Procesaron a cinco exdirectivos de Aguas por verter desechos contaminantes en el Paraná

La justicia ordenó el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. por verter líquidos sin tratar en el río Paraná. La causa lleva cuatro años en trámite, tanto en lo civil como en lo penal. El juzgado federal decidió el embargo de bienes de los titulares de la empresa pero el fuero civil no presenta mayores avances.

El juez federal Carlos Vera Barros resolvió el procesamiento de cinco ex titulares de la empresa, los cuales fueron señalados en 2021 luego de que una organización ambiental que se dedica a analizar las aguas de la cuenca del Paraná para medir sus niveles de contaminación denunciara a la empresa de tratamientos cloacales.

La Justicia Federal investiga desde hace tres años los afluentes de la cuenta del Paraná y los desechos vertidos al río por parte de la empresa, sospechados de contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua del cauce del río Paraná volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en "un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur”, según lo expuesto en el documento oficial firmado por el juez.

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Fabian Maggi, abogado ambientalista y representante legal de la organización denunciante Asociación Civil Cuenca Río Paraná, contó a La Capital que la causa por presuntas violaciones a la ley de Residuos Peligrosos “nace por el relevamiento periódico que la organizaciones ambientalistas hacen en el emisario sur de Assa, donde se detectó una enorme pluma de contaminación de color negro rojizo que emanaba un olor nauseabundo, que recorría la costa donde estaban instaladas numerosas familias de pescadores”.

Esto último es lo que más alarmó a los denunciantes, dadas las repercusiones que podría tener en la salud de los pobladores de la rivera, ya que los efluentes estudiados “consisten en sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados, con presencia de Escherichia coli, que han provocado un aumento en el valor de NMP/100ml en el punto donde confluyen el emisario y el río Paraná”. Así lo indica la resolución del juez Vera Barros.

“Esta medida judicial tiene sustento en una carga de pruebas que es realmente muy importante”, sostuvo Maggi, quien sostuvo que las evidencias de mayor peso “son las que generaron los peritos de la Policía Federal, a través de la cual se detectó que los líquidos detectados son tóxicos a la vez que se detectaron metales pesados en los efluvios”.

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Según el letrado, “lo que violenta toda lógica a estas alturas de la modernidad es que Rosario no tenga todavía una planta de saneamiento propia”. El abogado se mostró conforme con el avance en lo penal de la causa. No obstante, el otro expediente de amparo ambiental que tramita hace cinco años en lo civil en el juzgado de la jueza Sylvia Aramberri tiene constantes idas y vueltas.

“La doctora Aramberri tiene las mismas pruebas que el doctor Vera Barrios y no declara sentencia, con el agravante de que debería estar avanzando más rápido que el penal”, lamentó el abogado.

La ONG Cuenca del Paraná pidió, a comienzos del año pasado, que se dicte sentencia definitiva para obligar al Estado provincial a construir una planta de tratamiento. No obstante, la respuesta de la jueza en lo civil fue citar a las partes para comunicarles su rechazo al pedido de dictar sentencia y ordenó nuevas pericias a realizar en la cuenca del río para determinar efectivamente la contaminación.

Por otro lado, la asociación civil cuestionó a la magistrada por la entidad a la que se le solicitó el análisis pericial de las aguas del río Paraná, las cuales se debían extender por doce meses. La jueza Aramberri ordenó a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que realice las pericias, y mantiene una relación comercial con la empresa: esa misma entidad realiza los análisis de laboratorio de rutina de la empresa.