OPINIÓN

La necesaria acción solidaria del Estado

En el marco de la pandemia, distintos programas del gobierno apoyan a millones de personas y a miles de empresas. La ayuda cubre desde un aporte mensual para los que no tienen ingresos hasta parte del salario del sector privado. Es el cumplimiento de una obligación moral.

Sábado 24 de Octubre de 2020

Según un reciente informe del FMI sobre las perspectivas económicas mundiales (www.imf.org), la economía global caerá en promedio este año un 4,4%. China será el único país que crecerá, aunque con un magro 1,9% de incremento de su PBI. Alemania retrocederá un 6%, Estados Unidos un 4,3% y Canadá un 7,1%. En Latinoamérica, Brasil perderá 5,8% y México 9%. La Argentina tampoco saldrá airosa de la pandemia y tendrá cifras negativas altas del 11,8%. Las buenas noticias son que la recuperación será menos lenta de lo esperado.

El actual derrumbe de la economía global es el más profundo desde la Gran Depresión que se inició en octubre de 1929 con el desplome de la Bolsa de Nueva York. Le siguieron años de recesión económica, quiebra de bancos, desempleo y hambrunas. En los Estados Unidos, el PBI de 1933 fue un 30% menor que el de 1929. Luego, con el “New Deal” de Franklin D. Roosevelt, que apostó por programas sociales desde el Estado para atender a millones de necesitados, reformas económicas y financieras, logró salir de la crisis, que culminó con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

La acción del Estado en épocas de severas crisis parece, por lo que enseña la historia, tener un rol decisivo en la resolución de las dificultades. Lo demostró Barack Obama durante el estallido financiero de 2008 originado en Estados Unidos por las burbujas inmobiliarias de las hipotecas “subprime”. Las medidas sociales, el apoyo a las empresas y bancos evitaron que la catástrofe sea aún mayor.

En este marco actual de crisis sanitaria y económica mundial, más las lecciones de la historia, ¿cómo se justifica la ácida crítica a la acción solidaria del gobierno nacional? Provienen de una derecha desaprensiva y de un coro estable de economistas mediáticos, que formulan advertencias apocalípticas, que lo único que generan es mayor incertidumbre. Esos mismos personajes, supuestamente entendidos en la materia pero que generalmente fallan en todos los pronósticos, han sido algunos funcionarios de gobiernos anteriores, tienen intereses particulares con las empresas que asesoran y forman lobbies para presionar a los gobernantes. También se les suman los “analistas políticos” televisivos y los encuestadores que abonan a ese escenario fangoso y de escasa independencia intelectual. Desde hace unas semanas ese staff permanente promueve una devaluación fuerte del peso, que sólo beneficiaría a unos pocos del negocio agroexportador y financiero y perjudicaría a los sectores medios y más humildes por el encarecimiento de los alimentos.

Al gobierno de Alberto Fernández, que lleva sólo 10 meses, se le podrían hacer distintas críticas, desde la construcción política de su frente, el destiempo de las presentaciones de algunos proyectos de ley, su estrategia comunicacional y hasta el manejo de la crisis sanitaria. Pero no así en la inmediata acción solidaria del Estado para asistir a quienes esta pandemia ha dejado sin nada, además del apoyo que reciben las empresas para que no se fundan en cadena.

Por primera vez el Estado viene pagando parte de los salarios de los trabajadores del sector privado, algo inédito en el país. Cubre con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta un máximo del 50 por ciento de los sueldos. Alcanza a 134 mil empresas y 1.400.000 empleados. Sin embargo, algunas de esas empresas, que mayoritariamente no rechazan el pago de parte de su nómina salarial, cuestionan las políticas oficiales. ¿Cómo se explica esa contradicción?

También el gobierno instrumentó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el que 9 millones de personas sin ingresos reciben 10 mil pesos mensuales y lanzó la tarjeta Alimentar en el marco del Programa Argentina contra el Hambre (entre 4 y 6 mil pesos por mes). Además, continuó con el programa de Asistencia Universal por Hijo y Embarazo ($3.540 por hijo, máximo 5), plan social que con buen criterio la anterior administración de Mauricio Macri había aumentado el número de beneficiarios. En septiembre, el Estado destinó 71 mil millones de pesos para pagar los IFE y ATP y otros 12 mil millones para el plan Alimentar y comedores escolares.

Este gobierno recibió una economía en recesión, con una deuda pública impagable que ya renegoció con los acreedores privados pero aún le resta hacerlo con los préstamos del FMI, que se usaron en parte para bicicletas financieras y fuga de dólares. También heredó millones de pobres, indigentes, familias sin viviendas que se hacinan en villas miserias indignas y un cuadro social dramático que es la deuda de todos los gobiernos de las últimas décadas y no sólo de uno en particular.

La asistencia temporal del Estado hasta que las condiciones mejoren es crucial en un país con cifras de pobreza de casi el 41%, a las que se les suman sectores medios de la población cuya condición se ha derrumbado por efecto de la pandemia. Podrá tener falencias, pero el Estado ha demostrado cualidades solidarias que con descaro se las cuestionan por oportunismo político e indiferencia por los que nada tienen, ni siquiera un plato de comida, ni pueden “quedarse en casa” porque sencillamente no tienen vivienda.

No hay dudas de que el Estado no puede mantener siempre una política asistencial como la actual, porque un déficit primario insostenible lo llevaría a la quiebra. Pero mientras la economía se recupera debería haber un gesto humanitario de todo el espectro político para bajar los niveles de enfrentamiento.

Los fundamentalistas de libre mercado nunca terminan de entender que detrás de los números hay seres humanos que sufren y que son impracticables sus teorías económicas en un marco de pobreza y marginación que, además, contribuyen a elevar los niveles de inseguridad urbana. Es decir, no es posible generar con este escenario condiciones sostenibles de tranquilidad para nadie. El lector sacará sus propias conclusiones.

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