Hace un año y casi ocho meses que una madre de dos hijos pequeños salió de su casa en la ciudad de San Lorenzo. Fue el domingo 18 de septiembre de 2011 a la noche, y jamás volvió. Desde entonces, este diario siguió al pie de la letra las idas y venidas del sistema judicial y su agobiante burocracia, en una investigación que, de la mera lectura de los expedientes pareciera ser en todo caso un manual de cómo errar el camino hacia el descubrimiento de la verdad. Mientras tanto, Paula Perassi (36) no aparece y hoy —viva o muerta— su única fortuna es tener a Alberto, un padre valiente, con una energía inagotable, que ha hecho de su vida una cruzada por el esclarecimiento.
Este hombre no se miente a sí mismo: sabe que es más que probable que su hija esté muerta, y de hecho, pese a que su cadáver no apareció, el caso está caratulado como homicidio. Acepta, y sigue luchando para que el o los culpables paguen por el crimen. Y más allá de lo probado y lo no demostrado, no duda de la responsabilidad de los dos únicos imputados, procesados, detenidos, liberados y últimamente desprocesados en la causa: el empresario y amante de Paula, Gabriel Strumia, y su empleado y mano derecha, Antonio Darío Díaz.
Accionar de un padre. Alberto Perassi no tiene miedo y nunca titubeó en esgrimir la palabra corrupción, no dudó en denunciar amenazas y atentados para callarlo, en encadenarse frente a tribunales, en golpear puertas hasta llegar incluso a ser atendido en el Ministerio de Justicia de la Nación, en marchar por las calles junto a su esposa Alicia, vecinos, instituciones, pidiendo justicia y "para que no haya otra Paula".
Pero hay muchas Paulas. Y este caso, como tantos otros, revela incapacidades, carencias y una trama perversa no sólo en cuanto a los detalles del caso, que acaso se habría resuelto si no se hubieran perdido una serie de pruebas claves, como la filmación de las cámaras de seguridad de un telecentro desde donde la joven recibió un llamado una hora antes de desaparecer, o si se hubieran intervenido teléfonos, por dar algunos ejemplos.
Algunos porqués.Una conjunción de varias aristas, filosas, complejas. El miedo y lo que no se dice. El tiempo perdido. Lo desaprovechado. Lo desestimado. Lo oculto. Las idas y venidas de la burocracia judicial. Estas y cuántas cosas más se pueden incluir a la hora de analizar y finalmente, no terminar de entender por qué no se resuelve el caso.
Para Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi, esto está más que claro: "Queda al desnudo que la provincia no puede invertigar un delito complejo. No está capacitada para resolver todo lo que no es flagrante. Salvo aquello que se le tope por delante, lo que no se entiende termina en la libertad de los responsables".
Los puntos críticos del caso se ponen de relieve en el pedido de inconstitucionalidad presentado días atrás por la querella y el fallo previo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, que acusó al fiscal Ramón Mosceta de haber "estado ausente, en la forma más absoluta. En más de 2.000 fojas, muy de vez en cuando aparece una notificación, o un tibio pedido. Jamás se desarrolló desde esa parte una propuesta o se solicitaron medidas en función de una línea de investigación, y menos aún en función de una teoría del caso de parte del actor penal público".
Posturas.La resolución del 10 de abril último por la que esa cámara desprocesó a los acusados, está redactada de una manera que deja la duda si es una dura crítica o en realidad una mofa del accionar del juez de Instrucción interviniente, Eduardo Filocco, al que plantea como un gran imaginador que hilvanó rebuscados datos y pruebas para elaborar una novela de amor, desengaño y muerte. Que en medio de contradicciones y sin "elementos de convicción suficientes para estimar que se cometió un delito", acusó a dos personas en un afán de "calmar" o "dar una respuesta al pueblo, o a las víctimas".
En cambio, para los abogados querellantes, la revocatoria de los procesamientos de Strumia y Díaz, se basa en una "postura antojadiza" a favor del empresario, una visión parcial, bajo "fundamentos aparentes", lo cual representa "gravedad institucional" y es inconstitucional. Ello, sin contar que no hubo un fiscal de grado a la altura de las circunstancias y por ello "queremos que lo renueven", aseveró Ruiz.
Recursos.Por ello, los abogados de la familia Perassi presentaron días atrás un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelaciones e idéntica presentación realizó también el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.
Es de esperarse que ambos sean rechazados por la Cámara de Apelaciones en un plazo de alrededor de un mes, por lo que la querella ya adelantó que acudirá en queja ante la Corte Suprema, es decir que pasarían al menos dos meses más hasta que se tengan novedades en el caso.
