La UCR, el PS y el PJ plantean distintos equilibrios entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia. Acuerdos sobre la marcha y la sorpresa de la participación social
Por Mariano D'Arrigo
LA CAPITAL/Leonardo Vincenti
La Convención Constituyente, escenario de una discusión sobre la distribución del poder en Santa Fe.
La Convención Constituyente entró en su fase dos. La apertura estuvo marcada por los posicionamientos individuales y la definición de las reglas de juego. Ahora, con la puesta en marcha de las comisiones y la presentación de los proyectos de reforma, se van delineando los nudos centrales del debate y las principales pujas de poder.
“Se va ajustando la mira, pero todavía falta, recién estamos en los títulos”, dice un radical que trabaja en la cocina de la reforma.
La segunda semana de la Convención marcó las dificultades de los principales espacios políticos, Unidos y Más para Santa Fe, para llegar a síntesis. La Libertad Avanza también presentó al filo del cierre su proyecto, que incluye aspectos fuera del guión, como la eliminación del Senado y un referéndum en 2027 para aprobar la nueva Constitución.
Sin embargo, para el oficialismo la síntesis es una tarea pendiente: los distintos socios de la alianza presentaron su propio proyecto de reforma. El principal contrapunto pasa por los textos de la UCR y el Partido Socialista, los partidos con mayor peso en la alianza.
Un ejemplo son las facultades del Poder Ejecutivo. Mientras el proyecto de la UCR habilita el uso de decretos ante casos de emergencia, el texto del socialismo veda esa posibilidad.
Otra cuestión sensible es el funcionamiento de la Justicia y el rol del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El radicalismo propone un Consejo de la Magistratura encabezado por el Poder Ejecutivo y que el fiscal general se designe cada cuatro años y en simultáneo con el gobernador. En la UCR piensan en el modelo estadounidense, donde el gobierno traza las líneas directrices de la política criminal.
Por el contrario, en el socialismo subrayan la idea de un MPA independiente y plantean que sus autoridades se elijan cada cinco años, una manera de desenganchar la renovación de las jefaturas de los fiscales de los ciclos electorales.
Esas diferencias expresan divergencias de concepción, pero también se relacionan con el rol que cumple cada uno en esta etapa. Mientras el triunfo de Maximiliano Pullaro en 2023 le posibilitó al radicalismo volver a gobernar después de más de sesenta años, el PS tiene la mitad de las bancas de Unidos en la Cámara de Diputados.
En el fondo, son las tensiones entre un partido que gobierna, que tiene un plan y busca más herramientas para ejecutarlo, y otro que pretende que la Legislatura no se reduzca a una escribanía del Ejecutivo. No sólo en el marco de una continuidad de Unidos sino ante la posibilidad siempre latente de la alternancia.
Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución se eliminará la regla de la mayoría en Diputados y será muy difícil que el oficialismo controle la Cámara baja sin necesidad de acuerdos con al menos un sector de la oposición. En ese contexto, los decretos podrían ser una forma para saltear el bloqueo legislativo. “No podemos ir hacia un Ejecutivo hiperconcentrado. Los DNU y la reforma del ‘94 nos muestran cómo termina cuando se abre esa puerta”, advierten desde la conducción del socialismo.
En el corto plazo, el desafío para Unidos es encontrar puntos de acuerdo hacia adentro para después ir a buscarlos con los otros bloques de la Convención. “Hasta ahora cada uno se mantuvo preservando su perfil. Después de la etapa de la pureza viene la de los acuerdos. Nosotros no somos dogmáticos”, aseguran en la Casa Gris.
El peronismo cerró su proyecto al filo del plazo, pero frente a la dispersión de Unidos al menos logró articular un texto común. “Fue un aprendizaje a las piñas”, reconocen en el ala de Juan Monteverde. Reconocen que hubiera sido más cómodo presentar un proyecto más fiel a su mirada, pero hubiera sido una señal de debilidad.
En el balance, Monteverde y Lucila De Ponti incorporaron la agenda de la participación ciudadana, la economía popular y el feminismo, Pablo Corsalini como referente de los intendentes y jefes comunales nucleados en Vamos aportó el contenido sobre régimen municipal y los senadores sumaron el trazo grueso de la propuesta sobre el Poder Judicial. En el medio, Diego Giuliano aportó expertise jurídica y muñeca política para tender puentes.
Respecto al Consejo de la Magistratura, el proyecto del PJ y sus aliados hace guiños a la Corte Suprema y el sindicato judicial, dos sectores con los que el gobierno de Pullaro confrontó y los presentó como garantes del statu quo, pero abre la puerta a consejeros electos por el voto popular.
