El abogado rosarino firmó un juicio abreviado por escuchas telefónicas ilegales que incluyeron a otras personas empleadas en el MPA
Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.
El letrado dejó de trabajar como fiscal a mediados de 2017.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) acordó este lunes una pena de 3 años de prisión condicional para cerrar la primera causa que sacudió institucionalmente al organismo judicial en Rosario. El protagonista es el exfiscal Fernando Rodrigo, denunciado a fines de la década anterior por espiar a su exnovia con una denuncia falsa.
El juicio abreviado fue homologado el mismo día de inicio del debate oral y público sobre una investigación que comenzó a mediados de 2017. El caso derivó en la suspensión temporal del funcionario, que luego presentó su renuncia. A partir de esta resolución quedó inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos en todo el país.
Aunque el caso tuvo mucha repercusión, quedó lejos de un trámite expeditivo para dictar sentencia y resolver el conflicto. En noviembre de 2022, la fiscal Natalia Benvenuto solicitó una condena a 5 años de prisión efectiva por múltiples delitos y la primera audiencia del juicio recién se programó esta semana.
El fiscal adjunto dejó su cargo en agosto de 2017 por la denuncia de escuchas telefónicas ilegales. Las intervenciones solicitadas por el funcionario no correspondían a presuntos delincuentes, sino a una empleada del MPA que fue su pareja, familiares de la mujer y otras tres abogadas.
En primera instancia, las máximas autoridades del organismo judicial suspendieron al exjefe de la unidad de Investigación y Juicio, que también pidió licencia psiquiátrica. Después de la renuncia pasaron dos años hasta que lo imputaron por peculado de trabajos y servicios públicos. También lo señalaron por la falsedad ideológica y el uso de documentos públicos, figuras agravadas porque era funcionario.
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A pesar de la desvinculación del MPA y la grave acusación en su contra, Rodrigo se postuló para cubrir un cargo de fiscal federal en Río Gallegos, Santa Cruz. El caso finalmente iba a llegar a juicio oral este lunes ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Florentino Malaponte, Hebe Marcogliese. Sin embargo, el imputado decidió firmar un acuerdo que implica la suspensión del debate.
La condena le permitirá al exfiscal seguir en libertad e incluso puede continuar litigando en forma particular. No obstante, quedó inhabilitado para volver a ocupar cargos públicos por los delitos cometidos mientras estaba en funciones en las oficinas de Montevideo al 1900.
De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA, Rodrigo firmó cuatro solicitudes de escuchas telefónicas ante distintos jueces en turno. Un quinto documento se refiere al pedido de la continuidad de una intervención que ya estaba en marcha, pero en ningún caso había posibilidad de esclarecer o prevenir acciones ilícitas.
Para ocultar el plan de acoso a su novia, el funcionario llegó a utilizar un número de legajo real y lo refirió a un delito diferente. En otras ocasiones alegó que estaba siguiendo la pista de la venta ilegal de autopartes. A veces recurría a informes de inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), pero no todos eran auténticos.
La víctima hizo una pasantía en el MPA y después de la separación se convirtió en el centro de una red de escuchas sostenida con recursos públicos para rastrearla. El fiscal reunió conversaciones de 12 teléfonos en un período de casi un año. El monitoreo se extendió a los padres de la joven, sus hermanos y amistades. También aparecieron tres abogadas, dos de las cuales trabajaron con él en el organismo.
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