Efectivos de la Policía Metropolitana y de la Gendarmería Nacional desalojaron ayer unas de 700 familias que vivían en el asentamiento Papa Francisco, del barrio porteño de Villa Lugano, tras recibir una orden judicial que dispuso la medida días después de que, en esa zona, asesinaran a una joven de 18 años durante un asalto.
Luego del desalojo, varias topadoras demolieron completamente el asentamiento.
Durante el desalojo, que se concretó a lo largo de varias horas y que generó serios incidentes, fueron detenidas siete personas, pero la policía no pudo relacionar a ninguna con el trágico asalto. Varios legisladores que se acercaron al lugar resultaron heridos por proyectiles antitumulto disparados por la policía en medio de los disturbios.
Los detenidos (uno es argentino y los demás extranjeros), son acusados de los delitos de usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad.
Del procedimiento de desalojo participaron alrededor de 800 agentes de las dos fuerzas. Fueron usados unos 70 camiones, ambulancias y topadoras que demolieron las casillas por orden de la jueza María Gabriela López Iñiguez.
El procurador general porteño, Julio Conte Grand, reveló que la magistrada “dispuso concretar la orden que estaba resuelta por la Cámara y ordenó a la Policía Metropolitana y a fuerzas nacionales que intervinieran en el proceso”.
“La jueza dijo que dispongan lo necesario para garantizar la protección del lugar para evitar la retoma por parte de los ocupantes y proceder a la destrucción de las casillas para avanzar en la recuperación del terreno”, señaló Conte Grand.
Por su parte, la vicejefa del Gobierno porteña, María Eugenia Vidal, aseguró que “este operativo dejó dos mensajes. El primero es que no vamos a permitir que las mafias y el narcotráfico se aprovechen de la necesidad de muchos y el segundo es que, frente a la necesidad de la vivienda, el camino no es una toma”, afirmó Vidal.
La funcionaria brindó una conferencia de prensa en el Instituto Superior de Seguridad Pública, de la calle Santiago de Compostela 3801, junto con el ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro.
Durante el encuentro señaló que “el gobierno está tratando de solucionar la falta de vivienda” mientras que indicó que “el que lo necesita puede acceder a préstamos”, tras lo cual la funcionaria dijo que desde un principio se sospechó que “era una toma organizada”.
La Justicia había dispuesto en marzo pasado el desalojo del predio, pero la medida no pudo ser llevada adelante en medio de acusaciones cruzadas de funcionarios de distintas jurisdicciones.
El procedimiento se realizó luego de que el último viernes un joven fue detenido como presunto responsable del crimen de Melina López, la chica de 18 años que fue ultimada a balazos delante de sunovio durante un asalto.
El crimen se produjo el pasado martes, cerca de las 17, cuando la joven se dirigía con su novio a un hipermercado para pagar una factura de servicios y la pareja fue sorprendida por dos delincuentes armados, que habrían salido del asentamiento Papa Francisco, en Cruz y Pola.
Por su parte, el Padre Franco, sacerdote que se desempeña en ese asentamiento, explicó que “es muy dura acá la situación. La gente, toda muy humilde, no tiene seguridad que los proteja cuando salen a trabajar; no hay nadie que cuide a las familias que viven acá”.
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