Jurados electorales de Perú desestimaron todos los recursos de nulidad, 943, presentados por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, contra los resultados de las elecciones en las que compitió con el candidato de izquierda Pedro Castillo. Ante este resultado adverso, el fujimorismo presentó un recurso de “hábeas data” para acceder a los padrones y otro para invalidar la totalidad de la elección de segunda vuelta del pasado 6 de junio. Además, Fuerza Popular apeló los rechazos de sus recursos. La ley fija un plazo de tres días para que las autoridades electorales revisen en apelación los 943 recursos de nulidad. Todo indica que Pedro Castillo será proclamado presidente electo, pero antes podría pasar una semana.
La totalidad de los 943 pedidos fueron declarados improcedentes e infundados, por lo que Fujimori elevó un recurso de hábeas data para acceder a los padrones electorales y a la vez un exjuez afín a su partido presentó un recurso que busca declarar nula toda la segunda vuelta del 6 de junio pasado.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica fue el último en considerar infundados 21 recursos de nulidad pendientes en esa sede, en una decisión publicada el viernes a la noche en la plataforma virtual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó el diario La República.
Con sus matices, los distintos jurados electorales especiales descartaron cualquier aproximación a lo que pueda considerarse un fraude, tal como viene denunciando, sin éxito, Fujimori.
Una vez desestimados estos 943 recursos de nulidad en primera instancia, Fuerza Popular comenzó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados por el pleno del JNE, la última instancia de la Justicia Electoral. La norma fija tres días de plazo para el trámite de las apelaciones y luego el pleno del JNE debe revisar los escritos para pronunciarse, lo que podría prolongar la incertidumbre más de una semana, precisó la agencia de noticias Europa Press.
En paralelo con las apelaciones ante la autoridad electoral, Fuerza Popular también impulsa acciones en la vía judicial, para intentar revertir el resultado.
Por un lado, ha anunciado un hábeas data contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de acceder a los padrones electorales.
Las autoridades reconocen el “derecho de acceso a la información pública”, pero defienden también la “protección de los datos personales que no se pueden compartir con un partido político”, en palabras de la exministra de Justicia Ana Neyra. “No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto”, precisó. En otras palabras, el fujimorismo quiere violar el secreto del voto, un derecho de rango constitucional.
Además, se presentó una acción constitucional a cargo del abogado y exjuez Javier Villa Stein, conocido por su cercanía con el fujimorismo. En esa acción de amparo se pide la nulidad de la segunda vuelta y “como consecuencia de ello, se ordene repetir dicho proceso electoral”, un pedido similar al que hicieron ya dos grupos de militares retirados en las últimas semanas y que desataron una ola de repudio desde el Gobierno, organizaciones civiles y los aliados de Pedro Castillo, que este sábado llamó a salir a las calles a defender el resultado en las urnas. La solicitud judicial del exjuez cercano al fujimorismo alega supuestas firmas falsas de los miembros de mesa, una tesis reiterada por Keiko Fujimori y ya rechazada por los jurados electorales especiales. También cuestiona que los jurados especiales se hayan mostrado renuentes a pronunciarse sobre el fondo en la mayoría de los recursos de nulidad, dado que se presentaron fuera del plazo.
