“Es saludable que la ciudadanía se entrometa en temas que tienen que ver con la Justicia, y en este caso preciso que se debata el tema de la prisión preventiva. Porque muchas veces pasa que se discuten esas herramientas legales cuando a quienes se le aplican son personas que pertenecen a determinadas clases sociales o gozan de cierta legitimación social generada, en este caso, a partir de haber dado muerte a dos presuntos ladrones”. La frase pertenece al abogado, docente y master en Criminología Santiago Bereciartúa, quien se refirió a la suerte judicial corrida por Diego Pablo C., el muchacho de 25 años que hace una semana fue asaltado por dos ladrones armados y en moto frente a la casa de su padre en el barrio de Fisherton. Tras ello los persiguió al mando de una camioneta a lo largo de unas seis cuadras y los atropelló quitándole la vida. Las víctimas de esa segunda secuencia fueron Luciano Escudero, de 29 años; y Diego Nicolás Quiroga García, de 25, ambos con antecedentes penales.
Desde ese momento, el tema de la justicia por mano propia y la prisión preventiva por 60 días que el juez de primera instancia Román Lanzón le dictó a Diego Pablo C. se convirtió en un tema de discusión cotidiana de la sociedad y no exento de polémica. A tal punto que un amplio sector de la población se manifestó a favor de lo hecho por el joven, al que calificaron como “un buen muchacho, trabajador y educado” que salió a defender lo que le habían quitado: una mochila con 2 mil dólares y una billetera con unos 2 mil pesos. No faltaron incluso aquellos que festejaron mediante las redes sociales que había dos ladrones menos en las calles. Y hasta se realizó una multitudinaria marcha bajo la lluvia el mediodía del sábado en el que se reclamó a viva voz que “liberen a Diego”.
Ajeno al humor social, en una audiencia imputativa realizada la mañana del domingo y con unas 300 personas reunidas frente al Centro de Justicia Penal, el fiscal Patricio Saldutti le achacó a Diego C. la figura de doble homicidio simple y solicitó que se le realizaran pericias psiquiátricas tendientes a esclarecer por qué reaccionó de la manera que lo hizo.
En ese sentido, la mañana del miércoles el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que en términos generales “no hay factores psicopatológicos de base, pero según el contexto del hecho podría haber factores desencadenantes de su reacción”. Y aclaró que “es un informe muy preliminar y falta ahondar en la investigación”.
Discusión saludable
En una entrevista realizada en el programa Trascendental, por LT8, Bereciartúa sostuvo ayer que “es riquísima la discusión sobre la prisión preventiva dictada a este joven porque nunca la sociedad civil pone los ojos sobre una medida que debería ser una excepción y que en la mayoría de los casos termina siendo la regla”. Aunque aclaró que este debate se presenta ahora porque “esta vez le tocó la aplicación de esa regla a un joven de clase media que le dio muerte a dos presuntos asaltantes cuando generalmente es una medida por demás de restrictiva que se aplica en la mayoría de los casos”.
“Me parece bien que consideremos que esta regla sea discutible —agregó el criminólogo—, pero no estoy de acuerdo con discutirlo solamente cuando quien está en prisión preventiva es una persona de clase media y no cuando son pibes marginales de los barrios a los que el Estado no llega”. Y explicó que la prisión preventiva “es una medida que se aplica ante cualquier delito que tenga una condena en expectativa de más de tres años de prisión”, a lo que parece encaminarse el caso que involucra a Diego Pablo C.
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En ese sentido, el también docente en la Facultad de Derecho comentó que “hay un montón de jóvenes que han cometido delitos menores y que terminan en prisión preventiva pero a los cuales la gente no les presta atención porque esa resolución no les termina afectando”.
Lo que se debe plantear, dijo el abogado, es “la vara con la que se aplica la prisión preventiva, que en este caso específico es la misma que se utiliza con cualquier joven más allá de su condición social. La otra cuestión es pensar si es justo o no, si lo que hizo este muchacho fue un acto de legítima defensa o no, si actuó bajo emoción violenta o no, si debe ser condenado o no. Pero aquí la prisión preventiva se aplicó según la norma y de acuerdo a las reglas generales que se aplican en los Tribunales Penales de la ciudad”.
Bereciartúa también dijo entender el hartazgo de la sociedad por la inseguridad en la que vive, “pero eso lo sufrimos todos, incluso a mí me desvalijaron la casa hace un par de años, aunque eso no nos habilita a traducir nuestro hartazgo en cosas más fuertes, en penas que claramente tienen un atisbo discriminatorio, estigmatizante hacia ciertos sectores sociales”.
Respecto a que los dos jóvenes muertos habían estado en prisión y que quien provocó esas muertes hoy está tras las rejas, manifestó que “lo que uno tiene que entender es que la cárcel en sí o las grandes penas por delitos menores no es la solución al problema, sino que incluso lo ahonda, lo profundiza”.
Y fue tajante al sostener que “si la gente cree que cada uno por mano propia puede, según su propio criterio, solucionar el problema, o en este caso en particular terminar matando a dos presuntos ladrones, lo que hacemos es empeorar la situación y creando un caldo de cultivo que solo agrava los niveles de violencia de la sociedad”.
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El abogado también dijo que “las sociedades que han sabido resolver el tema de la inseguridad son precisamente las que no han profundizado los grados de violencia, las que no han declarado la guerra al delito, las sociedades que no apuestan a que la gente esté armada o las que no permiten que se haga justicia por mano propia, sino todo lo contrario. Las sociedades que han sabido combatir la inseguridad son aquellas que han entendido que la Justicia debe ser igual para todos, para las víctimas y para los victimarios. Así se reducen los índices de violencia, respetando el estado de derecho”.
“Lo que planteo es que no se trata, como dice cierta parte de la sociedad, que el garantismo es solo para los presos o para los ladrones. Lo que estamos defendiendo esta postura hemos estudiado el tema, lo hemos comparado con otras sociedades y entendemos que es el mejor camino para poder resolver los índices de violencia que tiene la sociedad. Lo que tiene que pensar la gente es que en un estado de derecho debe haber una balanza de valores, una escala de valores, en la cual la propiedad privada nunca puede estar por sobre el valor vida”.
Y concluyó: “Robos a la propiedad privada hay de muchas maneras, no solo con armas de por medio, y por eso digo que nunca una cuestión patrimonial puede tener como correlato una venganza como en este caso o un asesinato, porque estos presuntos asaltantes deberían haber tenido un juicio justo y terminar en la cárcel y no en una sangrienta resolución a manos de un joven al volante de su camioneta”.
