Utilizaban identidades ficticias en redes sociales para engañar a hombres y luego exigirles dinero bajo amenazas. Uno de los condenados es Juan Scataglini, implicado en el crimen del sindicalista Abel Beroiz.
Las extorsiones se produjeron deade la Unidad Penitenciaria de Pérez.
El juez Nicolás Vico Gimena homologó este martes un procedimiento abreviado que culminó con la condena de Juan Scataglini y David Olivera, ambos alojados en la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez, por liderar una asociación ilícita dedicada a las extorsiones telefónicas desde la cárcel. Las maniobras consistían en crear perfiles falsos en Facebook, simular vínculos afectivos con hombres y luego chantajearlos con amenazas de escraches, denuncias por abuso a menores o incluso ataques armados.
Scataglini recibió una pena de 5 años y 6 meses, que se unifica con una condena previa, resultando en 16 años y 5 meses de prisión efectiva. Por su parte, Olivera fue condenado a 10 años, unificada en una pena de 14 años y 6 meses. Ambos reconocieron su responsabilidad en múltiples hechos ocurridos entre principios de 2022 y octubre de 2023.
Una de las víctimas fue contactada el 24 de marzo de 2022 a través de dos líneas telefónicas. Los extorsionadores le hicieron creer que era colaborador de una organización criminal y le exigieron dinero. Bajo presión, el damnificado realizó dos transferencias bancarias a una cuenta que, según la fiscalía, pertenecía a la pareja de Olivera.
En otro caso, el 16 de mayo de 2022, simularon ser el padre de una menor de edad con la que la víctima había intercambiado mensajes y fotos privadas en redes. Le reclamaron 450 mil pesos para no exponer las conversaciones. La víctima, aunque cortó el contacto, continuó recibiendo llamadas y amenazas por WhatsApp hasta que finalmente realizó la denuncia.
La investigación, liderada por el fiscal Ramiro González Raggio, permitió probar que ambos presos conformaban una organización delictiva con roles rotativos: desde la planificación de los engaños hasta la logística, uso de celulares, manejo de cuentas bancarias y retiro del dinero. Parejas y allegados de los condenados también están implicados por facilitar cuentas y realizar transferencias.
En total, se documentaron múltiples hechos extorsivos, algunos con escaladas violentas. En julio de 2022, uno de los damnificados recibió 15 disparos en su comercio como advertencia, acompañados de un mensaje escrito con amenazas de muerte. También se identificaron nueve líneas telefónicas usadas indistintamente por los internos para ejecutar las maniobras desde la cárcel, con el uso de celulares ingresados ilegalmente.
Uno de los condenados, Juan Scataglini, no es ajeno a los tribunales. En 2007, cuando tenía 14 años, fue implicado en el asesinato del sindicalista de Camioneros Abel Beroiz, ocurrido en la cochera del Automóvil Club Argentino. El crimen, con tintes mafiosos, involucró un ataque con disparos y puñaladas. Aunque Scataglini aseguró haber sido un acompañante del autor material, Raúl Flores, el hecho quedó marcado como uno de los homicidios más resonantes del sindicalismo santafesino.
Scataglini admitió en su momento haber acompañado a Raúl Flores "el confeso sicario" a la cochera del ACA en la que el 27 de noviembre pasado fue atacado Beroiz, aunque Flores asegura que el menor empuñó un arma blanca para acuchillar al dirigente. No obstante Scataglini lo negó y en su relato sostuvo que el sicario fue quien utilizó el arma de fuego y la cuchilla.
El juez Nicolás Vico Gimena resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa, mientras el fiscal Ramiro González Raggio les atribuyó que el 24 de marzo de 2022 a las 18.15 extorsionaron a una persona a través de dos líneas de teléfono haciendo creer que era una persona que colaboraba con el líder de una organización criminal, "luego comenzaron enviarle mensajes extorsivos manifestándoles que debería abonar una suma de dinero; luego de lo cual el damnificado realizó dos transferencias a un Cbu, cuya cuenta pertenencia a la pareja de Olivera”, sostuvo el fiscal.
En el expediente se detalla que el 16 de mayo de 2022 aproximadamente a las 18.55, participaron en otro hecho de intimidación a otra persona el cual se llevó a cabo mediante un ardid que consistió en simular que Scataglini era el padre de una menor de edad con la que la víctima se había relacionado. Luego de esto le manifestó que expondría conversaciones privadas y que debía pagar $450.000 para que no realice la denuncia. La víctima cortó la comunicación, continuando los imputados con las llamadas hasta las 21,33hs enviándole además mensajes amenazantes un numero celular a través de la red social Whatsapp, no logrando su cometido por no haber atendido más la conversación el damnificado , quien se dirigió de inmediato a hacer la denuncia.
