Rosario dio un paso adelante en la identificación, seguimiento, investigación específica de casos donde se detecten organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos y unidades de negocios paralelas. Luego de una audiencia y a solicitud del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz autorizó la implementación en los barrios rosarinos de la ley antimafia, por la que todos los implicados en un delito encuadrado bajo esta norma recibirán la misma condena. Con este soporte institucional, todos los integrantes de una asociación ilícita recibirán la pena máxima, desde el primer eslabón de la cadena a los profesionales de "guante blanco" que intervengan en la logística, y complejidad en la comisión del delito como el lavado de activos.
A través de una resolución de la cartera que dirige Patricia Bullrich, este miércoles se produjo una audiencia en el marco de un caso llevado adelante en la Procuraduría donde se requirió la necesidad de una investigación especial, sujeta a determinadas zonas de Rosario, de conformidad con la denominada ley antimafia de organizaciones criminales.
Este es un paso fundamental que, según ponderaron autoridades del gobierno nacional, "reafirma el compromiso institucional en el abordaje coordinado de la problemática y cumpliendo con el compromiso del presidente Javier Milei, de la ministra Bullrich y de todo el gobierno nacional de ir a fondo contra las organizaciones criminales que le hicieron tanto daño a Rosario".
El foco en Rosario
Entre los argumentos, el magistrado ponderó la gravedad de los hechos delictivos atribuidos a organizaciones criminales con presencia territorial en los barrios rosarinos, en donde operarían bandas que se encuadrarían en los requisitos de la ley mencionada.
Dicho pedido fue formulado por funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal (MPF), con participación de la Procunar y con presencia de miembros de las fuerzas federales intervinientes en las investigaciones.
De ahora en más, con este aval judicial, la investigación penal se encuentra articulada con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), lo que permite la actuación coordinada de los distintos organismos intervinientes, conforme a las competencias establecidas por la legislación vigente y preservando el desarrollo de las tareas investigativas en curso de ambos ministerios. Aquí radica el salto cualitativo que implicó la audiencia y posterior aval judicial. De una acción declarativa de Bullrich se pasó a un soporte institucional con el visto bueno de la Justicia.
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De esta forma, se estableció habilitar el uso de herramientas de investigación especial dentro de un perímetro geográfico determinado de barrios "calientes" y, en función de determinadas bandas y con el objeto de fortalecer las capacidades del Estado para investigar, desarticular y desmembrar organizaciones criminales complejas mediante una intervención judicial excepcional, focalizada y provista de recursos ampliados en los planos procesal, logístico y operativo.
Contra las mafias
Autoridades en la provincia del ministerio que conduce Bullrich sumaron más elementos para destacar la importancia de esta herramienta investigativa. "Buscamos ir al fondo de las organizaciones criminales y no quedarnos con el que vende dos gramos de cocaína, o con un tiratiros. Se trata de contar con herramientas para detectar la complejidad de una asociación en la que pueden participar profesionales que lavan activos, organizan roles y arman estrategias. Si antes quedaban algunos años inhabilitados y en prisión domiciliaria ahora les cae todo el peso de la ley con la misma condena que al resto. Es muy distinto una condena leve, a 30 años de cárcel", subrayó un referente local, para marcar la importancia de la resolución del juez de garantías Rodrigues Da Cruz. "No se aplica en Córdoba u otro distrito, sino en Rosario por una serie de argumentos que fueron aceptados por el magistrado", apuntó.
Investigación
Desde la cartera de Seguridad se analiza por estas horas la importancia de la ley antimafia: recursos para investigaciones complejas, datos tecnológicos, testigos protegidos, agentes en el territorio que le darán mayor celeridad a la hora de las investigaciones. "Falta un montón, sin desmerecer para nada lo que se ha hecho en conjunto con la provincia hasta el momento y supone continuar con una acción coordinada entre los ministerios fiscales y las fuerzas que participan en las pesquisas", agregó el funcionario que responde a la ministra Bullrich.
Durante la audiencia de este miércoles participaron funcionarios en representación del Ministerio de Seguridad, el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni. Por el MPF estuvo el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo; el fiscal a cargo de la Procunar, Diego Iglesias; el fiscal a cargo de la Procunar región Noroeste Argentino, Matías Scilabra, y el fiscal a cargo de la oficina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Argibay Molina.
