Ránkings de escuelas: un modelo competitivo de educación

Educadores, investigadores y referentes de los principales sindicatos docentes del país advierten sobre la intención oficial de hacer un ránking público de escuelas, a partir de los resultados de evaluaciones nacionales. Aseguran que la idea desconoce las leyes vigentes que protegen las identidades de los estudiantes y avanza sobre un modelo competitivo de la educación.

En marzo pasado, ante la asamblea legislativa, el presidente de la Nación Mauricio Macri llamó a que se puedan hacer públicos los resultados por escuela de las pruebas nacionales estandarizadas. De manera inmediata, los diputados oficialistas Karina Banfi y José Ricardo presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 97 de la ley de educación nacional (26.206) que impide difundir esos datos personalizados.

"La iniciativa en cuestión no sólo vulnera los criterios de confidencialidad, poniendo en riesgo el resguardo de la identidad de los sujetos que estudian y trabajan en las escuelas, sino que además contribuye con el intento de imposición de un sistema de ránkings de escuelas y la consecuente estigmatización de estudiantes, docentes y directivos que en ellas se desempeñan", manifiestan la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, y el secretario de Educación de esta confederación, Miguel Duhalde, en un documento público.

Analizan que la intención se corresponde con una concepción meritocrática de la educación: "Este proyecto pretende dar marco legal a las recientes expresiones del Poder Ejecutivo, presentadas al momento de dar a publicidad los resultados de las «Pruebas aprender», donde se argumentaba que el hecho de dar a conocer los datos de las escuelas en particular y los resultados que las mismas obtienen brindaría a los padres la información necesaria para decidir a qué escuela mandar a sus hijos".

Una falacia

"Sobre esta falacia —continúan— sustentada en la idea de «poder elegir» es necesario remarcar que lo que se estaría haciendo con este intento de modificación es vulnerar el artículo 94 de la ley de educación nacional que establece que el Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios provinciales son los que tienen «la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación continua y periódica del sistema educativo para la toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, la justicia social en la asignación de recursos, la transparencia y la participación social». Esta información no es entonces para que de manera individual las familias «elijan». Por el contrario, los datos son para que se definan políticas de Estado que mejoren el sistema educativo, y no para promover mecanismos de estigmatización que profundizarán la fragmentación del sistema".

También recuerdan que siguiendo lo que señala la ley, cada institución educativa recibe los propios resultados para identificar sus dificultades y poder revertirlas.

"¿Para qué le serviría entonces a una institución educativa y su comunidad conocer los resultados de otras instituciones?", se pregunta la Ctera y avanza respondiendo que serviría a los fines de una política educativa que promueve la competencia "en un proyecto de país que claramente se dirige hacia el sometimiento de los derechos sociales frente las reglas del mercado y a la lógica del «sálvese quien pueda»". "Cabe también —añaden— la sospecha de que la idea es dejar siempre abierta la posibilidad de la salida individualista, en la que, de manera indirecta, se estaría sugiriendo a los padres cambiar a sus hijos de establecimiento, eligiendo a los mejores posicionados, en el marco de un proyecto político-educativo en el que también se lleva adelante una campaña mediática sobre la idea de que a las escuelas privadas les va mejor que a la escuelas públicas. Otra falacia que contribuye con la privatización educativa".

En el proyecto se asegura que la publicidad de los resultados "fomentará la mejora de la calidad educativa en cada institución, como lo ha hecho en diversos países del mundo". Desde Ctera observan el "llamativo desconocimiento de quienes fundamentan pues no existen investigaciones o estudios científicos serios que concluyan que la publicidad de los resultados y ránkings de instituciones «fomenten la mejora de la calidad educativa», por el contrario, hay casos como Chile donde esto ha resultado contraproducente para el sistema educativo".

Privacidad de la infancia

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también manifestaron su rechazo al proyecto de ley en cuestión, por el cual se busca "crear un ránking de escuelas, docentes y alumnos atentando contra la protección de la infancia, la privacidad de los datos personales y generando un ambiente de competencia y meritocracia en el sistema educativo", afirman la secretaria general del Sadop nacional, María Lazzaro y el secretario de Educación, Daniel Di Bártolo .

La posición de Sadop fue expuesta en la Jornada de Debate con especialistas que se realizó en la Cámara de Diputados con la participación de pedagogos, académicos y sindicalistas, junto a diputados nacionales. Los referentes del Sadop, el Sindicato reclamó que "antes de modificar la ley de educación nacional (LEN)debería cumplirse con la misma, ya que en el tema de la Información y Evaluación del sistema educativo se establecen criterios y pautas acerca del resguardo de las identidades y, en particular, en el artículo 98, se crea el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación con funciones precisas en torno a la evaluación y al uso de los datos; dicho consejo —que cuenta por disposición de la LEN con representaciones sectoriales y académicas—, no ha sido convocado en estos últimos dos años y medio".

El proyecto en cuestión fue puesto sobre tablas en una reunión conjunta de las Comisiones de Educación y Presupuesto, sin haber sido tratado ni en reunión de asesores ni en plenario de Educación. La confluencias de los bloques opositores frenó la intención del oficialismo y el proyecto fue devuelto a la Comisión de Educación que sesionará en las próximas semanas. En ese debate expusieron Adriana Puiggrós, Emilio Tenti Fanfani, Claudia Bracchi, Graciela Morgade, Gabriela Diker, Sandra Carli, Adela Coria, Patricia Sadovsky, Daniel Feldman, Leonardo Botinelli, Liliana Pascual, Marina Paulozzo, Myriam Feldfeber y también los diputados nacionales Laura Alonso, Lucila Masín, Hugo Yasky, Roberto Salvarezza y Daniel Filmus.