La iniciativa propone distribuir de modo automático y diario el 100 % de los fondos, y la provincia multiplicaría recursos. Javier Milei avisa que lo vetará
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
Gobernadores se plantan desde el CFI.
Los gobernadores se frotan las manos por si el Congreso aprueba el proyecto de ley de su autoría que obligaría a la Casa Rosada a coparticipar de manera diaria y automática el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Millones que no se esperaban para el actual ejercicio, como por ejemplo Santa Fe, que le corresponderían al menos siete veces más de lo que recibió desde que está Javier Milei.
El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la liberal cordobesa Fundación Mediterránea, realizó una publicación donde hace los cálculos sobre lo que embolsarán las provincias en concepto de ATN en caso de que se apruebe el proyecto y no avance el veto del presidente, como adelantó que haría.
La iniciativa eventualmente aprobada por el Senado garantizaría un flujo millonario de recursos adicionales a las provincias del orden de los $ 334.563 millones lo que resta del año. Santa Fe, según el Ieral, recibiría $ 28.883 millones para el segundo semestre, siete veces más de los 4.236 que cosechó en los últimos tres semestres. Cifras oficiales de la provincia en base a recaudación del presupuesto 2025 lo llevan a unos 45 mil millones anuales, cifra que coincide.
Tras la aprobación en el Senado, y previo a que se disponga el tratamiento en la Cámara de Diputados, los gobernadores piensan en una cumbre virtual para definir lineamientos. Además, se estaría analizando una nueva reunión presencial en la sede del CFI. Aquel inicial acuerdo unánime y de clara contundencia política no se sabe qué proporciones puede tomar.
Lo particular es que se propone un nuevo mecanismo de reparto. Se quiere ir a uno automático donde la Nación retendría el 41,2 % de los aportes del Tesoro, mientras que el resto se distribuiría en proporción a lo que le corresponde actualmente a cada provincia por la ley de coparticipación.
Eso dejaría de lado el esquema vigente de distribución de ATN, que se realiza mediante transferencias no automáticas discrecionales. Al asignarle porcentajes claros, y automatizando los envíos, “no solo incrementará los ingresos de las provincias sino que evitará su uso con fines políticos y eliminará las actividades de búsqueda de rentas”.
Por el lado de las provincias, la mayoría de ellas ganaría recursos con la distribución propuesta en el proyecto de ley. Si bien en el diseño original el 100 % de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias, de aprobarse el gobierno nacional pasaría a recibir un 41,2 % de la distribución.
No obstante, si se evalúa desde los hechos que primaron en los últimos años, la Nación perderá financiamiento. El informe afirma que, gracias a la subejecución del fondo en 2024 y lo que va de 2025, la Nación se apropió de casi el 90 % de los recursos, mientras que con el proyecto esa proporción se reduce a menos de la mitad.
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Los técnicos sostienen que la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual. Cuando eso ocurre, si bien el gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y, por ende, pasan a formar parte del resultado fiscal (aumentan el superávit o disminuyen el déficit).
Es un punto clave para el gobierno, incluso más que la transferencia propiamente dicha. Pero se trataría de un superávit artificial o a costa de las provincias, que acaban de decir basta.
La distribución automática entre la Nación y las provincias del fondo ATN tiene un impacto presupuestario acotado en el Ejecutivo nacional, dicen los gobernadores. “Representa una fracción pequeña del superávit financiero proyectado”, sostiene el Ieral.
“No le tocamos un sólo recurso al Estado nacional”, aseguró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
“En 2024 se devengó un fondo ATN equivalente al 0,12 % del PIB, pero se distribuyó a provincias el equivalente al 0,01 % del PIB. En consecuencia, el gobierno nacional evitó transferir a los distritos (evitó gastar) $ 881.296 millones, en valores constantes de junio de 2025, equivalente a 0,11 % del PIB de 2024”.
