Autoridades del gobierno mendocino, legisladores y funcionarios municipales presentaron hoy una denuncia penal contra una empresa tras una acusación por contaminación del agua con mercurio elevada por los trabajadores, que recibieron el compromiso de ser reubicados.
La denuncia contra la empresa Keghart fue presentada por el secretario de Ambiente de la provincia, Guillermo Carmona, y el presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Ricardo Puga.
Los integrantes de la comisión y funcionarios de la cartera de Ambiente y municipales se trasladaron hoy hasta el predio que ocupa la empresa en el departamento de Luján, para corroborar la existencia de un pozo en el que según la acusación se arrojaron residuos industriales.
La denuncia de esa práctica fue realizada por ex trabajadores de la firma que se dedicaba a la fabricación de hipoclorito y soda cáustica.
Mientras funcionarios de Ambiente y de la comuna ingresaban al predio, la comitiva de legisladores se trasladó a la Oficina Fiscal 15 de Carrodilla para radicar la denuncia penal, con las pruebas aportadas por los trabajadores.
“Verificamos la denuncia que había realizado el personal en la comisión de Derechos y Garantías”, dijo el director de Protección Ambiental de la provincia, Ricardo Debandi, en relación a un pozo que se encontraba escondido, tapado con una tapa de madera, nylon y tierra, bajo una estructura cilíndrica de metal.
“Hemos pedido la orden de allanamiento para realizar las verificaciones”, añadió, mientras el intendente de Luján, Omar Parisi, apuntaba que se había solicitado la presencia de una topadora “para poder mover un molde de metal que ocultaba el pozo”.
Además, pidieron a la Universidad Nacional de Cuyo que realice un muestreo, “previa orden de allanamiento”, para que el material que se extraiga para su análisis “pueda ser incorporado a la causa”.
Según dijo Puga, un grupo de trabajadores llevó a la comisión de Derechos y Garantías una denuncia sobre la existencia de un pozo de 200 metros de profundidad, oculto bajo un molde metálico, donde se arrojan efluentes industriales altamente tóxicos, contaminando las napas freáticas.
La presentación ante la comisión fue ratificada por firma de los ex trabajadores, quienes dijeron haber recibido “órdenes directas” tanto del dueño de Keghart como de los jefes de planta.
“Es un acto criminal porque se trata de gente que sabe del cuidado que debe tener con la cuestión ambiental”, manifestó el legislador.
Al mismo tiempo, expresó que el hecho de ir al predio fue “una acción del Estado provincial en su conjunto para tratar de resolver un problema de vieja data” e intentar “acreditar una metodología de trabajo que no sólo contaminaba las napas freáticas sino que además demuestra la falta de responsabilidad de esta empresa”.
Tras la presentación de la denuncia penal, Puga dijo que “la comisión de Derechos y Garantías va a ser muy exigente para que jueces y fiscales actúen como corresponde y los responsables vayan presos”.
Por otra parte, adelantó que el personal que cumplía funciones en la firma comercial y que quedó sin trabajo tras la clausura serán tomados “en forma provisoria” por la municipalidad de Luján, hasta tanto se logre “una empresa recuperada, a través de una ley especial, reubicada en el parque industrial”.
En total, son 40 las personas que serían integradas al municipio.
En ese sentido, el intendente Parisi afirmó que “este personal seguramente debe tener perfiles interesantes, porque se trata de gente especializada”, por lo que les solicitó que envíen a la comuna detalles de currículum, composición familiar y demás datos personales, para su ubicación laboral.
Si bien la empresa está clausurada, el abogado de la firma, Dardo Pérez Hualde, dijo que avanzaron con “una acción de amparo y una administrativa”.
“Hemos apelado la decisión del juez” en una segunda instancia en la Primera Cámara Civil y “hemos presentado una acción administrativa ante el Poder Ejecutivo por los perjuicios” que implicó la clausura, apuntó.
En tanto, uno de los ex trabajadores, Efraín Luengo, dijo que las maniobras contaminantes por parte de la empresa se hacían desde hace por lo menos 4 años.
Asimismo, relató que “cuando se hacían los controles, se limpiaba todo”, por lo que estiman que los propietarios sabían cuándo se iba a realizar una inspección.
Por Gustavo Conti
Por Hernán Cabrera
