Abogados constitucionalistas discreparon ayer en torno a la posibilidad de renuncia a los fueros legislativos. Daniel Sabsay y Juan Vicente Sola coincidieron en que es posible prescindir de ese beneficio, mientras que los especialistas Gregorio Badeni y Silvia Lospennato dijeron que no es posible.
Sola confirmó que los fueros "no son un privilegio obligatorio" y, por lo tanto, "es renunciable". "Con los fueros, lo que dice la Constitución, es que no pueden ser detenidos, salvo que sean encontrados infraganti por un delito grave, con pena de prisión; en ese caso pueden ser detenidos. Se les concede para evitar la persecución política", explicó.
Por su parte, Sabsay coincidió en que los legisladores puedan renunciar a ese privilegio al asegurar: "No veo que no se pueda hacer".
"Yo pienso que sí pueden, así como pueden renunciar a la banca, nada impide que ellos decidan que no quieren tener ningún tipo de privilegio, y que en caso de que cometan un delito deban ser citados".
En tanto, Badeni, profesor de derecho constitucional de la UBA, consideró "inadmisible" que un legislador renuncie a sus fueros ya que "éstos se conceden para tutelar el desempeño de la función legislativa, evitando la remoción arbitraria del legislador por una transitoria mayoría".
Agregó que "esta prerrogativa tiene carácter institucional y no personal de modo que es inviable la renuncia del legislador. La prerrogativa no es de la persona sino del cargo de legislador, de modo que si alguno de ellos quiere quedar sometido a una causa penal debe renunciar a su cargo de legislador y la renuncia debe ser aceptada por la mayoría de la Cámara (art. 66 CN).
Por su parte, la diputada Silvia Lospennato (PRO-Cambiemos), quien además es constitucionalista, explicó que "si un juez quisiera detener a Massa igual tendría que pedir a la Cámara su desafuero", como establece la ley que reglamenta el artículo 66 de la Constitución, referido a las inmunidades que gozan los legisladores.
"Los fueros son individualmente irrenunciables" porque, según explicó Lospennato, "son una garantía constitucional, y quitarlos es una decisión de la Cámara, que debe decidir esto a requerimiento de un juez", concluyó.
Por Lucas Aranda