Foto: Archivo / La Capital.
Se viene una audiencia clave en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La Justicia decidió adelantar para el martes próximo (previamente la había fijado para el miércoles) una audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal en Santa Fe, por la cual fueron imputados el ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, entre otros.
Durante la audiencia programada para el martes, a las 17, se tratará el pedido de prisión preventiva de Sain planteado por la querella del diputado provincial de la UCR Maximiliano Pullaro.
Respecto de la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman y las otrora directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones (MPA) Débora Cotichini, el pedido de prisión preventiva, también formalizado por Pullaro, se tratará en una futura audiencia.
La audiencia del martes tendrá lugar en los Tribunales de Santa Fe y será ante Nicolás Falkenberg, juez de Investigación Penal Preparatoria. En ese marco, se discutirá de modo oral y público la evidencia recolectada.
Los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grimberg habían formalizado el miércoles pasado el pedido de audiencia de medidas cautelares ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).
Lo hicieron un día después de imputar a Sain y a siete de sus otrora colaboradores en Seguridad provincial de conformar una asociación ilícita (en carácter de jefe para el ex ministro). Para los fiscales, se trata de un presunto grupo criminal que coordinó una estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas mediante la confección de “perfiles”.
Acerca de la audiencia de cautelares, se había especulado con la existencia de un principio de acuerdo entre la fiscalía y la defensa de tres de los imputados (Sain, Germán Montenegro y Agustina Moulins) para que transitaran la causa con medidas alternativas a la prisión (fijar domicilio, prohibición de contacto con las víctimas y salida del país).
Asimismo, resta conocer los pedidos a realizar por las restantes querellas del caso, que podrían seguir el mismo camino que el encarado por Pullaro.
Hernández y Grimberg le atribuyeron a Sain haber encabezado una asociación ilícita “permanente, estable y organizada”, que fue conformada por funcionarios de la cartera de Seguridad provincial y el Organismo de Investigaciones (perteneciente al Ministerio Público de la Acusación, MPA), los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. También por sustracción de fondos reservados, peculado y torturas, transgresiones de peso significativo.
También argumentaron que esa agrupación ilegal funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021. Y que era una organización de estructura piramidal, encabezada por Sain, como jefe, seguido de Schujman, como organizadora en Seguridad, y Cotichini, también como organizadora.
Paralelamente, Jorge Patrizi, juez de Investigación Penal Preparatoria de Santa Fe, fijó para el miércoles una audiencia para debatir un eventual paso al fuero federal de la causa por el presunto espionaje ilegal.
La medida, programada para las 17, en la Sala 2 de los Tribunales de Santa Fe, fue dispuesta por el magistrado a partir de un nuevo planteo de los abogados Hernán Martínez (defensor de Sain) y Juan Lewis (patrocinante de otros cinco imputados), que consideran que el espionaje ilícito debe ser investigado por la Justicia federal.
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