Afirmó que no tiene vínculos con Alvarado, que no conoce a la víctima de una extorsión que le achacan y que, como juez, no favoreció a nadie a cambio de dinero
El juez federal Marcelo Bailaque está imputado de varios delitos en el ejercicio de su función como magistrado.
El juez federal Marcelo Bailaque negó rotundamente las imputaciones que le formularon tres fiscales federales por delitos que le endilgan haber cometido en al menos tres expedientes que estaban a su cargo. En una sintética alocución, y sin aceptar preguntas de los fiscales, el magistrado se refirió puntualmente a las tres causas por las que está acusado.
En una audiencia ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, Bailaque fue imputado la mañana de este miércoles por los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En líneas generales le achacaron el mal manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, irregularidades en investigaciones al narco Esteban Alvarado que estaban a su cargo y el armado de una causa, con fines extorsivos, contra un empresario rosarino.
Entre las gravísimas acusaciones que leyeron los fiscales, Bailaque fue responsabilizado de negarse a intervenir teléfonos de allegados a Esteban Lindor Alvarado, hoy preso con prisión perpetua por homicidios, narcotráfico y lavado de activos. Scilabra describió que en 2014 el magistrado rechazó el pedido de intervención a líneas telefónicas de la entonces pareja de Alvarado, Rosa Capuano y su socio Jorge Benegas. También se abordó el hecho de que Alvarado y Bailaque compartieran contador: Gabriel Mizzau.
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En su descargo Bailaque negó “totalmente una vinculación directa o indirecta con Esteban Alvarado o con cualquier de los miembros de su organización”. Nombró a los otros funcionarios judiciales que estuvieron a cargo del expediente, quienes “darán cuenta de que se llevó adelante con total normalidad como cualquiera de esas investigaciones en la que yo era juez de Garantías”. Y en cuanto a los pedidos de intervenciones telefónicas que le achacaron no haber autorizado, afirmó que “en su gran mayoría fueron aceptados. Y en los que rechacé expuse los motivo y la fiscalía nunca los recurrió”.
El juez sostuvo que en las investigaciones contra Alvarado nunca hubo interferencias por parte de personas vinculadas al ahora narco condenado. “En el juzgado jamás hubo ese tipo de comportamientos, de eso pueden dar cuenta los funcionarios y empleados que trabajaban entonces en la secretaría también”, señaló.
Bailaque también se refirió a su vínculo con Mizzau, quien fuera por esos días contador de Alvarado. “Hicimos juntos la secundaria, éramos amigos, pero ahora estamos distanciados por otra cuestión que no tiene nada que ver con esto”, apuntó, para agregar: “La mayoría de nosotros no conocemos a los clientes de nuestros contadores o de nuestros amigos. Pero yo desconocía que Mizzau era contador de Alvarado”.
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Finalmente el juez detalló los tres procesamientos que le dictó a Alvarado en distintas instancias judiciales. “Yo dispuse el procesamiento con prisión preventiva de Alvarado el 11 de diciembre de 2019, mucho tiempo antes de que los fiscales provinciales hicieran la denuncia. No hizo falta que me activaran los fiscales provinciales, cuando yo tuve elementos probatorios que consideré suficientes para ordenar el procesamiento de esa persona así lo hice”, aseguró Bailaque sobre ese y otros procesamientos por lavado de activos que dictó contra Alvarado el 29 de junio de 2022 y el 10 de junio de 2024.
“No me pueden asociar con el mundo narco, no tengo absolutamente nada que ver con el mundo narco. Jamas tuve vinculacion con Esteban Alvarado y jamás hubo una interferencia del contador Mizzau respecto de Alvarado. Y cuando tuve elementos probatorios resolví y en los tres casos lo procesé con prisión preventiva”, concluyó en cuanto a esa acusación puntal.
Bailaque también negó las imputaciones respecto del presunto armado de una causa para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. A esta persona, en 2019, se le inició una causa a partir de una denuncia anónima que ingresó al juzgado de Bailaque y que luego llegó a la entonces Afip. En esa misma causa quedó comprometido el ex director de Afip en Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, que al declarar recientemente como arrepentido afirmó que había armado esa causa junto a Bailaque y con la participación de otro amigo del juez, el empresario Fernando Whpei.
