Los anuncios del vocero presidencial Manuel Adorni en torno al endurecimiento de la política migratoria y el arancelamiento de la salud y educación para extranjeros tuvo una vez más la aclaración del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, en lo que atañe al funcionamiento de las 12 facultades pertenecientes a la entidad académica. "En la Universidad Nacional de Rosario no existen estudiantes regulares de carreras de grado que no posean residencia. Los estudiantes no residentes son de posgrado que ya abonan por el cursado de sus carreras", puntualizó ante una consulta de La Capital el titular de la casa de estudios. Otras voces consultadas, aclararon que lo planteado por el gobierno nacional requiere una modificación en el Congreso de la Nación de dos leyes vigentes: la de Migraciones y la de Educación Superior, que impide taxativamente el cobro de un arancel a los estudiantes de grado.
Con la campaña para legisladores porteños como telón de fondo, y en su doble condición de candidato por La Libertad Avanza (LLA) y vocero presidencial, Adorni anunció la puesta en marcha de un decreto que endurece el ingreso legal a la Argentina de extranjeros, establece la deportación rápida de quienes delinquen, exige seguros médicos a quienes pasen las fronteras y libera a las universidades a cobrar aranceles en la educación. "También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios si así lo desean, respetando la autonomía universitaria”, subrayó el funcionario del presidente Javier Milei.
Pinzas y cautela en la UNR
Desde la conducción de la UNR, los anuncios de Adorni fueron tomados con pinzas, entre otras cosas porque se trata de una misma temática que se reitera "por quinta vez". Consultado por La Capital, y con la intención de alejarse de una polémica que lo tuvo en el epicentro, Bartolacci se limitó a puntualizar: "No existen estudiantes de grado que no tengan residencia. Y los estudiantes no residentes cursan posgrados, por los que ya abonan para cursar sus carreras".
Otras fuentes consultadas por este diario recordaron que el nuevo anuncio es de "imposible aplicación". La imposición del DNU exigiría, al menos, la modificación en el Congreso Nacional de dos leyes nacionales vigentes. Una es la Ley de Migraciones y otra la Ley de Educación Superior. La de migraciones, en su artículo 5, asiste con igual derecho en educación a nacionales y extranjeros. Mientras que el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior impide taxativamente a las universidades nacionales el cobro de cualquier tasa, gravamen o arancel a los estudiantes de carreras de grado.
Esto implicaría que si un alumno a quien se le aplique un arancel y recurre judicialmente el cobro de este gravamen, cualquier Universidad estaría obligada a dejar de cobrarlo. "No existen estudiantes de la UNR con categoría temporaria, es una medida sin impacto, un quinto anuncio que hasta ahora es sólo eso", aportó otra fuente requerida por este diario.
"Se hace lo que dice la legislación vigente, no lo que dice o no una autoridad universitaria", reforzó en esta misma línea otro referente de la UNR.
>>Leer más: El rector de la UNR reaccionó al arancelamiento a estudiantes extranjeros: "No resuelve nada"
Política migratoria más rígida
Nación lanzó un endurecimiento en la política migratoria para quienes soliciten la residencia permanente en la Argentina y apliquen para la ciudadanía. En tal sentido, el vocero Adorni enfatizó que un inmigrante con condena será expulsado del país y lo mismo valdrá para quienes tergiversen o falseen información requerida en las fronteras.
“Como hicimos en nuestros orígenes, queremos seguir recibiendo a aquellos que vienen a construir un país más libre y más próspero, pero tenemos que saber recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas de nuestro territorio”, dijo en su discurso el vocero y candidato a legislador porteño. Y agregó: "Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias, y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.
El funcionario advirtió que "la Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea. En este sentido, se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos", amplió, para repetir el latiguillo del gobierno nacional: "El que las hace las paga”. Y en la misma línea, habló de los "inmigrantes de bien" para los cuales "no es justo que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.
>>Leer más: Quieren arancelar los estudios universitarios a extranjeros pero la UNR sostiene la gratuidad
Seguro médico
De acuerdo a lo planteado este miércoles desde la Casa Rosada con la puesta en marcha del DNU anunciado los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y quienes ingresen a la Argentina deberán presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago.
Sobre el particular, La Capital consultó a directivos de dos hospitales de la ciudad. Ambos coincidieron en que el porcentaje de inmigrantes que se atienden en consultorios, guardias y centros asistenciales "es muy baja, y se ubica en torno al 1 o 2 por ciento de la población hospitalaria". El dato contrasta con los dichos de Adorni, quien habló de los “famosos tours sanitarios”, y expuso que sólo en un año ocho hospitales nacionales destinaron “114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.
Por otro lado, y sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, Adorni prometió que habrá exigencias “más severas” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía que, aclaró, “sólo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entran o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”, dijo, al comparar que la normativa inmigratoria actual "invita al caos y al abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.
Según datos volcados en conferencia de prensa, a lo largo de los últimos 20 años, ingresaron a la Argentina 1.700.000 inmigrantes irregulares, cifra comparada con la población del partido bonaerense de La Matanza o la provincia de Tucumán. En ese tramo de su alocución, Adorni consideró que "la Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor de tres años puede ingresar al país”.
Y como contrapartida, también alertó que nuestro país "tampoco expulsa, con la norma vigente, a quienes infringen la ley. Cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a cinco años puede seguir viviendo en la Argentina para peligro de todos los demás”, concluyó.
La reforma en la política migratoria tuvo un capítulo en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación por parte del presidente Milei.
