¿Cómo hacer frente a los conflictos escolares, a las situaciones de violencias en las escuelas? Un proyecto de ley propone ofrecer herramientas a las comunidades educativas para hacerles frente a los distintos conflictos que atraviesa el ámbito escolar, además de promover la convivencia como valor principal. Se presentó el martes pasado en el Instituto Zona Oeste, con la presencia de la autora de la iniciativa, la diputada provincial (FPV) Claudia Giaccone y la educadora Mara Brawer.
"En los últimos años, la conflictividad social en las escuelas ha cobrado un lugar relevante entre los temas que preocupan a nuestra sociedad. Entre otras cuestiones, la cobertura de casos de violencia en las escuelas, por parte de los medios masivos de comunicación, lo ha constituido en un fenómeno altamente visible y ha hecho que fuera objeto de múltiples análisis y opiniones", considera la legisladora en los fundamentos de su propuesta.
La norma que impulsa Giaccone es una adaptación de la ley nacional Nº 26.892, aprobada en 2013, a instancias de un proyecto presentado por la entonces diputada nacional Mara Brawer. En líneas generales propone acordar "las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional". Todo esto a través de acciones concretas a fin de garantizar en el ámbito escolar "el derecho a una convivencia pacífica, integra y libre de violencia física y psicológica", evitar todo tipo de discriminación, además de toda forma de maltrato físico o psicológico, tal como se lee en el proyecto.
Acuerdos y normas
La meta de la iniciativa se basa en los acuerdos de convivencia, de diálogo, que puedan construir las instituciones educativas, en particular apoyándose en "la escucha" a los alumnos, y la intervención permanente de los adultos en torno a la vida escolar. Para eso se promueven la creación y respeto por distintos órganos de participación de los diferentes actores educativos. La misma metodología sustentada en el diálogo y los acuerdos es la que se impulsa para pensar las sanciones: "Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes niveles y modalidades" y "deben definirse garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo".
A través de los distintos capítulos que integran el proyecto de ley —será presentado ante la Legislatura provincial la semana que viene— también toman en cuenta las acciones de prevención de las situaciones de violencia, con la presencia y apoyo de equipos especializados. Junto a la propuesta de "desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas significativas en relación con la problemática". Y de los puntos es "la elaboración de una guía orientadora que establezca líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las instituciones educativas de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto escolar". Eso incluye la creación de una línea telefónica gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas.
Antecedente
La presentación se realizó en el Instituto Zona Oeste, un colegio rosarino con una buena cantidad de experiencias educativas diseñadas para hacerles frente a los conflictivos que se expresan en las escuelas, en particular en las secundarias. La educadora Mara Brawer, investigadora y ex diputada nacional, recordó en una charla ofrecida para estudiantes y docentes, que la ley Nº 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas tiene un enfoque relacional, esto es no centrado en un individuo considerado violento o en alguien pasible de ser victimizado. "Este enfoque reconoce cuánto incide el contexto en la generación de hechos de violencia", dijo Brawer, sin desconocer las responsabilidades que le corresponden a cada uno.
Abordaje integral
También resaltó la necesidad de ofrecer un abordaje integral de la problemática de la violencia en el ámbito escolar, donde se escuchen las voces de los estudiantes. Además de pensar en cómo construir una buena convivencia para prevenir la violencia en las escuelas. Una de las claves es que toda la institución se involucre en la construcción de normas y acuerdos de convivencia, porque a mayor participación seguramente habrá más compromiso por respetarlas.
Uno de los puntos que establece esta ley nacional puesta en vigencia en octubre de 2013 es la obligación del Ministerio de Educación de investigar sobre los hechos de violencias en las escuelas y recopilar las experiencias desarrolladas para contrarrestarlos. Brawer señaló que de esas primeras investigaciones se concluyó que los insultos y las roturas de útiles escolares encabezan los hechos de violencias más corrientes en las aulas.
La organización tenía contactos en casi una decena de provincias. Desde Paraguay también traían celulares de alta gama y cigarrillos, entre otros productos
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