La magistrada federal María Eugenia Capuchetti requirió a la Justicia porteña que se inhiba de seguir interviniendo en las causas ligadas al ataque al Congreso de la Nación. Argumentó que no puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los hechos forman parte de una “hipótesis amplia”, vinculada al intento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
Capuchetti le pidió al titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia en favor del Juzgado Federal Nº 5.
“Se observa del material fílmico revelado que el accionar de las diversas personas investigadas podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, ello con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el Código Penal, con el claro propósito de afectar la función legislativa mencionada”, señalaron fuentes judiciales.
Fundamentos
Además, al requerir hacerse cargo de toda la investigación, Capuchetti tuvo en cuenta que en el hecho se utilizaron bombas incendiarias de armado casero, lo cual le corresponde investigar a la Justicia federal.
Hasta el momento, los hechos ocurridos el día en que Diputados trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se investigaron a través de distintos expedientes.
En la causa federal (Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo), los delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de “daños agravados” e “intimidación pública”, hechos distintos a los que investiga la Justicia porteña, que tiene a dos personas detenidas e investiga atentados contra la policía local y daños al patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.
La causa que tramita la Justicia federal es aquella en la que fueron identificadas ocho personas como los presuntos responsables del ataque al Congreso, aunque se está intentando identificar a otros agresores.
Detenidos
Uno de ellos fue apresado anteanoche en San Isidro, como sospechoso de haber participado en los disturbios. Se trata de Jaru Alexander Rodríguez Carrero, supuestamente vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El otro detenido por la Justicia porteña es Oscar Santillán, a quien ya le dictaron prisión preventiva.