Para la Defensoría del Pueblo, los controles no tienen "planificación adecuada ni comunicación efectiva" y ponen en riesgo los ingresos de miles de personas
La Defensoría del Pueblo de la provincia reclamó a la Agencia Nacional de Discapacidad que en "forma urgente" se prorroguen los plazos de las auditorías que se están realizando sobre las pensiones no contributivas por incapacidad laboral. En Rosario, los controles comenzaron a realizarse en el Hospital Italiano, en la zona sur, a donde los beneficiarios del programa fueron citados a presentar los informes médicos que certifican su situación.
Según advirtió el organismo provincial, a través de un comunicado, las auditorías "no tienen planificación adecuada ni comunicación efectiva, lo que genera incertidumbre, sobrecarga a los efectores de salud y pone en riesgo la continuidad de haberes fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad".
La Defensoría provincial no es la primera entidad que cuestiona el operativo dispuesto por el gobierno nacional. Desde los centros de salud del municipio manifestaron su preocupación por la posibilidad de que "se vulneren más derechos de los usuarios" y advirtieron sobre el "impacto que esto podría generar en sus condiciones materiales de vida y en la subjetividades individuales y comunitarias".
El Concejo Municipal aprobó el jueves pasado una resolución que expresa la preocupación del cuerpo "ante la decisión del Gobierno nacional de implementar una auditoría general a todas las pensiones no contributivas que persigue claros objetivos de ajuste del gasto público como parte de una estrategia de corrimiento de la responsabilidad estatal en la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a poblaciones vulnerables. Hay cuatro tipo de beneficios: por discapacidad laboral, para madres de siete o más hijos, para adultos mayores y las llamadas pensiones graciables que entrega el Congreso. Según datos oficiales existen en el país 1,5 millones de beneficiarios, de los cuales un millón son personas discapacitadas.
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La semana pasada desde la delegación Rosario de la Defensoría se enviaron notas a las autoridades de la agencia de discapacidad y al Pami, entre otras dependencias nacionales, pidiendo que se prorroguen los plazos de las auditorías y el cese cualquier medida punitiva sobre los titulares de pensiones que no se hayan presentado a los controles. Al mismo tiempo reclamó formalizar un nuevo operativo que garantice "una respuesta integral, respetuosa de los derechos humanos y de las condiciones particulares de cada persona".
Según la información a la que accedió la Defensoría, de los 70 mil beneficiarios de pensiones no contributivas que existen en la provincia, apenas un mínimo porcentaje había participado del operativo de fiscalización. "Hay muchas personas que no recibieron siquiera una notificación, que no saben que tienen que hacer el trámite", destacó el Defensor del Pueblo, Gabriel Sabino, y agregó que, desde las organizaciones que trabajan con la problemática de la discapacidad, estiman que casi la mitad de los beneficiarios de pensiones no fueron convocados a la auditoría.
El funcionario apuntó que entre los beneficiarios de estas pensiones hay muchas personas que viven en barrios populares, y carecen de una dirección exacta, o personas que están en situación de calle o que tramitaron su pensión cuando estaban internados en distintas instituciones, por lo que tenían su domicilio allí, pero ya no están más institucionalizados.
"Esas notificaciones fueron devueltas automáticamente al gobierno nacional por cuanto se presupone que esas notificaciones, esas personas no existen. Entonces el miedo que tenemos es que esas pensiones potencialmente pueden ser dadas de baja porque no tuvieron notificación fehaciente. Más allá que son personas que tienen discapacidad, no se anoticiaron de los trámites que tienen que hacer. Es un tema complejo por donde se lo mire", apuntó Sabino.
La falta de notificación a los beneficiarios sobre la necesidad de hacer el trámite se manifiesta en la merma de personas que llegan a cumplir con las auditorías. Por ejemplo, sostuvo, en Rafaela, Reconquista o Venado, Tuerto, apenas el 20% de las personas estaban empadronadas habían asistido a los lugares para presentar la información.
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La semana pasada, en la sede local de la Defensoría del Pueblo se convocó a una reunión a organizaciones de la sociedad civil, profesionales del área de la salud y autoridades provinciales, con el objetivo de abordar la "situación de extrema vulnerabilidad que atraviesan miles de personas con discapacidad en la región, beneficiarias de pensiones no contributivas otorgadas por el Estado nacional", tal como apuntaron en un comunicado distribuido después del encuentro.
Esta medida, "dispuesta sin planificación adecuada ni comunicación efectiva, genera incertidumbre, sobrecarga a los efectores de salud y pone en riesgo la continuidad de pensiones fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad", apuntaron.
Participaron de este espacio representantes de instituciones como ATRAES, Centro Integrarte, Cooperativa Comunitas, ALAS, El Cruce, Agudo Ávila, La Casa del Sol Naciente, Colegio de Trabajo Social, Centro Educativo Terapéutico, Huellas de Mariposas, Un Lugar para Aprender, APRIDIS, Centro de Día CREE, Centro de Día El Limonero, Fundación Robles, Instituto Regional de Formación Integral Crecer, entre otras organizaciones. También asistió Miguel Rabbia, diputado provincial autor de diversas iniciativas legislativas en materia de salud, y Lucrecia Faccioli, secretaria del Órgano de Revisión de Salud Mental, que funciona en el ámbito de la Defensoría.
Por Claudio Berón