Detienen a un agente civil del Ejército por el secuestro del hijo de un empresario en Gálvez

Un agente civil del Ejército Argentino fue detenido este jueves como acusado de participar del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de la ciudad santafesina de Gálvez, un joven de 27 años que es insulinodependiente, por el que habían pedido 200.000 dólares de rescate y que fue liberado sin que se realizara el pago, informaron fuentes judiciales.

Se trata de un hombre que trabaja como personal administrativo en el Ejército Argentino, y que fue arrestado por orden del juez Reinaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal 1 de Santa Fe, luego de un allanamiento realizado en el Batallón 603 de San Lorenzo.

De acuerdo a lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el acusado sería dueño de una vivienda en construcción ubicada en la localidad santafesina de Andino, en la cual la víctima estuvo cautiva.

Según la investigación llevada adelante por el fiscal federal 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, el hombre puso a disposición la propiedad para mantener oculta a la víctima, mientras otros dos sospechosos que ya fueron detenidos- exigían el pago del rescate para liberarlo.

El imputado iba a ser indagado este viernes por el juez Rodríguez como coautor del delito de “secuestro extorsivo”.

El pasado 20 de abril dos hermanos de 35 y 36 años, vecinos de la víctima, fueron detenidos tras allanamientos realizados por detectives del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA) en las localidades de Gálvez y San Lorenzo, donde además se secuestró un auto Ford Focus gris usado en el hecho, y teléfonos celulares.

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El hecho ocurrió el 14 de abril cuando “N” -su identidad se preserva-, que es paciente diabético e insulinodependiente, pero a pesar de ello trabaja todos los días en un bar, no llegó a su domicilio en Gálvez, localidad del Departamento San Jerónimo situada a 80 kilómetros de la capital santafesina.

Su padre, dueño de una distribuidora, y su madre comenzaron a recibir comunicaciones telefónicas en las que un hombre les pedía más de 200 mil dólares de rescate.

Según las fuentes, una vez radicada la denuncia y con la intervención del fiscal federal Onel y el asesoramiento de los detectives antisecuestros de la PFA, la familia cerró la negociación y acordó pagar “varios millones de pesos” - una cifra muy inferior a la reclamada al inicio-, a cambio de la liberación de su hijo.

El sitio pactado para hacer el pago fue una estación de servicio en la Autopista Rosario-Santa Fe, lugar donde un familiar concurrió con el acompañamiento reservado del fiscal y de la PFA.

Las horas pasaron sin tener novedades hasta que, al mediodía siguiente, “N” fue liberado sin que se concretara pago de rescate alguno, en la localidad de San Lorenzo, a 25 kilómetros de Rosario.

El joven fue abandonado a la vera de la ruta 11, donde fue reconocido por un transeúnte que circulaba con su auto.

Voceros policiales explicaron que se comprobó que “N” no había ingerido alimentos ni bebido líquidos durante más de 12 horas, por lo que tuvo que ser atendido por un médico para recomponerse, y se cree que su estado de salud pudo haber sido el motivo que precipitó su liberación antes de que se concretara el pago del rescate.

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Los investigadores de la PFA comenzaron a trabajar en la zona en busca de testigos, videos y datos relevantes, y así se estableció que los secuestradores fueron dos personas que habían utilizado un automóvil Ford Focus gris y, al ser identificados, se supo que eran dos vecinos conocidos de la familia de la víctima.

Los dos detenidos fueron identificados por las fuentes por sus iniciales, “F.Q.”, de 35 años, y “M.Q.”, de 36, quienes se encuentran detenidos en la Delegación de la PFA ubicada en la ciudad de Santa Fe.

Mientras que los detectives continuaron con la investigación y determinaron que el mismo día del secuestro una línea telefónica interactuó con los celulares de los dos detenidos.

Al analizar los registros telefónicos y las filmaciones de una cámara de seguridad, los pesquisas constataron que la esposa del agente civil del Ejército poseía una vivienda de características similares a las relatadas por la víctima.

Además, el ahora detenido habría estado al menos dos horas en las inmediaciones de la propiedad al momento del secuestro.

Por otro lado, en la casa fue secuestrado por los agentes un portaequipaje que tenía colocado el auto con el que fue interceptado “N”, y que luego habría sido removido para dificultar la individualización del rodado.