Los tiempos cambian pero hay algunas leyes que se quedan inmóviles. El sector audiovisual decidió unir fuerzas y voluntades para que se genere una ley que actualice la norma de 1994, ya que ese texto quedó caduco y no se corresponde con este presente dominado por las plataformas de streaming. En medio de la crisis de la industria audiovisual nacional, distintas asociaciones y actores del sector -entre los que se encuentran Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima), Proyecto Cine Independiente (PCI) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores)- presentaron un nuevo proyecto, que contaría con la aprobación política para cristalizar una ley en busca de mayor equidad para los trabajadores, productores y realizadores cinematográficos.
Inés de Oliveira Cézar, directora de cine e integrante de la comisión directiva de DAC, no titubeó al hacer un reclamo que, para que sea más efectivo y gráfico, fue lanzado con una metáfora futbolera. “Estamos jugando un partido que no existe porque cambiaron las reglas y la cancha; entramos en una era digital y tenemos una ley analógica”.
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Realizadora. Inés de Oliveira Cézar levantó la voz en nombre del DAC (Directores Argentinos Cinematográficos).
“Dado el cambio de paradigma en las formas de producción y en los canales de exhibición, las películas y producciones audiovisuales se consumen mayormente en las plataformas digitales. Esta tendencia mundial se profundizó con la pandemia y vino para quedarse, por eso es imprescindible una Ley Audiovisual que contemple la creación de un gravamen a las OTT”, indicó.
La OTT es una sigla muy usada en el universo del cine, pero quizá sea poco frecuente para la mayoría de la gente. Significa Over The Top, que refiere a libre transmisión y alude a las plataformas que transmiten videos, audios u otros contenidos a través de internet y no dependen de los sistemas tradicionales de distribución de contenido, como la televisión o la telefonía .
De Oliveira Cézar, que brilló en la dirección de filmes como “Baldío” y “El recuento de los daños”, destacó que “este gravamen es clave para asegurar la continuidad del Fondo de Fomento para la Producción Audiovisual Nacional, así como es necesario que haya un Estado presente que lo regule, teniendo en cuenta que se trata nada más y nada menos que de arte, industria y cultura. Por eso creamos el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), para debatir y consensuar con todos los sectores de la industria la creación de esta ley, de la que ya hay un borrador del anteproyecto”.
“La ley vigente sólo contempla el gravamen a los cines y la televisión, que ha dejado de ser relevante porque las obras audiovisuales se buscan y se ven mayormente en las plataformas”, indicó, y remarcó que ese es el punto más importante para modificar. Y agregó: “Sin fondo de fomento no hay producción nacional, no hay diversidad , no hay trabajo para todos y todas los que formamos parte de la industria desde nuestro distintos roles y funciones, entre los que hay directores y directoras, montajistas, productoras y productores, directores y directoras de fotografía, de arte, de sonido, actores y actrices, guionistas, y mucho más”.
De concretarse este pedido, “las entidades, trabajadoras y trabajadores de las provincias tendrán a su cargo la producción de contenidos en su región ya que esta es una ley federal que esperamos que pronto se haga realidad”. Y remarcó que “también está contemplada la necesidad de estipular una cuota de pantalla, que las plataformas deberán cubrir para promover la producción y la exhibición de las obras audiovisuales nacionales, así como las cuestiones de género que, en la ley vigente, ni siquiera se nombran”.
Un impuesto que no lo debe pagar el usuario
Hace 27 años, el Parlamento sancionó la reforma de la Ley de Cine de la década del 30, la cual fue modelo para varias leyes en otros países y puntal para la explosión que vivió el séptimo arte en los últimos tiempos, con presencia en los principales festivales del mundo, en los Oscar y generando miles de puestos de trabajo.
“La ley del 94 fue excelente para ese momento. Los puntos principales son defender la producción nacional a través de la cuota de pantalla a las plataformas, y que contribuyan a realizar más obras audiovisuales nacionales”, comentó a Télam el productor Hernán Findling, representante de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
La norma vigente creó el Fondo de Fomento que le dio autarquía económica al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), cuyos recursos devienen del 10 por ciento del precio de las entradas de cine y de otro canon que pagan al Enacom los canales de televisión.
Un punto a destacar es que, de sancionarse un nueva ley, el usuario no debería pagar ni un centavo más porque el aporte se desprende del IVA.
Sin embargo, la baja en la taquilla, que llegó a su punto más bajo con el cierre de las salas por la pandemia, y de la recaudación, sumieron a la industria audiovisual en una crisis de suma gravedad.
Otro punto importante es la denominada cuota de pantalla, es decir, la cantidad de producción nacional que debe proyectarse y emitirse: “Esto es para que no terminemos sin poder ver nuestras propias imágenes. Hoy las plataformas no están reguladas en lo absoluto, si producen nacional, es por que les conviene en el negocio, pero no tiene regulación”, dijo Carlos Jaureguialzo, de DAC.
