Los recursos del gobierno aplicados a educación y ciencia y técnica alcanzan un récord del 6,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PIB), según concluyó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea.
Para ese instituto privado, que no tiene conexión con el gobierno, el gasto en educación es uno de los componentes más importantes del Gasto Público Social (GPS). Su magnitud lo ubica en segundo lugar, luego de previsión social, y similar a las erogaciones destinadas a salud. Oficialmente, el objetivo principal del GPS es promover el acceso de los grupos sociales más vulnerables a los servicios básicos de calidad.
El trabajo de la Fundación concluye que entre 2002 y 2009 las partidas de ciencia y técnica son las que mas avanzaron, con un 75 por ciento, seguidas por educación superior, 64 por ciento, y educación básica, 44 por ciento, pero subsiste gran disparidad en la distribución geográfica en educación superior, con 870 pesos per cápita en la ciudad de Buenos Aires, y entre 118 pesos y 100 pesos para Chaco, Entre Ríos y Santiago del Estero. También persisten asimetrías en la matrícula, con solo 5,7 por ciento de los alumnos en carreras de ingeniería.
Ieral consideró para su estudio que el financiamiento público de la educación incluye los montos dirigidos al nivel básico (primario y secundario), superior y universitario, al sistema de ciencia y técnica, y a cultura.
El nivel básico, favorecido. Mientras que el gasto en educación básica se lleva cerca de dos tercios del gasto en la finalidad de educación, en educación superior representa aproximadamente un quinto. El gasto en ciencia y técnica representa el cinco por ciento del total destinado a la finalidad bajo análisis de Ieral.
Siempre según el trabajo de la Fundación, en las últimas décadas, la masa de recursos destinada a la finalidad educación y ciencia y técnica ha aumentado considerablemente. Así, en términos del PIB, el gasto en educación ha pasado de 3 por ciento en 1980 a 6,7 por ciento en 2009. Sin embargo, más de la mitad de este incremento se produjo luego de la crisis de 2001, cuando pasó de 4,1 por ciento del PIB en 2003 a 6,7 por ciento en 2009. Este hecho da cuenta de un cambio en la ponderación de la educación y la investigación en la agenda política.
Resulta remarcable que en 2008 se había logrado alcanzar el objetivo estipulado por la ley de financiamiento educativo (Nº 26.075 de 2006), que prescribe que el gasto en educación, ciencia y técnica debe llegar al 6 por ciento del PIB.
Las cifras indican una fuerte apuesta a la generación de conocimiento e innovación. Un sistema universitario generador de un considerable número de profesionales de calidad y un importante aliento a la investigación científica y, fundamentalmente, tecnológica, resultan imprescindibles para lograr elevados niveles de innovación y, por ende, competitividad a nivel internacional.
Pero hay altas divergencias en la asignación geográfica y por disciplinas.
En primer lugar, existen grandes disparidades en la distribución geográfica del gasto en educación superior. Mientras en algunas provincias las universidades públicas tienen abundantes recursos, otras se hallan escasamente financiadas. Así, en la ciudad de Buenos Aires el sistema universitario gasta $870 per cápita, cuando en Santiago del Estero el gasto es de $100 por habitante, es decir, ocho veces inferior. Incluso, si se unifica el gasto de las instituciones universitarias públicas de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires ($251 per cápita), teniendo en cuenta que los jóvenes de la ciudad suelen asistir a universidades en la provincia, y viceversa, la brecha sigue siendo amplia. Así mismo, el gasto per cápita en San Juan ($462) cuadruplica al de Santiago del Estero. Esta característica podría derivar en una disparidad de resultados, ya que la infraestructura y los recursos humanos con que pueden contar las universidades determinan la calidad de los profesionales que egresan y las disciplinas en que los mismos se encuentran.