La terminal no logra explotar productivamente ni ser un enclave de ciudad portuaria. La discusión sobre lo contractual y lo administrativo. La cuña de la autonomía para que Rosario se haga cargo
Por Facundo Borrego
Foto: Gobierno de Santa Fe.
El puerto de Rosario, en la mira.
El puerto de Rosario tiene una crisis crónica de la que no pude salir. Todo se repite desde hace 30 años en dos puntos: la concesión y la falta de inversiones. Que los filipinos, que los españoles, que Vicentin, que los chilenos, todo termina en esa encerrona inútil. Es como una neurosis que gira en loop en torno a esos dos temas que, claro, no pueden hacer pie.
El razonamiento es que el desarrollo y despegue de un puerto con semejante ubicación estratégica no llegan por la carencia de infraestructura que los concesionarios no hacen. Un puerto en la segunda ciudad del país, la mejor zona de la Hidrovía y el corazón de la Región Centro, pero que deja que desear.
Es lógico: si la mitad de los muelles están destruidos e igualmente se pide extender los años de concesión, algo no cierra. Pero también, por consecuencia de esa falta de desarrollo, Rosario no termina de ser una ciudad portuaria por excelencia como todas las condiciones en teoría lo proyectan.
Por lo tanto, la cuestión es analizar si es un tema de índole contractual o de administración. El gobierno provincial, que tiene el dominio de los puertos públicos, trabaja sobre lo primero tensionando por momentos con la concesionaria Terminal Puerto Rosario (TPR), a la que le pidió un plan de inversiones, que no cumplió según el Ejecutivo, y le entregó una propuesta por debajo de las expectativas mínimas. La concesionaria tiene la pelota pero no la quiere largar.
El gobierno de Maximiliano Pullaro se la puede sacar y ponerla debajo de la suela. Lo cierto es que ya le contó varias veces las costillas a TPR y la presionó con levantarle la concesión, algo que también había sugerido Omar Perotti, pero con menos convicción. Eso demuestra lo resbaloso del asunto y el margen escaso que hay para hacer cumplir un complejo contrato. No es sencillo rescindirlo jurídicamente ni engranarlo con un eventual reemplazo.
En medio de esa discusión circular de exigencia de inversión, diálogo, presión por la concesión, gesto menor de la empresa y de vuelta la exigencia de fondo, es que La Libertad Avanza (LLA), el convencional Nicolás Mayoraz puntualmente, metió la cuña al entender que también hay un problema de administración.
El diputado nacional, que conoce de cerca la actividad portuaria por su labor privada como abogado, propone una cláusula en la reforma constitucional (en el marco de la discusión de la autonomía municipal) de la que participa como convencional. Y pide traspasar el dominio provincial al gobierno rosarino.
La propuesta no tiene futuro de aprobación en la Convención ni tampoco demasiados fundamentos. O, mejor dicho, hay varias razones que la refutan. Sin embargo, logra poner en agenda el tema del puerto y que no sea solamente una discusión de incumplimiento contractual sino de un abordaje más amplio.
En el artículo titulado “Municipios portuarios” propone: “Los municipios ribereños tienen el dominio y la administración exclusiva de la concesión de los puertos de gestión pública transferidos por el Estado nacional. Un ente portuario a crearse por ley asegura la participación del sector privado, en la administración y concesión portuaria”.
El gobierno provincial lo descarta de plano. Es que ha demostrado apostar por los programas de exportación, por los puertos públicos y el comercio internacional. Y, desde ya, sigue de cerca la concesión.
De hecho, esta semana el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, estuvo de gira por Catamarca, Tucumán y Mendoza para atraer cargas a los puertos santafesinos y fogonear el corredor bioceánico.
Hace dos meses tuvo una reunión con representantes de la empresa TecPlata, operadora en el puerto de La Plata de una de las terminales de contenedores. Sugestiva cita con un operador portuario que se posteó en redes.
La minería abre una oportunidad al puerto, como repitió Pullaro, pero para Mayoraz Rosario debe usufructuarlo. Es más: sostiene que si la ciudad está en un proceso de renacimiento, como plantea el oficialismo, debe ser el gobierno local el que capte negocios y no depender de la provincia, como viene siendo.
En rigor, traspasarle el dominio a la Municipalidad parece condenarla con la gestión portuaria. Se trata de un tema complejo frente a otros que la ciudad tiene y aún no resuelve, como el transporte. Por eso, también parece algo de chicana política de parte del libertario en cuanto a la promocionada búsqueda de autonomía de la dirigencia rosarina en general.
¿Qué beneficio real y concreto tendría que Rosario domine el puerto y no la provincia, con la diferencia de recursos y peso político que hay entre las administraciones? Difícil de encontrarlo.
Respecto de lo simbólico de ciudad puerto también es discutible, pero probablemente haya un punto en la necesidad de explorar esa faceta. Habría que darle una vuelta al asunto porque lo portuario siempre se vinculó a un ambiente sucio. Hoy Rosario se vincula con el río, con el turismo, con la belleza, más que con el puerto. Pero lo productivo tira y mucho en estos tiempos en que el interior quiere demostrar su fuerza. Pullaro se pone a la cabeza.
En la audiencia por la autonomía en el Concejo Municipal de Rosario, en el marco de la Convención, las concejalas peronistas Fernanda Gigliani y Norma López pidieron algo similar al libertario. “Potestad de incorporar autoridades portuarias”, dijo López.
Hoy, la representante de la Municipalidad en el Enapro es una subsecretaria, Débora Marzioni, de Administración y Gestión Pública. La presidenta es Graciela Alabarce, en representación de la provincia, y luego hay sillas para los operadores, importadores, exportadores, sindicatos, agentes, transportistas y productores, éstos a cargo de la poderosa Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Para Mayoraz, las ciudades portuarias como Rosario "necesitan participar activamente en la definición del futuro de su infraestructura estratégica", por lo que "no puede seguir siendo un actor secundario frente a decisiones que afectan su destino". Y concluye: “La ciudad debe tener injerencia en 2032, cuando se venza la concesión”.
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