Autopista: calculan en 1.500 millones de pesos el perjuicio al erario público

Mientras la Casa Gris resolvió posponer hasta el 2 de mayo próximo la apertura de los sobres de oferentes para la nueva concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, la oposición justicialista en la Legislatura provincial mensuró en más de 1.500 millones de pesos el perjuicio económico por la rescisión del contrato con el consorcio Arssa, formalizado de "común acuerdo" en diciembre del año pasado.

Casi en simultáneo ayer, mientras un grupo de legisladores del PJ encabezados por el rosarino Héctor Cavallero volvió a emprender en conferencia de prensa contra el gobierno por la polémica rescisión contractual con la concesionaria y reclamaron que "se detenga el nuevo llamado a licitación", el ministro de Infraestructura José León Garibay anunciaba una nueva postergación del acto de apertura de sobres con las ofertas para la nueva concesión.

En rigor, se trata de la segunda prórroga desde la fecha original que se había fijado para el 20 de este mes, trasladada oportunamente al lunes próximo y ahora diferida para el 2 de mayo. Las razones oficiales fueron las mismas de la primera postergación: la "continuidad" de "diversas consultas de parte de los interesados a los fines de elaborar sus propuestas".

Cuestionamiento opositor.

"Ante la rescisión del contrato de mutuo acuerdo del gobierno con Arssa, en la que no se aplicaron sanciones a la empresa y que nosotros desde el año pasado hemos denunciado como irregular y hasta ilegal, ahora nos encontramos conque todos los santafesinos vamos a tener que poner del erario público 1.500 millones de pesos, según nuestros cálculos actualizados, para poder seguir transitando con normalidad la principal conexión (vial) que tiene nuestra provincia", se despachó a modo de introducción en la rueda de prensa la diputada Silvia Simoncini.

Cavallero tomó la posta: "La rescisión acordada no existe jurídicamente y además la autopista está en muchas peores condiciones que cuando se adjudicó (a la empresa Arssa) con una inseguridad vial que los usuarios jamás habíamos conocido", consignó el referente del Partido del Progreso Social. Y cuestionó que "esta es una de las pocas concesiones que tiene simultáneamente un doble organismo de contralor: uno que depende del Ministerio de Infraestructura, que es al que el Tribunal de Cuentas ordena investigar en su dictamen, y otra unidad especial en el propio Tribunal de Cuentas, que debe expedirse sobre la firma de la rescisión contractual".

El ex intendente rosarino sostuvo que la cifra de 1.554,8 millones de pesos que los diputados opositores mensuran como perjuicio para la provincia surge como consecuencia de que sólo fue ejecutado el 24 por ciento de la repavimentación de la autopista, es decir 75 kilómetros del total de 313 que tiene la traza en sus dos manos. Cavallero añadió, basado en los estudios de auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, que "al año 2010 resulta un valor por el 76 por ciento no ejecutado de 389,8 millones de pesos, a los que si se aplica el coeficiente de ajuste de la Cámara Argentina de la Construcción nos da aquella cifra superior a los 1.500 millones de pesos".

Además, echó un manto de duda sobre el consorcio Arssa, del cual dijo sólo subsisten dos de las seis empresas que lo conformaron originalmente, Rovial y Laromet, que se presentaron ahora para la licitación del primer tramo de repavimentación de la autopista. Todas estas empresas constituyen un núcleo bastante ganador de todas las licitaciones que se hacen en la municipalidad de Rosario y en la provincia".

Los cañones contra Garibay.

Para el diputado Roberto Mirabella "hubo un incumplimiento por parte de las seis empresas que conformaron la UTE a la que fue adjudicada la concesión de la autopista en diciembre de 2010, esto no debe quedar así y no puede dar todo lo mismo, porque mañana la provincia puede llamar a una licitación pública y cualquier empresa presentarse pensando que si incumple no pasa absolutamente nada".

Mirabella apuntó sus dardos contra el ministro Garibay, quien —aseguró el legislador— "en la Cámara nos dijo que la rescisión de mutuo acuerdo no implica ninguna sanción para la empresa, ni ejecución de garantías para que se cumplan las obras en cuestión".

A su turno la diputada Patricia Chialvo explicó el marco del pedido que formulan los legisladores justicialistas para que el Tribunal de Cuentas se expida sobre la rescisión del contrato con Arssa, y no sólo sobre la actuación del órgano de control, como lo hizo recientemente, y además se ordene la ejecución de las garantías correspondientes por el incumplimiento contractual.

Planteos en la Cámara baja

Además de la conferencia de prensa realizada ayer en la Cámara baja santafesina, en la ciudad de Santa Fe, los legisladores del bloque justicialista Primero Santa Fe, Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Silvia Simoncini suscribieron sendos proyectos de comunicación mediante los cuales requieren "al Tribunal de Cuentas de la Provincia, al órgano de control de la autopista y a la autoridad de aplicación, copia de toda la documentación, actuaciones, y disposiciones dictadas correspondientes al todo el periodo de vigencia de la concesión".

También solicitan "al Tribunal de Cuentas que se expida en forma urgente respecto de la legalidad del contrato de rescisión y del Decreto 5194/16 ratificatorio del mismo conforme a las atribuciones y competencia precisas en los artículos 202 y 203 de la ley 12510 de administración financiera y control.

Y finalmente pidieron que "el Ejecutivo, a través de Vialidad o de un ente a crearse al efecto, se haga cargo de la repavimentación, mejoramiento, mantenimiento y explotación de todo el corredor de la autopista", pero advirtieron que instrumentarán todos los mecanismos "para declarar la nulidad de todo lo actuado y aplicar las sanciones correspondientes".