si la solución para los inmuebles vacíos debía pasar por un castigo tributario a los propietarios o por un incentivo.
"Es un tema siempre en discusión", afirmó Cossia, aún convencido de que "el Estado debe intervenir" sobre la problemática y no "quedarse sólo contemplando el boom especulativo".