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Desde una fecha indeterminada, que comienza a principios de 2022 hasta aproximadamente el mes de octubre de 2023, ambos "formaron parte de una asociación con permanencia en el tiempo destinada a cometer delitos de manera organizada, los cuales tienen en común la modalidad de comisión conocida como "extorsiones telefónicas" consistentes en entablar comunicaciones telefónicas con las víctimas luego de mantener una conversación a través de distintos perfiles de la red social Facebook con supuestas mujeres que les envían fotos privadas; para luego contactar a la víctima de manera telefónica y mencionar que la supuesta mujer, sería menor de edad; para evitar la denuncia penal deberá transferir una suma de dinero, o que deberá pagar los daños provocados“
Según fiscalía "implicó la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, la ejecución, el suministro de logística a través de la provisión de dispositivos de comunicación, y la extracción del botín. En cuanto a las identidades y roles los integrantes del grupo llevaron a cabo la modalidad delictiva descriptiva se encuentran; J.G, pareja de Olivera, que utilizó un numero de celular para comunicarse con su pareja. Facilitaba su cuenta bancaria para la recepción de dinero, participó en uno de los hechos efectuando llamadas a víctimas que le indica su pareja, realizó retiros de dinero y transferencias a los fines de la distribución del producido ilícito.
Por su parte V.V, pareja también de J.G facilitó su cuenta para la recepción de dinero y realizó transferencias de dinero a los fines de la distribución del producido ilícito y J.A.G. utilizó utilizó de manera indistinta los teléfonos celulares para cometer los delitos atribuidos.
En tanto Juan Di Franco; ya condenado, utilizó de manera indistinta los teléfonos celulares para cometer los delitos con números de línea celular. David Olivera utilizó de manera indistinta los teléfonos celulares para cometer los delitos con nueve números de teléfono diferentes y, por último Juan Scataglini utilizó de manera indistinta los teléfonos celulares para cometer los delitos con números de línea y nueve números diferentes.
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En noviembre de 2022 intimidaron a una persona mediante un engaño consistente en comunicarse por Whatsapp haciéndole creer a la víctima que estaba hablando con el padre de una menor, con quien había mantenido una conversación a través de la red social Facebook y se habían intercambiado fotografías íntimas. El ardid era que había encontrado conversaciones y que le habían roto el teléfono al descubrir la relación; y le expresó que que si no ayudaba a la menor a pagar el celular harían públicas las conversaciones con su familia y los medios, tras lo cual la víctima transfirió una suma de dinero.
En marzo de 2023 intimidaron a otra víctima mediante un numero telefónico haciendo creer que quien hablaba el padre de una menor de edad con la que la víctima había mantenido una conversación en la red social Facebook. Luego le manifestaron que debía abonar las cuotas del teléfono de la menor con la finalidad de que no se divulgue su identidad en redes sociales y le pidieron $40.000. En mayo de 2023 participaron en la intimidación a otra persona mediante un ardid similar.
En tanto a David Olivera también se le atribuyó junto a oras personas ya imputadas de una maniobra extorsiva a la víctima y su familia. El 1 de julio de 2022 una víctima recibió mensajes extorsivos vía Whatsapp desde un numero celular en los que le exigían la entrega de $500.000. Asimismo, en estos mensajes le brindaban información personal y de su entorno familiar. Los mensajes continuaron en febrero de 2022 donde se intenta hacer una entrega controlada que se no se concretó ya que los extorsionadores querían que la víctima entregue el dinero en calle Calvo y Castagnino (zona de monoblocks), lugar al que la víctima se negó a concurrir por temor y bloqueo el número.
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El 12 de julio el comercio propiedad de una víctima recibió un ataque con armas de fuego, secuestrándose en el lugar 15 vainas servidas y 4 balas de plomo encamisadas. Que asimismo, en el lugar se encuentra un papel con una leyenda en la que se leía que debía comunicarse a un numero. Posteriormente recibió un llamado y mensajes extorsivos en los que le exigían la suma de $ 300.000 amenazando de muerte a familiares cercanos y balear su domicilio particular, entre otros.
Una de las líneas se encontraba a nombre una mujer – quién visita en calidad de esposa al detenido I.A-, por otro lado se acreditó que las comunicaciones cursadas por dicha línea impactan en antenas ubicadas en inmediaciones de la Unidad Penitenciaria N° 16. Que de las escuchas obtenidas se desprende que el aparato era utilizado por los detenidos I.A. y P.L a quién la ya imputada A.F. visitaba en calidad de pareja.
Luego de considerar las pruebas el juez condenó el 24 de junio de 2025 a 7 años unificado a la pena de 18 años de prisión efectiva por los delitos de extorsión, en calidad de coautor; de distintas extorsiones.∏
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