En los años 80 del siglo pasado se instalaron mundialmente dos posturas fundamentales para la cultura, la política y la economía del neoliberalismo. La primera es que no hay sociedad, sólo existen individuos, y la otra es que la realidad se encuentra construida solamente por los negocios económicos. Estos planteos fueron y son cruciales para entender la precarización de los lazos sociales entre las personas. Es imposible la vivencia y la convivencia si no hay lazos vinculativos de empatía.
Pero la socialización, es decir los lazos que deberían existir en una comunidad, al ser erosionados y precarizados en su totalidad por la mercantilización de la vida comunitaria y el individualismo, lo que se produce es la desocialización. Es decir es el fenómeno sociológico en que las personas no se consideran dentro de una sociedad. Le es ajeno lo que sucede alrededor. Esa distancia entre una persona y el grupo social termina de romper toda situación de empatía con el prójimo.
Es impresionante el triunfo cultural del neoliberalismo. El planteo que alguna vez realizó la ex primera ministra británica Margaret Thatcher sobre que todo se vuelve pura individualidad sin sociedad muestra su apogeo en estas primeras décadas del siglo XXI.
La mercantilización total de la sociedad lleva a las personas a un gran alejamiento de todo lo comunitario, porque el único proyecto para ese individuo es su propio cuerpo. Así, los niveles de violencias aumentan porque aparece la lucha de todos contra todos, frente a un Estado ausente e impotente. El Estado pasa a ser un comentarista de la realidad.
Lejos está el Estado que realizaba la equidad social ambiental, que proveía buenos servicios públicos, que protegía a las personas frente a las corporaciones y que dirigía y planificaba.
El individualismo no viene del cielo. Es producto de complejos factores sociales de injusticias, veamos algunos de ellos: entre 2016 y 2022 en la Argentina crecieron los barrios populares (villas de emergencia con pobreza e indigencia de agua) de 4.416 a 5.687. Es decir son cerca de 5 millones de personas precarizadas y hacinadas. En la provincia de Santa Fe hay 408 barrios vulnerables, de los cuales 112 son de Rosario, con 120 mil personas que sufren, entre otras cuestiones, hambre e indigencia de agua por no tener acceso integral al vital elemento.
En nuestro país la pobreza alcanza a unas 17 millones de personas con más de siete millones de desocupados. Los salarios en muchos casos generan trabajadores pobres por los sueldos a la baja respecto a una inflación de casi el ciento por ciento en el año 2022.
Estos problemas generan ambientes hostiles y de alto egoísmo, situación que, como ya hemos indicado, llamamos desocialización. Hay cuatro niveles de desocializaciones que debemos tener en consideración: 1) en las ciudades, 2) en los lugares de trabajo, 3) en los ámbitos institucionales y 4) en las familias.
En las ciudades se puede observar en la violencia física, por ejemplo por la comercialización ilegal de drogas, que entre causales produjeron en Rosario más de 254 homicidios el año pasado. En los barrios con violencia, las familias que económicamente pueden se mudan en busca de paz. Hay una migración social interbarrial que no la alcanzamos a dimensionar.
La desocialización en los trabajos se muestra con empleados que sienten indiferencia por sus tareas y fastidio por una ocupación que le impide progresar. Ello lleva a la competencia y envidia entre los pares. Y, por ende, produce violencia laboral. En los ámbitos institucionales la desocialización se traduce en conflictos y falta de colaboración. Mientras que en las familias se puede observar la falta de comunicación y profundización de la violencia doméstica, entre otras cuestiones.
Abordar este grave y profundo problema de la desocialización que padece la gente requiere de un nuevo y gran contrato social fundante que deben realizar los tres niveles del Estado del sistema federal y de todas las fuerzas políticas progresistas de la democracia.
La Argentina en su pasado ha realizado entre otros pactos dos acuerdos sociales esenciales: el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos del 31 de mayo de 1852 y el Pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859. Las partes llegaron a esos acuerdos aún en las discrepancias y en las profundas disidencias, pero lograron establecer el camino complicado de la consolidación del país.
Es un gran propósito que debemos conseguir como sociedad: poder controlar la inflación, lograr la equidad social ambiental, y que se pueda erradicar la pobreza para proteger a los pobres, poder terminar con el narcotráfico y lograr que todos los actores económicos se sometan al Estado de derecho pero, para que ello sea posible necesitamos un nuevo contrato social fundante.
La historia, que es pasado, es la que nos mira señalando el futuro que tenemos que construir.