El control escaso e insuficiente en el otorgamiento de permisos para realizar fiestas de concurrencia masiva producirá inexorablemente un desenlace fatal si no se extreman los cuidados que tales actos requieren. Estas fiestas masivas presentan en sí mismo riesgos mayores a los habituales a cualquier evento de espectáculo público, requieren efectivos controles anteriores y concomitantes al suceso. Es que la noche del 24 de diciembre de 2007, en rigor debiera decir la madrugada del 25 se realizó una fiesta en La Fluvial (Rosario). Los organizadores de ese tipo de eventos deben cumplimentar una serie de formalidades previas que garanticen la seguridad en ese ámbito a los fines de obtener el permiso correspondiente de la Municipalidad de Rosario. Lamentablemente, debo concluir que son sólo eso: una mera formalidad. Mi hijo de 21 años (lo explicito a los fines de que se advierta que se trata de un mayor de edad) concurrió a dicha fiesta. Según lo relatado, un grupo de concurrentes golpeó una puerta de vidrio que le "explotó" encima, de resultas de lo cual tuvo múltiples cortes. Debimos llevarlo a un centro asistencial privado de urgencia donde lo atendieron y suturaron. Por suerte, (parece mentira que deba agradecer esto) los cortes no comprometieron ninguna arteria o vaso sanguíneo importante, según dijeron los médicos. Francamente, ¿hasta cuándo habrá que apelar al sentido común de las autoridades que confieren autorizaciones en ejercicio aparente de un poder de policía que no saben ejercer? Por cierto esto no supone deslindar la responsabilidad del organizador, el principal e indiscutible responsable en estos casos. ¿Acaso cabe otra conclusión? ¿A quién se le ocurre permitir puertas rebatibles de vidrio en un lugar al que concurrirán miles de personas sin siquiera arbitrar los medios para que puedan ingresar de modo ordenado y humano? El evento parece haber sido previsto para la concurrencia normal que asiste a ese lugar sin contemplar la afluencia masiva esperable. La falta evidente de controles efectivos y reales, como ha ocurrido, apareja la responsabilidad del municipio -en este caso- por omisión. Pero más allá de la cuestión jurídica, como ciudadana me invade una profunda desazón al advertir la indolencia en la prevención de accidentes en los lugares de concurrencia masiva imputables a los organizadores y al municipio, que tiene el deber de velar por el cumplimiento real de las medidas de seguridad públicas. ¿Acaso esperan otro Cromañón para reaccionar?
