Una empleada policial comenzó a ser juzgada este martes como autora del crimen de Maximiliano Lucero, un vecino al que le disparó a la cabeza con su arma reglamentaria cuando se acercó a su casa de Nuevo Alberdi a reclamarle una deuda a su pareja. El balazo atravesó el cráneo del hombre de 32 años, empleado en una hamburguesería, quien murió en el lugar sin que se solicitara asistencia médica. En las audiencias por el caso que se debate en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Lisandro Artacho solicitó una condena a 22 años de prisión para la oficial implicada. La misma pena requirió una de las querellas en representación de un hijo de la víctima, en tanto que los representantes de la madre del muchacho pidieron 33 años y 4 meses.
Antonella Celeste Ortiz, de 35 años, llevaba doce años en la policía santafesina, afectada a la comisaría 12ª de Ludueña, cuando fue detenida por el crimen de Lucero en la puerta de su casa. Por entonces no estaba trabajando porque había pedido licencia médica. El disparo fue realizado con su arma reglamentaria, una Taurus 9 milímetros, que entregó tras su detención. Transita el juicio acusada como autora de un homicidio agravado por el uso de arma.
Así encuadró el caso el fiscal Artacho al pedir una condena de 22 años de prisión ante los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva. “El disparo letal fue directo, de frente, sin rebote ni advertencia previa, ni voz de alto ni nada por el estilo”, planteó en su alegato de apertura, además de resaltar que la víctima se encontraba “completamente desarmada y en la vía pública”.
Pedidos y penas
“Ella no tenía derecho a pegarle un tiro a mi hijo. El no es narco. Trabaja en una hamburguesería en la zona de la estación de trenes”, había dicho a la prensa Luisa Pour Pour, la madre de Lucero, en medio de la conmoción que generó el caso en el barrio. La mujer reiteró su testimonio en la jornada de apertura mientras un grupo de allegados y familiares sostenían un reclamo en la puerta del edificio.
La querella ejercida en su nombre por Federico Garat y Marcia López solicita 33 años de prisión para Ortiz, la pena máxima que prevé el delito por el cual fue acusada la empleada policial. Los querellantes justifican el reclamo de una pena mayor a la que pide la Fiscalía en que la persona acusada era una policía que gozaba del estado policial, es decir, el deber de portar el arma reglamentaria y resguardar la vida de de las personas. Plantearon además que actuó “sin ningún tipo de advertencia o aviso previo, en forma certera, calculada y apuntando a una zona vital, conociendo el poder de letalidad” del disparo.
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Por último el querellante Agustín Genera, en representación de uno de los dos hijos de la víctima, se plegó al pedido fiscal de 22 años. Se prevé que el juicio culmine con los alegatos de clausura el lunes próximo y el veredicto se conozca entre martes y miércoles.
Tal como se reseñó en el juicio, el crimen ocurrió el 7 de septiembre de 2022 al mediodía en la cuadra de Matheu 3441. Hasta ese lugar llegó caminando Lucero, quien vivía a unas cuadras, y desde la calle llamó a la pareja de Ortiz, conocido como El Pelado, para que saliera a saldar una deuda que tenía con él. Al parecer, por la venta de una garrafa. Este hombre se asomó al umbral y le gritó que se fuera después de advertirle que “no sabía con quién se estaba metiendo”.
Un testigo presencial contó que Lucero se quedó en asfalto, sin acercarse a la vivienda, y ante la respuesta del Pelado arrojó una piedra que impactó en la puerta de la casa sin herir a nadie. Hasta ese momento, según el fiscal, la acusada no era parte de la discusión. Pero luego del piedrazo tomó su arma reglamentaria, volvió a abrir la puerta y “sin mediar palabra le efectuó un disparo a una distancia de cinco metros que impactó en la frente de Maximiliano y le causó la muerte inmediatamente”.
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Una versión falsa
La bala policial ingresó por la parte frontal del cráneo de Lucero y salió por la zona occipital, lo que le causó la muerte inmediata por destrucción de masa encefálica. El hombre cayó agonizante sobre un charco de sangre en Matheu entre Caracas y Luzuriaga, frente a la casa de uno de sus once hermanos. “Creo que el muchacho que terminó herido le reclamaba al marido de la policía algo sobre el pago de una garrafa. El pibe no se quería ir”, contó entonces a este diario un vecino, e indicó que la mujer disparó desde atrás de su pareja y “luego se metieron en su casa y cerraron la puerta como si nada”.
Ese día, en el mismo barrio hubo dos crímenes en 12 horas y la muerte de Lucero sumió a la zona en una conmoción. Esto, en medio de un fuerte operativo policial frente a la casa de Ortiz, detenida junto a su pareja, a quien sindicó en un primer momento por el disparo pero luego fue desligado.
Para el fiscal, en los primeros días la acusada “construyó una versión falsa de los hechos que fue rápidamente desmentida por la prueba recolectada. Luego, acorralada por las pruebas, asume la responsabilidad. Pero no deben creerle cuando intenta alegar que se trató de una respuesta a una agresión armada”. La empleada policial había dicho disparó al ver un arma en la mano de Lucero, aunque al declarar en la primera jornada del juicio negó este punto.
“Maximiliano no estaba armado, no ingresó a la vivienda, no se acercó siquiera al cerco del patio delantero”, dijo Artacho, e indicó que en su llamado al 911 la imputada intentó desviar la investigación. Según los querellantes, tampoco solicitó una ambulancia.
