El juez Falkenberg dijo que no sabía que la línea a intervenir era de Pullaro

"Las intervenciones telefónicas en todos los casos son solicitadas al juez que por turno corresponda, que las dispone una vez confirmados los fundamentos legales", manifestó la Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos de la Regional 1 del MPA de Santa Fe, en elíptica respuesta a Pullaro y direccionando responsabilidades hacia los jueces penales.

Acerca de Pullaro, los integrantes del Ministerio Público manifestaron su "profunda preocupación por las declaraciones relacionadas a actuaciones de fiscales en ejercicio de sus funciones en relación a investigaciones llevadas adelante por posibles casos de corrupción".

Asimismo, reivindicaron "la independencia y la autonomía funcional" del MPA y "el sistema republicano de gobierno, el Estado de derecho y el principio de igualdad ante la ley". Y sentenciaron: "Nuestra función es investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal".

Un día antes Pullaro había criticado la filtración de las escuchas telefónicas con el fiscal general Jorge Baclini, jefes policiales y una asesora del ministerio, al tiempo que denunció que le "inventaron una causa" y contraatacó con sendas denuncias penal y administrativa para determinar las responsabilidades por las que calificó "operaciones berretas" de "sectores oscuros que se oponen a las políticas públicas de seguridad", en referencia a uniformados desplazados de la fuerza por su gestión.

Según el ministro, a partir de un diálogo telefónico que mantuvo con el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, a quien también se le pinchó el teléfono en el marco de la causa por irregularidades en el pago de horas extras (Ospe) a policías, y por la cual será indagado mañana, el fiscal Roberto Apullán (a quien Pullaro no mencionó en la conferencia de prensa del martes pasado) pidió la intervención de la línea oficial asignada al funcionario. Ayer se supo que esa gestión la hizo ante los jueces la fiscal adjunta María Laura Martí.

"En ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al ministro de Seguridad.", aseguró el juez de Santa Fe Nicolás Flakenberg

Por su parte, Falkenberg no sólo suscribió una declaración con sus pares penales de la capital santafesina sino que dejó en claro que desconocía que uno de los números que se le solicitó fueran intervenidos era utilizado por Pullaro.

"En ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al ministro de Seguridad. Hay numerosísimas intervenciones que se van suscitando con motivo de menciones de ciertas personas que son trasladadas por parte del director de la investigación, que es el fiscal", aclaró el magistrado, quien también reveló que, a pedido del MPA, dispuso la intervención de cinco líneas telefónicas "porque se estaba constatando la comisión de ilícitos en curso de ejecución".

Falkenberg resaltó que, al tratarse de delitos en curso de ejecución, es una práctica común que el fiscal, como lo hizo Martí en el caso que involucró a Pullaro, se solicite una intervención telefónica.

Los datos más relevantes de la contraofensiva judicial surgen del comunicado suscripto por el magistrado junto a sus pares del Colegio de Jueces Penales santafesinos.

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El comisario Adrián Rodríguez.

En el texto, reconocieron "la existencia de intervenciones a numerosos abonados, todas suscriptas de manera indistinta por los diversos magistrados y según los esquemas de turnos preordenados por la Oficina de Gestión Judicial, brindando en cada caso la fundamentación mediante el dictado de resolución que ordena la medida".

Además de Falkenberg, el escrito fue suscripto por los magistrados Jorge Patrizi, Sergio Carraro, Susana Luna, Luis Silva, Eduardo Pocovi, Jorge Pesassano y Héctor Candioti.

El texto remite expresamente al artículo publicado ayer por La Capital en el que se consigna que la escucha a Pullaro habría sido suscripta por Falkenberg, a petición de Martí, donde requería "intervención de cinco líneas telefónicas con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la administración pública y falsificación de documento público".

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Pullaro dijo que las escuchas "son ilegales".

Foto: La Capital/Archivo.

El comunicado también afirma que Falkenberg, quien ya había rechazado un pedido anterior, requirió motivos concretos para esa medida, que le fueron aportados vía mail. Y advierte que se trataba de "datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que, además de su importancia per se, revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso".

Según los jueces, la fiscal también señaló que una de las líneas intervenidas en la causa reveló, en ese sentido, una "fluida actividad" en orden al "entorpecimiento probatorio" y "la planificación de comisión de hechos de apariencia delictiva tendientes a lograr mediante estrategias de ascensos jerárquicos en la plana policial para en forma urgente tomar represalias con personal,además de indicar la utilización de contactos políticos" para que los acusadores públicos reciban "una advertencia por parte de las autorizaciones".

Para los integrantes del colegio, "la peticionante (Martí) consignó desconocer la titularidad de los abonados cuya intervención solicita, situación que no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría de supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a esos fines".