En la reunión con los integrantes de la comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales, los ministros de la Corte aceptaron el cese de la inamovilidad a los 75 años, pero propusieron ternas vinculantes por orden de mérito para cubrir las vacantes, un procedimiento que empodera al sector judicial.
En el entorno más próximo a Pullaro rechazan esa idea. “Una cosa es la composición del Consejo de la Magistratura, que se puede discutir, y otra cosa una defensa corporativa de un modelo. La selección tiene un condimento técnico, pero tarde o temprano la política es la que tiene que definir”, plantean.
Es otro ejemplo de que el avance de la Constituyente muestra que las discusiones no son sólo teóricas o de arquitectura institucional. Está en juego la distribución del poder.
Para la oposición, el trámite viene demasiado lento. “El desorden de Unidos hace que se pierda tiempo en cuestiones que tendrían que estar resueltas antes. Ya podríamos haber empezado con las audiencias públicas”, se quejan desde el peronismo.
Una señal positiva es que se presentaron más de 600 proyectos. Sectores de la política que no consiguieron los votos para tener una banca en la Convención, pero también instituciones de la sociedad civil y especialistas acercaron su propuesta.
La tarea de los constituyentes es procesar en tiempo récord esa montaña de información, detectar los proyectos que pueden ser útiles y ver cómo incorporarlos, para no alimentar la idea de un simulacro de apertura y participación.
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En tanto, esta instancia de la Constituyente le calza mejor a algunos perfiles de constituyentes que a otros. El trabajo en comisión descoloca a quienes buscan el golpe de efecto para las redes y da más juego a quienes tienen mayor sustancia y solvencia en los temas.
Autoexcluido de las comisiones, Pullaro se enfocó en su agenda, que lo llevó a lugares tan diferentes como la cumbre de gobernadores de la Región Centro en Córdoba y el predio de la AFA, pasando por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR.
Junto al entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora, Pullaro busca conformar un polo de poder que amplifique los reclamos de la zona productiva (como la eliminación de las retenciones, una demanda que ayer Javier Milei recogió de manera parcial) pero que también empiece a esbozar un nuevo proyecto federal.
En ese camino de tejer redes con diferentes actores, Pullaro se encontró en el predio de Ezeiza con Claudio Chiqui Tapia (“la reunión estaba prevista antes de sus vaivenes con el gobierno nacional, de ninguna manera fue reactiva”, aseguran cerca del gobernador) y compartió panel en la Siberia con el riojano Ricardo Quintela, uno de los mandatarios más críticos con Milei.
Con un público integrado sobre todo por estudiantes de ciencia política, académicos y consultores, Pullaro usó la tribuna del congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político (Saap) para machacar contra el centralismo porteño, defender el federalismo y su concepción de un Estado activo y eficiente, pero también se permitió mostrar otra versión.
Pullaro llamó “querido Germán Martínez” al presidente del bloque de Unión por la Patria (UP) y recordó sus discusiones con otro compañero de la facultad y politólogo egresado de la UNR: el rector Franco Bartolacci.
Son gestos atípicos en tiempos de polarización. La grieta recargada no sólo exacerba las diferencias ideológicas, también lesiona las relaciones personales entre dirigentes, claves en la política. Mucho más, en esta etapa signada por la implosión del viejo sistema de partidos, la fragmentación y la ausencia de mayorías en el Congreso, un rasgo que se acentuará a partir de diciembre.
En ese contexto, se aceleran los movimientos electorales. En dos semanas, los socios de Unidos tendrán que decidir si inscriben la alianza también para el plano nacional o habilitan que cada uno explore otras opciones.
Por lo pronto, radicales y socialistas se reunirán esta semana. La discusión por la oferta no se reduce a los nombres: también incluye los perfiles y el mensaje que quieren transmitir. La pregunta es si pueden construir una narrativa que contenga a partidos con posturas tan diferentes respecto al gobierno de Milei, que será el eje de la discusión en octubre.
En el PS aseguran que tienen nombres y propuestas para cada escenario que, admiten, tiene sus contradicciones. En cualquier situación, plantean que hay que preservar Unidos y cuidar el clima en la Constituyente, pero resaltan que el provincialismo es débil como menú electoral. “Es té con leche”, plantean.
En el peronismo, Agustín Rossi y Eduardo Toniolli están decididos a competir. En La Corriente creen que ya cedieron con el cierre provincial y en el Evita consideran que el diputado puede encabezar una fórmula ganadora de unidad más renovación.
Al mismo tiempo, Omar Perotti y su espacio dan señales de que quieren ser parte de la discusión. En el PJ creen al final irán por afuera. Resaltan que las heridas aún no cicatrizaron: “La historia reciente es compleja. Ellos fueron por la propia y eso va a pesar en la discusión”.
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