El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destituyó de manera fulminante al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, después de que el oficial volviera a expresar sus reparos a la reforma de las pensiones militares y mostrara su intención de hacer política.

El gobierno, sin embargo, emitió un comunicado en el que explicó que el cese del militar fue dispuesto por haber cuestionado el modo en que el Poder Judicial trató los casos de militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

Según el comunicado, Manini Ríos "efectuó graves cuestionamientos" por los juicios a los militares coronel (R) Jorge "Pajarito" Silveira Quesada, teniente coronel (R) José Nino Gavazzo y coronel (R) Luis Alfredo Maurente Mata. Los tres oficiales fueron sometidos al Tribunal Militar por estar involucrados en causas penales por violaciones a los derechos humanos. Silveira y Gavazzo fueron condenados como autores responsables de 28 delitos de homicidio.

En pleno año electoral —los comicios serán a finales de octubre—, la destitución del militar es una sacudida considerable para el sistema político uruguayo, acostumbrado a la estabilidad y a las buenas relaciones entre los estamentos civil y militar.

Durante la mañana de ayer, antes de la medida, Manini Ríos concedió una entrevista a una radio local en la que afirmó que no descartaba dedicarse a la política para revertir la reforma de pensiones que afecta a los uniformados y que fue votada el año pasado en el Parlamento.

"Nosotros desde el Ejército mismo hemos tenido preocupación por determinados sectores de la sociedad y si mañana o pasado nos decidiéramos hacer política lo esencial va a ser apuntar a esos sectores que necesitan de políticas concretas que ayuden a sacarlos de la situación donde están", dijo el número uno del ejército uruguayo.

En septiembre del año pasado, Manini Ríos ya fue sancionado con 30 días de arresto a rigor por hacer declaraciones a la prensa contra los cambios en la "caja militar" y acusar a un ministro de mentiroso. Según el Ejecutivo de Vázquez, el comandante en jefe del Ejército debe abstenerse de emitir expresiones políticas.

Poco después de cumplir la sanción, el militar había acudido a la ceremonia de toma de posesión del nuevo comandante en jefe del ejército brasileño y fue fotografiado con el presidente Jair Bolsonaro.

A finales de enero de este año, la prensa local anunció que un grupo de allegados al oficial buscaba crear un partido político, y la Corte Electoral señaló la inscripción de una nueva formación con el nombre de Movimiento Social Artiguista (en referencia al héroe de la independencia, José Gervasio Artigas). Inmediatamente, desde la izquierda surgió el temor a la aparición de un Bolsonaro a la uruguaya.

El detonante de la crisis fue la reforma de las pensiones militares, que salió adelante el pasado mes de octubre después de un año y medio de negociaciones, y gracias a los votos del izquierdista Frente Amplio (FA).

Consciente del malestar en los estamentos militares, el gobernante FA había suavizado considerablemente el cambio, que no tendrá resultados visibles sobre el déficit de las pensiones hasta dentro de una o dos décadas, ya que mantiene la situación actual para la mayoría de los militares y solo se aplicará para aquellos con menos de 15 años de servicios.

Con una tasa de natalidad en caída libre (1,7 hijos por mujer en 2017) y una esperanza de vida de 77 años —una de las más altas de América Latina—, el debate sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema de retiro ha surgido con fuerza en Uruguay: el déficit del régimen general —diferencia entre gastos e ingresos— ascendió a 582 millones de dólares en 2017 y el de la caja militar fue de 550 millones.

La combinación de altas prestaciones por jubilación y tasas de retiro tempranas, ha hecho que los recursos destinados a 60.000 militares supusiesen el mismo agujero en las cuentas públicas que los dedicados al pago de la pensión de 700.000 pasivos civiles.

Tanto Gobierno como la oposición han deslizado un posible aumento de la edad general de jubilación -de los 60 años a los 65- con el objetivo de garantizar un sistema cada vez más oneroso para las arcas públicas uruguayas.

Esta medida, muy impopular, contrasta con la media de edad de retiro para los militares, que es de 49 años. Las rentas más altas del Ejército perciben hasta tres veces más que el resto de jubilados.