Opinión

Una reforma que nos trascienda

Debate. La Constitución provincial es el acuerdo de convivencia de los santafesinos. Reformarla es un acto que demanda profundo consenso, madurez institucional y capacidad para la construcción de formas de convivencia.

Martes 17 de Abril de 2018

La Constitución provincial de 1962, sancionada durante el gobierno desarrollista de Carlos Sylvestre Begnis, no fue un hecho fortuito ni un traje a medida reclamado al sastre por el gobierno de aquella época. Se trató de una avanzada inclusión de derechos sociales con el fin de, como sostiene el mismo texto, "estimular y dignificar el trabajo, fomentar la cooperación y solidaridad social e impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social".

De hecho, esos objetivos, innovadores y audaces, todavía no se han alcanzado. Respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la política en democracia está en deuda con la ciudadanía santafesina.

Si de lo que se trata es de expandir derechos -y, sobre todo, de garantizar su ejercicio-, facilitar el acceso a la justicia y restablecer la seguridad ciudadana, la Constitución -como toda otra obra- es perfectible y actualizable.

No tenemos duda: el reconocimiento íntegro de los derechos humanos; la defensa de los usuarios y consumidores; la inclusión de los derechos ambientales de manera plena; la incorporación de mecanismos modernos de participación ciudadana; el ensanche del amparo -actualmente reducido-; y la introducción del hábeas data para la protección de "toda aquella información que se relacione con la persona y que se recopile o almacene en centrales de información", resultan indispensables para la hora que transita Santa Fe.

Por otra parte, la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Magistratura, así como también la creación de modernos órganos de control de la administración, autónomos, plurales e independientes, todavía son metas a ser alcanzadas.

Existe, también, la urgencia de afirmar constitucionalmente la autonomía de los municipios santafesinos. Es notable que el reconocimiento de esta condición necesaria para la gestión de los municipios continúe postergándose.

Por eso propugnamos que el gobernador, a la hora de enviar su mensaje a la Legislatura para el inicio del proceso de reforma, incluya la autonomía municipal, destrabe la ampliación de mandatos de las comisiones comunales e introduzca el asociativismo y la regionalización como nuevas herramientas integradoras y de crecimiento territorial.

En cuanto a la reelección de los funcionarios públicos, que es otro de los traumas de la reforma, en nuestra provincia no está prohibida ni mucho menos. Pueden acceder a ella los intendentes, las comisiones comunales, los concejales, senadores, diputados y los mismos gobernador y vice; los dos últimos, con intervalo, al menos, de un periodo. De hecho, tanto los gobernadores Sylvestre Begnis como Reutemann y Obeid fueron reelectos bajo esa condición. Los tres gobernaron la provincia por dos períodos discontinuados.

Es cierto que resulta apropiado debatir nuevas condiciones y límites de reelección. Siempre la autolimitación es una virtud de quien la propone.

Así y todo, y sin jamás decirlo abiertamente, el tema de la reelección actúa como el fiel de una balanza. Sin reelección, pareciera que no hay interés del gobierno en llevar adelante la reforma; y, con reelección, pareciera que el desinterés es de la oposición. Es un círculo vicioso que necesita ser superado, puesto que el resultado de ese tironeo es que la Constitución envejece únicamente a la sombra de los intereses de la "reforma política". De este modo, el atraso constitucional es pagado -a muy alto precio- por los municipios, las comunas y los santafesinos, que somos todos ciudadanos, usuarios de servicios públicos y consumidores, sujetos de derechos humanos y de derechos sociales y políticos.

Debemos salvar los dos traumas que nos impiden avanzar: por un lado, la reelección y, por el otro, la autonomía municipal. Para ello, no sólo se requiere del diálogo entre políticos sino, fundamentalmente, del diálogo abierto y democrático entre los ciudadanos organizados.

En efecto, la Constitución provincial es el acuerdo de convivencia de los santafesinos. Reformarla es un acto que demanda profundo consenso, madurez institucional y capacidad para la construcción de formas de convivencia.

¿Es urgente hacerlo? En una sociedad que vive con gran incertidumbre el rumbo económico, el desarrollo de su producción, el acceso al trabajo, la caída del federalismo como reparto solidario de beneficios y de cargas, la lasitud de los indicadores sociales, el doloroso drama de la pobreza, pareciera que urgente no es. Pero esta reforma podría ser oportuna y edificante si se dirigiera directa y creativamente a atender esos reclamos con herramientas constitucionales modernas.

Si ese apuro supone, como se ha venido escuchando, suprimir las internas partidarias abiertas -reclamadas y conquistadas por todos los partidos políticos como verdadera legitimación de sus candidatos-, el "negocio" será únicamente para la corporación política. Si para la elección de convencionales constituyentes se suprimiese la democracia interna partidaria, la reforma únicamente terminaría siendo un acuerdo de cúpulas.

También se habla de voto electrónico. El voto electrónico, como tantas otras herramientas que la modernidad pone en manos de quienes pueden usarlas, no por nueva deja de ser instrumental y, por lo tanto, susceptible de ser mal utilizada. Si queremos hablar de voto electrónico, sería recomendable pasar revista a lo que sucede con su funcionamiento en la sociedades que lo tienen y en las que no. Hay sociedades sumamente avanzadas que no lo usan; otras, tecnologizadas, que lo usan con resultado dudoso; y otras que lo tienen y ni lo usan bien ni son por eso modernas.

El debate alrededor del ballottage o de la segunda vuelta, en un momento de la sociedad en el que las identificaciones políticas sufren las consecuencias de sus profundos desencuentros, quizás pueda ser útil para resolver, si no se lograra en primera vuelta, la legitimidad que requiere un gobernador para afrontar problemas tan complejos como el delito o el narcotráfico, y sus consecuencias.

Estamos preparados para el debate, pero -fundamentalmente- sentimos la obligación de transformar la provincia priorizando la agenda de los santafesinos: trabajo, seguridad, educación, contención social, acceso a los bienes urbanos básicos. Para esto sí hay verdadera urgencia.

La reforma constitucional no debe ser un cambio gatopardista, ni el pretexto para el salvataje inmediato de nadie ni tampoco una promesa de feriante. Sirve, y mucho, si se propone genuinamente transformar Santa Fe para recorrer el siglo veintiuno con herramientas renovadas de protección del trabajo y de los trabajadores y de participación ciudadana plena.

Las urgencias, sin fundamentos auténticos, no deberían definir el momento de una Convención Constituyente. De esto ya tenemos sobradas pruebas. Sin embargo, si la historia nos pone a los santafesinos ante estas presiones, que sea ésta una verdadera oportunidad para fortalecer nuestra institucionalidad.

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