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En su declaración Vaudagna había deslizado que el anónimo fue urdido en uno de los asados que Bailaque acostumbraba a realizar en el quincho del edificio donde vivía. “Con Vaudgana tuve una relacion puramente funcional, rechazo totalmente la imputación que se me dirige en ese caso. No hubo ningún contubernio ni asociación con Vaudagna ni con Whpei, jamás intervine en la extorsión a alguna persona, no es cierto que en el quincho del edificio de mi casa, que es público y al que entra cualquier vecino, que yo haya tenido un arreglo de esas características”, señaló.
Al respecto mencionó que en “esa época —no dijo cuándo— solía realizar reuniones sociales bastante seguido” en ese quincho y definió esos encuentros como “abiertos y no limitados a un grupo específico”. En ese sentido admitió que tanto Vaudagna como Whpei participaron de esos asados a los que también, señaló, asistieron alguna vez los fiscales que hoy lo están acusando como Scilabra y Reynares Solari, y también periodistas como el fallecido Mauricio Maronna, con quien “compartíamos la pasión por Newell's Old Boys”.
También contó haberse “reunido con otros periodistas en el famoso quincho, como Germán de los Santos y Hernán Lascano, con quienes compartimos una cena con Gustavo Polanco, que llevó adelante el expediente conocido como Los Patrones”, en alusión a la primera investigación por narcotráfico en la que resultaron condenados miembros de Los Monos como Ariel “Guille” Cantero. No obstante, también quiso aclarar al respecto que “jamás se habló de un expediente en ningún ámbito”.
Finalmente, respecto de esas acusaciones de extorsión, Bailaque negó conocer a la víctima. “No conozco al señor Iglesias ni a Onetto. Nunca tuve ningún trato con ninguno de ellos dos. Pero jamás he pedido dinero ni directa ni a través de otras personas sugiriendo que en caso de darme dinero podría favorecerlo en alguna causa. Jamás he extorsionado a nadie, es mi forma de vida laboral. Tolerancia y respeto es lo que prima en cada una de mis actitudes como juez”.
Otra de las imputaciones tiene que ver con el manejo de los fondos de la cooperativa de estibadores de Puerto General San Martín y de San Lorenzo. Aquí Bailaque es cuestionado por haber permitido el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo titular es Fernando Whpei. Esa maniobra debía hacerse hacia una entidad regulada por el Banco Central y no a cualquier mutual. En ese marco el fiscal Reynares Solari le atribuyó a Bailaque no haber dado lugar a una recusación en su contra presentada por estibadores que aseguraban que la maniobra estaba dirigida a beneficiar a su amigo empresario.
En este caso el magistrado recordó que la causa original se había iniciado en Campana y llegó hasta mutuales y cooperativas del cordón industrial que fueron intervenidas por orden del juzgado de esa ciudad bonaerense. Que luego se declaró la incompetencia y la causa continuó su curso en el Juzgado Federal a cargo de Bailaque en Rosario, donde recayó en tiempos de cuarentena.
“Estudié la causa que tenía muchos cuerpos e incidentes, se cumplieron con todas las medidas probatorias. Y lo que debe quedar en claro es que el expediente se desarrolló con la intervención designada desde Campana, yo no designé a (Roberto) Pascualino, aunque renové su intervención cuando estaba por vencer el plazo. Pero fue él quien pidió el desbloqueo de fondos, no fue una decisión mía oficiosa, y por otro lado mi decisión no tuvo direccionamiento a ninguna mutual, banco o lo que fuera ligado a Fernando Whpei”, explicó Bailaque, para agregar: “Luego de una incidencia de incompentencia el expediente se siguió tramitando en el juzgado civil y la intervención terminó, fue aprobada y no hubo ningún faltante de fondos. De manera tal que cuando dicen que hay un deber de excusarse, me he excusado en la medida del conflicto y teniendo en cuenta lo siguiente: era un expediente muy complejo y en trámite y a mí me recusaban en algo que derivaba en el apartamiento de de todo un expediente en el que Fernando Whpei no era parte”.
Finalmente los defensores de Bailaque cuestionaron las medidas cautelares propuestas por los fiscales. Más allá de cuestionar el pedido de prisión preventiva, para lo cual debería expedirse el Consejo de la Magistratura, los abogados cuestionaron técnicamente el pedido de embargo de 1.050.000 dólares sobre los bienes del juez.
En ese marco, el juez dictó otro cuarto intermedio hasta las 18.
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