La necesidad de que se trate el proyecto de ley de humedales girado a comisiones a principios de agosto en la Cámara de Diputados crece a medida que pasan los días. En ese contexto, diversos legisladores santafesinos resaltaron cuáles son los puntos que no pueden faltar en la normativa y sugirieron otras medidas anexas para beneficiar la protección de estos ecosistemas haciendo énfasis en el Delta del Paraná. Todos coincidieron en que debe confeccionarse un inventario nacional de humedales y que se debe desarrollar un ordenamiento territorial, además de establecer una moratoria entre la eventual sanción de la ley y su definitiva implementación. Además, destacaron otros caminos a seguir, como declarar la emergencia ambiental en la zona del Delta.
El proyecto de ley de humedales que toma más fuerza es el que presentó en marzo el diputado bonaerense Leonardo Grosso (Frente de Todos), que fue girado a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Hacienda a principios de agosto. En ese marco, La Capital contactó a varios diputados santafesinos y obtuvo respuestas de Eduardo Toniolli y Roberto Mirabella, del Frente de Todos; Enrique Estévez y Mónica Fein, del Socialismo; y Ximena García, Gabriel Chumpitaz y Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio.
Todos afirmaron estar de acuerdo con la sanción de una ley de humedales y diputados de dos bloques (Juntos por el Cambio y Socialistas) mencionaron que presentaron proyectos, mientras que los legisladores oficialistas remarcaron que acompañaron con su firma la iniciativa de Grosso.
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“Existe una demanda social latente. Desde 1975, los humedales disminuyeron tres veces más que los bosques”, señaló Ximena García, quien además es secretaria de la comisión de Recursos Naturales. Por su parte, Mónica Fein dijo: “Es necesario y urgente que el Congreso sancione una ley de protección de humedales. El 21,5% de Argentina es área de humedales, que son los ecosistemas que más servicios ambientales nos brindan”.
Roberto Mirabella, que es uno de los vocales de la comisión de Presupuesto, expresó que el gobierno santafesino “siempre estuvo de acuerdo con que se sancione una ley de humedales” y adelantó que Santa Fe “se encuentra desarrollando el Inventario Provincial de Humedales, que es uno de los ejes sustanciales que debería regular la normativa”.
Puntos fundamentales
Los legisladores que respondieron coincidieron en que no puede faltar en la ley de humedales la confección del Inventario Nacional de Humedales (para saber cuántos hay y cómo son), un ordenamiento territorial y una moratoria para que no se avance sobre el territorio en el plazo que va desde la eventual sanción de la ley hasta su implementación definitiva.
“Tiene que haber ámbitos de participación de la ciudadanía en el monitoreo de la aplicación de esta ley. En sus distintas instancias, como ONGs o universidades, la participación ciudadana es la mejor garantía para que una ley pueda ser aplicada de manera correcta y que haya una verdadera defensa de los humedales”, manifestó Enrique Estévez.
Fein remarcó la importancia de “diseñar e implementar políticas a largo plazo, planificar, prevenir y evitar daños irreparables”: “La ley debe establecer presupuestos mínimos para preservar a los humedales de los impactos de actividades económicas como la agropecuaria, la industria inmobiliaria y otras actividades productivas como la minería, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible”.
Por su parte, García contempló: “Se deben asignar fondos de compensación a titulares de predios y a las provincias que conserven humedales”. Desde el mismo espacio, Germana Figueroa Casas, vocal de las comisiones de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería, puso énfasis en la definición de humedales a partir de no perjudicar “la producción”: “La ley tiene que tener definiciones que encuentren un equilibrio entre la producción, el cuidado del ambiente y la responsabilidad. Hay que cuidar el planeta, tenemos que ir a eso, pero no podríamos darnos el lujo de que haya provincias que dejen de producir”.
La definición de humedales en el proyecto de ley presentado por Grosso establece que se entiende por humedales a “aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Por su parte, Gabriel Chumpitaz expresó que la ley "es una parte que debe ser complementada con gestión gubernamental de alta escala". Y dijo que, "más allá de la sanción legal por incendios ocasionales", es necesario efectivizar otras medidas, como la "teledetección utilizando los satélites de la Nasa" y "aviones cisterna de gran escala, superiores a los que operan hoy en día".
En tanto, Eduardo Toniolli sostuvo que la ley “debe garantizar la conservación de áreas sensibles y, en el resto de los territorios de humedales, brindar un marco para la planificación de las actividades productivas que se llevan adelante”.
“El objetivo debe ser la articulación de criterios de preservación de las funciones ecosistémicas que son propias de los humedales con las prácticas y las pautas culturales y productivas de cada zona”, agregó.
Repercusión en el Delta
Consultados sobre cómo puede beneficiar la ley al Delta del Paraná, específicamente a las islas que se encuentran frente a Rosario y ciudades aledañas, desde los distintos espacios remarcaron diferentes cuestiones.
Si bien la ley es un avance en materia de protección de los humedales, García consideró: “Una ley de humedales no solucionará todos los problemas en el Delta de manera mágica. La ley está pensada para tener impacto a mediano y largo plazo, logrando un equilibrio entre el cuidado del ambiente y la producción”.
“Creemos importante que, ante la urgencia, se cumpla con las normas y herramientas que ya tenemos y que requieren de la coordinación, hoy inexistente, entre el Ministerio de Ambiente nacional y los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe”, expresó.
Fein consideró que, además de la ley, sobre el Delta debe declararse la emergencia ambiental “para tomar cartas urgentemente en el asunto y asignar recursos y presupuesto específico que permitan afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental”. Al respecto, Estévez, compañero de bancada de Fein, presentó un proyecto para esto el mes pasado.
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Por su parte, Mirabella resaltó que en el Delta del Paraná, al margen de la ley, “se podría aplicar un programa para su conservación con fondos destinados específicamente para ello”.
