Casi 500 trabajadores de Santa Fe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) advierten una serie de cambios que haría peligrar el funcionamiento del organismo dedicado al campo. Atentos a los comunicados oficiales, en los próximos días Manuel Adorni comunicaría en conferencia de prensa la fusión del Inta con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). “Nadie sabe lo que quieren hacer. Es como juntar un sanatorio con una fábrica metalúrgica”, sentenció ante La Capital, Miguel Gómez, trabajador de la seccional Oliveros y secretario del sindicato de Apinta (Asociación de Profesionales del Inta).
En Santa Fe existen tres sedes: Oliveros, Reconquista y Rafaela, la más grande de las tres. Además, hay casi 40 agencias de extensión, es decir, oficinas del Inta Santa Fe que llegan a los productores agropecuarios de los distintos puntos de la provincia. El plan del gobierno aseguró Gómez, es cerrar todas las agencias del país y la venta de los 71 mil de las 116 mil hectáreas de terrenos experimentales para lograr la reducción de más de 1.500 puestos de trabajo para fin de año. Hoy el Inta a nivel nacional cuenta con 6.100 trabajadores y el objetivo de la administración de Javier Milei es reducirlo a 4.500.
El Inta investiga y trasmite tecnología a los productores agropecuarios de una de las economías más importantes de Santa Fe como la agropecuaria. Las tareas que realizan apuntan a mejorar la producción y generar un crecimiento en el sector. Entre sus aportes se encuentran mejoras en los cultivos e insecticidas o más de 30 vacunas para animales. “Sería imposible que el Inta funcione con menos gente. Al gobierno no le interesa la tecnología aplicada desde La Quiaca (Jujuy) hasta Río Grande (Tierra del Fuego)”, arremetió el gremialista. En este contexto, puso como ejemplos de pequeños productores de todo el país que tienen sedes a más de 300 kilómetros y son asistidos por las agencias de cercanía que sin el Inta perderían poder de competencia con los grandes productores, capaces de sustentar estudios sobre sus campos.
Las funciones del Inta y del Inti “no tienen nada que ver”, subrayó Gómez, y explicó esta iniciativa de unión de tareas como prueba de que el gobierno “es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro como dijeron”.
El plan de “desguace e intervención encubierta”, como lo calificó el trabajador, comenzó en noviembre de 2024 cuando se nombró a cuatro interventores que finalizaron sus tareas en marzo de 2025. Concluida esta etapa, el Inta pasó a tener una secretaría de Gestión que va a manejar cuatro áreas cruciales del Inti: Recursos Humanos, Finanzas y Jurídico y Comunicación.
En ese marco, la Coordinación Nacional de Comunicación Instiucional dependerá directamente de la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa.
Cambios en el Inta
A partir de la resolución interna 131/25 a la que accedió La Capital el gobierno dispuso una serie de cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Con la firma de Nicolás Bronzovich, este lunes se estableció la modificación del nivel operativo y la reorganización de áreas y funciones. Aunque no se formalizaron los nombres que ocuparían cada rol. Se espera que Manuel Adorni confirme públicamente las modificaciones en los próximos días.
El gobierno hasta tiene el nombre con el cual llevaría adelante la fusión del Inta y del Inta. Estos dos organismos pasarían a ser uno bajo la denominación de Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).
Protestas en todo el país contra el plan de Milei de ajustar el Inta
La Asociación de Profesionales del Inta (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protagonizaron manifestaciones en distintos puntos del país para rechazar el plan de ajuste anunciado por el gobierno nacional para el organismo. El programa incluye la venta de propiedades, de tierras y el recorte de personal.
Un día antes, una treintena de profesionales integrantes del organismo que ocuparon cargos jerárquicos en las últimas dos décadas manifestó en una carta pública su preocupación por el futuro del organismo tecnológico, a la luz del fuerte ajuste que promueve allí el gobierno de Javier Milei.
Los ex directores nacional, de regionales y de diversos institutos de investigación pidieron discutir el replanteo del organismo dentro de un plan meditado. “Si no garantizamos que el Inta corporice una política de Estado por encima de los intereses sectoriales público privado y gubernamentales se verá reducido el carácter estratégico para el que fue creada con visión de futuro”, se alertó.
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El consejo está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. También está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se trata de Carlos Alberto Vera, del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y de la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo.
El gobierno objeta que el 90% de los 250 millones dólares que se asignan todos los años por ley a través del presupuesto nacional se usan para pagar sueldos y que menos del 10% del presupuesto es cubierto por las prestaciones que el organismo hace con los privados. Su idea es que esta participación crezca a un 30% para 2027.
En noviembre, Adorni, en su conferencia de prensa, provocó: “El Inta es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior con temas como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.
