La Asamblea Cannábica de Rosario confirmó este viernes que la Convención Constituyente aceptó tratar el proyecto propuesto respecto a una serie de reivindicaciones que las organizaciones vienen reclamando desde hace décadas. Entre ellas, figuran el cese de persecución ideológica y penal de los consumidores y trabajadores del cannabis, un trato digno respecto al uso cultural y recreativo de la sustancia (sin afectar a terceros) y la protección de la industria agropecuaria a pequeña escala y a toda la actividad económica y laboral vinculada a la planta.
El colectivo que nuclea a decenas de ONGs presentaron la iniciativa bajo la premisa de la derogación de la ley de drogas (Nº 23.737) y en defensa de los derechos democráticos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Para ello, consideró pertinente poner en debate la salud, los cuidados, la industria y los derechos Individuales, sociales y colectivos por sobre los prejuicios en torno a la cultura cannábica.
Qué plantea la Asamblea Cannábica de Rosario
"Decidimos plantear un tema que no estaba en agenda, que sería un proyecto de innovación y tiene que ver sobre todo con la no persecución penal, laboral y cultural respecto a los consumidores y trabajadores del cannabis, ya que a partir de la ley del cannabis medicinal hubo una organización en torno a la misma", planteó en declaraciones a La Capital el psicólogo Martín Coronel, integrante de la asamblea y de la cooperativa Prisma.
Aseguró que hay mucha persecución ideológica y cultural para con el consumo personal y muchas trabas respecto al cannabis medicinal en torno al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). "En cuanto al consumo personal se lo considera como consumo problemático. No todo consumo es problemático desde nuestra perspectiva y tiene una historia a partir del sentido social que adquirieron desde el momento de la constitución de los Estados", aseguró.
Y consignó que "ya no se trata de un problema individual sino social, y es allí donde el Estado tomó intervención de manera punitiva en lugar de regularizar el mercado y autorizar el consumo recreativo como puede ser la marihuana, que no representa consumo problemático en sí mismo".
>> Leer más: Cannabis: escepticismo en Rosario por el impacto que generará la disolución de la agencia regulatoria
"La cultura cannábica es una construcción social en torno a un ritual compartido, que se inicia con la germinación de la semilla, pasando por el intercambio de saberes y finaliza con un consumo adulto responsable, a diferencia del consumo devenido del comercio ilegal, compulsivo y sin miramientos sobre el usuario y la comprensión de las consecuencias de su uso", argumentó.
Apuntes del proyecto
El reconocimiento como medicina con evidencia científica del cannabis abrió la puerta a una nueva forma de suministro diferente a las lógicas tradicionales, con una impronta propia en el que el autosuministro es posible y deseable. Poder elegir el tratamiento y la forma de provisión del medicamento es un derecho que debería estar presente en este acuerdo soberano.
A su vez, considerar al individuo vulnerado por una circunstancia de salud a raíz de su vínculo con un consumo (sean sustancias ilegales o legales, pero también a acciones como la ludopatía o el abuso de pantallas) debe considerarse desde una mirada respetuosa de los Derechos Humanos, desde una perspectiva de prevención, reducción de daños y los cuidados colectivos. El abstencionismo y la criminalización no fueron eficientes ni efectivas como políticas públicas para una problemática en crecimiento.
>> Leer más: Cannabis medicinal: críticas a Bullrich por pretender dar de baja los permisos
En tanto, los impulsores de la iniciativa marcan que es indispensable para el crecimiento económico provincial y nacional atender la industria en torno al cannabis y el posicionamiento en el mercado internacional.
Por último, hicieron hincapié en el trabajo: "De la mano de la industria, regula el trabajo cannábico legal de adultos capaces y, en contraposición al trabajo ilegal de menores en manos de organizaciones criminales, merece el tratamiento y reconocimiento en la Carta Magna. Esta problemática urgente no puede ser ignorada para poder construir una sociedad sin violencia".