Con las garrafas sin precio máximo y subsidios que no alcanzan, se encienden las alarmas. En Argentina, cuatro de cada diez personas no acceden al gas natural
Por Nachi Saieg
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El 51% de los santafesinos utiliza garrafa para poder cocinar y calefaccionar sus hogares
En medio de una ola de frío polar que golpea a gran parte del país y tras varios días de tensión por el abastecimiento de gas, el gobierno nacional decidió desregular el precio del gas envasado. La medida, oficializada a través del decreto 551/2024, elimina los precios máximos para la venta de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), lo que genera incertidumbre en millones de hogares que no tienen conexión a la red de gas natural.
Según datos del Indec, el 40% de la población argentina no tiene acceso al gas por red y utiliza garrafas como única fuente para calefaccionarse o cocinar. El impacto de la desregulación podría ser significativo en ese universo, particularmente en zonas rurales o barrios populares.
Hasta ahora, el precio máximo de referencia para una garrafa de 10 kilos era de $10.500, pero con la desregulación, el valor quedará librado al mercado, lo que podría provocar aumentos considerables en contextos de alta demanda. De hecho, en la práctica, muchas veces ese tope ya se superaba, con precios que variaban según la zona y el canal de comercialización.
El impacto social de esta medida se verá con más fuerza en las provincias del norte y del interior del país, donde la cobertura del gas por red es menor. Pero también tendrá consecuencias en ciudades como Rosario, donde en distintos barrios los vecinos recurren al gas envasado como única fuente energética.
Una familia tipo que no cuenta con gas natural por red suele necesitar, al menos, dos garrafas por mes únicamente para cocinar. Esto sin contar con el uso adicional para calefacción o agua caliente durante los meses más fríos, en los que muchos utilizan las garrafas también para calefaccionarse, lo que puede duplicar o incluso triplicar ese consumo. Esta situación tensiona aún más los presupuestos de los hogares de menores ingresos, que muchas veces ya destinan una parte significativa de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.
Según el último censo nacional, sólo en la provincia de Santa Fe el 51% de la población utiliza el gas en garrafa para cocinar y calefaccionar su hogar, lo que en números son 1.779.962 santafesinos, por encima del 46% (1.520.675 personas) que usa gas de red en sus casas.
Según pudo relevar La Capital, en barrio Villa Urquiza, por ejemplo, se consigue a 20 mil pesos la garrafa de 10 kilos. En Granadero Baigorria, una vecina pagó 30 mil pesos la de 15 kilos. Los precios son dispersos en la ciudad y dependen de cada zona, de cada comercio y también de la tarifa que establezca cada compañía.
Desde la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras (Cafragas) relativizaron el impacto inmediato de la reciente desregulación oficial. “La resolución lo que hace es eliminar algunas obligaciones del Estado, como el control de depósitos o la publicación mensual del precio testigo, pero no modifica demasiado en los hechos”, explicó Pedro Renda a La Capital.
Según detalló Renda, “los aumentos no se van a dar por el cambio en la ley, sino que dependerá de factores como la inflación o un eventual incremento del precio internacional del gas”. En ese sentido, afirmó que, al menos en el corto plazo, no se esperan subas significativas y que el valor seguirá variando según cada empresa fraccionadora. “Hoy el precio es competitivo y cada compañía define su tarifa. Podés encontrar garrafas a 13.000, 14.000 o 15.000 pesos, según la marca y los costos”, aclaró.
Respecto al abastecimiento, aseguró que no hay motivos para prever faltantes: “El país es autosuficiente en gases, incluso exporta porque produce más de lo que consume. Salvo que haya algo de fuerza mayor, como una ola polar de 15 días o una falla logística, no debería haber escasez”. De hecho, remarcó que en Rosario hay sobreoferta, incluso en este momento de bajas temperaturas. “No creo que influya mucho lo que se modificó en la ley en cuanto a precio y abastecimiento”, concluyó.
El gobierno argumentó que el anterior régimen de control de precios y cupos “no logró garantizar un suministro eficiente” y que la liberalización permitirá “promover la competencia”. Al mismo tiempo, se mantendrá vigente el Programa Hogar, que otorga un subsidio a las familias de bajos ingresos para la compra de garrafas.
Sin embargo, el monto del subsidio —$2.192 por garrafa— se encuentra desactualizado frente a los valores reales del mercado, y especialistas advierten que podría volverse insuficiente ante un nuevo salto en los precios. Además, el programa no siempre alcanza a cubrir toda la demanda, ni se distribuye de manera uniforme en todo el país.
La decisión se conoció apenas días después de una semana marcada por las restricciones en el suministro de gas natural, que obligaron a cortar el servicio a industrias y estaciones de GNC. En ese contexto, la garrafa vuelve a estar en el centro de la escena como alternativa para millones de familias, justo cuando el precio ya no tendrá límites establecidos. El apuro del Gobierno de hacerlo justo en la misma semana que faltó gas en casi todo el país, es porque quedan pocos días para el fin de las facultades delegadas que tiene el gobierno por la ley Bases sancionada por el Congreso.
De acuerdo a un análisis realizado por el sitio Chequeado con base en datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el precio de mercado de las garrafas de gas aumentó un 54% en términos reales entre noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión de Alberto Fernández -Frente de Todos-) y junio de 2025.
Si el análisis se realiza tomando como referencia el precio máximo sugerido por la Secretaría de Energía, el valor de la garrafa aumentó un 35% en términos reales hasta marzo de 2025 (último dato oficial). “Esto se explica por qué desde que asumió Milei el sector no tuvo más en cuenta el precio de referencia”, destacó a este medio Hernán Letcher, director de CEPA.
A este escenario, se le suma un nuevo aumento en la tarifa del gas natural, que subirá 1,6% a partir de julio. Los nuevos cuadros tarifarios publicados este martes en el Boletín Oficial contemplan una variación en las facturas de los clientes residenciales, como resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos.
¿Cuál será el impacto en el bolsillo de los clientes? Con este nuevo cuadro tarifario, el 75% de los clientes residenciales de Litoral Gas recibirán un incremento en el orden de $500 en sus facturas mensuales promedio. En tanto que los clientes comerciales e industrias pequeñas tendrán una variación en su factura promedio mensual del orden de los $1.000.
En esta oportunidad, la adecuación para tarifas de Distribución consiste en el ajuste mensual por inflación y la aplicación de la cuota 3 de 31 de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), con el objetivo de mantener la seguridad y confiabilidad del sistema, la calidad en la prestación del servicio y la sustentabilidad económico-financiera resultante de la revisión tarifaria.
Además, el cargo por Zona Fría pasa del 6,20% al 6,40%. Este cargo se aplica solo sobre el precio de gas incluido en las facturas de todos los clientes y financia el fideicomiso que permite el beneficio a los que están en área de Zona Fría.
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