Si hay narcos, hay consumidores

En todo el mundo la lucha contra el tráfico de drogas tiene pocos resultados. Cada vez hay más producción, venta y consumo aunque con la actual pandemia el negocio se ha visto afectado, igual que cualquier otra actividad lícita o ilícita.

La violencia y delincuencia en torno al mundo de las drogas es palpable en la Argentina, especialmente en esta provincia donde a pesar de que grandes bandas han sido desarticuladas, de inmediato surgen otras que las reemplazan. Es un negocio tan redituable que siempre habrá quien se encargue de desarrollarlo. Y su margen de ganancia es tan amplio que produce dinero suficiente para “penetrar” en los sectores que deben combatirlo.

Sin embargo, hay un elemento importante en esta compleja batalla contra el narcotráfico que a veces se suele dejar de lado. Para que el comercio de drogas se desarrolle y crezca tiene que haber consumidores. Es una actividad que también se rige por las leyes económicas de la oferta y la demanda. Sin compradores, de todas las clases sociales, que necesiten proveerse de narcóticos de distintos tipos por adicción o para compartirlos en encuentros sociales, no existiría un negocio floreciente ni tanto crimen ligado a esa actividad.

Si en el caso hipotético de que los gobiernos pudiesen controlar e impedir el narcotráfico con eficiencia, ¿qué harían los millones de consumidores que necesitan de la droga para seguir viviendo? ¿Cómo se manejaría el síndrome de abstinencia de toda esa gente? ¿Cómo se mantendría la calma dentro de las prisiones, donde todos saben que la droga fluye permanentemente?

Tal vez, como lo hacen algunos países, ha llegado la hora de debatir sin hipocresía sobre la legalización de algunas drogas que, manejadas por el Estado, podría hacer derrumbar el narcotráfico, asistir a los adictos, lograr un descenso de los niveles de violencia y, volviendo a la economía, hacer bajar su precio drásticamente.

Si el Estado controlara la producción y distribución de las drogas de mayor consumo sería razonable mejorar el panorama sombrío vinculado al narcotráfico, al consumo y a la violencia porque en estas latitudes hay condiciones sociales que favorecen el ingreso de jóvenes y no tan jóvenes al mundo de las drogas. Es un tema muy complejo que requiere un abordaje multidisciplinario y terminar con la falsedad de que la mayoría de las drogas se consumen y venden en las villas.

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, sostiene que el consumo de drogas es mayoritario en las clases medias y altas. “La parva de cocaína que se negocia en Rosario no es para los pobres, los que consumen están dentro de los bulevares”, dijo. Y respecto de la relación de la droga con el delito, fue contundente: “El 85 por ciento de los homicidios ocurridos en Rosario durante septiembre estuvieron vinculados al narcomenudeo”.

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) cerca de 269 millones de personas en todo el mundo consumieron algún tipo de droga en 2018 y más de 35 millones tienen trastornos por ese hábito o adicción. Estas cifras están expuestas en el último informe anual de la organización internacional, con sede en Viena (wdr.unodc.org), difundido en junio pasado, donde se puntualiza, además, que el uso de drogas aumentó un 30 por ciento respecto de 2009.

También, el documento formula una advertencia: “El aumento en el desempleo y la disminución de oportunidades causadas por la pandemia pueden afectar de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, volviéndolas más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para ganar dinero”.

Sobre las tendencias en el consumo de drogas, el estudio asegura que el cannabis es la sustancia que más se utiliza en todo el mundo pero que los opioides son las más perjudiciales. “Las situaciones personales, influencias sociales, el funcionamiento parental y familiar y el entorno socioeconómico y físico pueden hacer a los adolescentes vulnerables al consumo de sustancias, aunque el uso de drogas ha aumentado más rápido en los mayores de 40 años que en los más jóvenes”, remarca el informe de la UNODC.

En este contexto, en una entrevista que publicó hace unos días La Capital, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, reconoció que en la Argentina “la actual ley de drogas tiene 31 años y merece ser discutida porque todos los indicadores son negativos: creció la demanda, creció la oferta, crecieron los detenidos, hay un aumento impresionante del narcomenudeo y el problema no se resuelve”, dijo. Y sobre la particular situación de Rosario, la funcionaria cree que en el fenómeno de la violencia y los homicidios se ve “el efecto del descabezamiento de las cúpulas narco que generó una disputa de los territorios”, a la vez que remarcó la necesidad de luchar contra el lavado de activos procedente del narcotráfico.

Se podría decir que las condiciones familiares y socioeconómicas de algunos, las frustraciones existenciales de otros que no tienen carencias materiales pero también consumen, la delincuencia del narcotráfico y los lavadores de activos de ese negocio conforman un escenario de difícil abordaje.

Pero, ¿las clases media y alta que protestan a gritos y por las redes sociales por la inseguridad, las balaceras y los asesinatos son las mismas que después compran drogas para consumir en privado o en fiestas?

Habría que sincerar esa relación. Si existe un mercado ilegal de abastecimiento de drogas para los consumidores no se puede pretender al mismo tiempo absoluta tranquilidad y seguridad. Es un engaño y una hipocresía. Los narcos necesitan consumidores y los que compran drogas necesitan quienes se las vendan. La legalización de algunas drogas podría interrumpir ese ciclo perverso.