Marcos Díaz, prófugo cuatro años de la causa en la que condenaron al Peruano Rodríguez Granthon y al financista Gustavo Shanahan, cayo este sábado en Entre Ríos
La casa de Entre Ríos donde encontraron a Marcos Julián Díaz, acusado de abastecer de dólares un entramado narco.
El ex rugbier Marcos Díaz, detenido el sábado luego de cuatro años prófugo en una causa donde está acusado de venderle dólares a una banda narco por la cual ya fueron condenados Julio "Peruano" Rodríguez Granthon y el financista Gustavo Shanahan, será indagado este lunes en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.
El hombre de 41 años, alguna vez jugador de Atlético de Rosario y de las inferiores del seleccionado argentino de rugby, fue capturado el sábado por efectivos de la Policía Federal (PFA) en un paraje ubicado en el departamento Diamante entre las localidades de Strobel y Aldea Protestante donde se escondía bajo el seudónimo de "Rafa Lewis". Llevaba cuatro años prófugo desde que se lo buscó en una serie de más de 20 allanamientos contra la estructura que le achacan haber integrado.
En noviembre de 2023 Shanahan y el Peruano comenzaron a ser juzgados con otras seis personas como miembros de una banda narco que regenteaba puntos de venta de droga en Villa Banana. La organización había sido desbaratada en dos años antes cuando un tiroteo en Villa Banan precipitó la investigación que la PFA realizaba en el territorio, con seguimientos de bolsos y cajas de zapatos con billetes que iban y venían desde una vivienda de Valparaíso al 2600 hasta cuevas de la zona céntrica. Entre ellas una de Ovidio Lagos al 400, que manejaba Díaz.
Como punto a destacar de aquella pesquisa que terminó con condenas, Shanahan no llegó al banquillo acusado de lavado de activos sino como miembro de la banda, ya que se consideraba vital su labor de proveer dólares desde su financiera de España al 800. Díaz, a quien los investigadores aludían como "el bolsero", también era considerado importante en la estructura pero no llegó al banquillo porque había logrado huir del operativo que entre el 13 y el 14 de octubre de 2021 había generado 23 allanamientos, entre ellos a cuatro cuevas financieras.
Como saldo de aquel operativo bautizado como “Cuevas blancas” se secuestraron 34 millones de pesos, más de 30 mil dólares, alrededor de cuatro kilos de cocaína y armas.
Según los investigadores la banda se componía de personas que se encargaban de comprar, fraccionar, estirar y distribuir cocaína importada desde Bolivia en una dinámica que movía un estimado en unos diez kilos semanales que requería un importante flujo de dólares, sobre todo para comprar la mercadería.
Esos servicios, peligrosos por su ilegalidad, fundamentaban el cobro de una sobretasa del 2% que el Peruano pagaba sin chistar, según se había detectado en escuchas durante la pesquisa. En ese esquema, según el expediente de elevación a juicio que en el caso de Díaz quedó pendiente, el ex rugbier se encargaba de transportar el dinero “obtenido como ganancia a diferentes sitios seguros para su guarda y posterior conversión a dólares”.
Los investigadores habían vinculado a Díaz con algunos de los imputados en la causa, “quienes le habrían hecho entrega de bolsos con dinero obtenido del producido de las actividades de comercio de estupefacientes y luego concurría a calle España 889, visualizándose su ingreso y egreso con bolsos de distinto tamaño, esos bolsos son del mismo tipo y color que los advertidos tras el allanamiento” de la oficina de calle España.
El entonces jefe del área Antinarcóticos de la PFA, Raúl Hirsch, dijo en el juicio oral que nunca había visto, como en ese caso, una relación tan clara entre el mundo de las drogas y el de las divisas. “Es la relación directa entre dinero narco y una financiera”, dijo al detallar la pesquisa que estableció los recorridos rutinarios entre el búnker de Valparaíso al 2600 y la casa de cambios de Díaz en Ovidio Lagos al 400, una suerte de escala de ese dinero antes de llevarlo a la financiera de Shanahan, quien había estado al frente de una controvertida gestión en la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013.
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Díaz quedó en el radar de la PFA luego de un seguimiento en el que un hombre sospechado de vender drogas llegó hasta un domicilio de Ovidio Lagos al 400 con una caja de zapatos que los policías pensaron primero que tenía drogas, pero en realidad tenía billetes, ya que en ese domicilio funcionaba una cueva. Los seguimientos posteriores dotaron a la investigación de pruebas como fotos de bolsos, mochilas y valijas que iban y venían con dinero entre esa oficina y la de España y Rioja.
En general, según se declaró durante el juicio, el dinero que la banda ganaba en Villa Banana solía ir a la cueva de Ovidio Lagos casi en forma permanente. Allí fueron identificados algunos empleados que respondían a Díaz, por ejemplo una mujer que solía recibir las cajas de zapatos con billetes y se refería a la información correspondiente a esos clientes como “la cuenta narco”.
La investigación estaba bastante avanzada cuando tuvo que interrumpirse por un tiroteo en Villa Banana que terminó con un policía herido en una mano. Para entonces se había establecido con evidencias los vínculos entre el búnker con Díaz y Shanahan, así como los viajes que la pata financista de la red realizaba a una oficina de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, para comprar dólares a mejores precios. Por eso fue que se precipitaron los allanamientos que detectaron una cocina de estiramiento de cocaína en Espinosa al 6200, en el barrio La Lagunita del extremo sudoeste de Rosario, y también encontró en las oficinas de las financieras bolsos que habían sido fotografiados durante los traslados de dinero.
El juicio oral contra esta banda no se extendió más de dos meses. El 27 de diciembre de 2023 Shanahan fue condenado a siete años de cárcel como partícipe primario de “tráfico de drogas en la modalidad comercio”, pena que pasará en modalidad domiciliaria.
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Por su parte el Peruano, quien manejaba la operatoria desde su celda en la cárcel federal de Marcos Paz, recibió su tercera condena por una causa narco, pena que se unificó en 21 años de prisión; cabe recordar que posteriormente sería condenado a prisión perpetua por su participación en el homicidio del pastor y ex concejal Eduardo Trasante.
Otros procesados recibieron penas menores e incluso recobraron la libertad. Pero Díaz continuó prófugo. Hasta el sábado, cerca de las 9 de la mañana, cuando personal de la División Antidrogas de la PFA irrumpió en una propiedad rural ubicada entre las localidades entrerrianas de Strobel y Aldea Protestante, en el departamento Diamante. En la zona se hacía llamar “Rafa Lewis”.
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