En su génesis, cuando nació el kirchnerismo como expresión política nacional, los gobernadores peronistas se presentaban de manera recurrente como un escollo para la aplicación del programa político del presidente inesperado, Néstor Kirchner. Aunque sin llegar casi nunca a la ruptura política explícita, sin embargo, oficiaban como “freno de mano” conservador, ante la impronta transformadora, de centroizquierda, nacional popular y progresista, que desplegaron con distintas intensidades tanto Néstor como Cristina Kirchner, desde 2003 a 2015.
De manera recurrente, los gobernadores representantes del “peronismo de tierra adentro”, allá durante la época de la década “ganada”, se corrían a la derecha de la Casa Rosada, y le quitaban peligrosamente volumen político. Tal vez el ejemplo más nítido -y dramático- sucedió con la fragorosa crisis política de la 125, en 2008.
Pero tras la pandemia, la guerra en Europa, y la asfixiante crisis de precios que padecen las clases populares de la Argentina en un inédito contexto -con gobierno peronista-, la historia de la relación del kirchnerismo con los gobernadores pejotistas, luego de veinte años, ha dado una vuelta, pareciera, definitiva. Ahora los gobernadores peronistas, aún culturalmente conservadores como hace algunas décadas, y sin convertirse a las ideas de izquierda ni declinar de sus creencias religiosas, acuerdan abiertamente con Cristina Kirchner, y no con Alberto Fernández, una posible salida económica y política al desconcierto en que ha caído el frente político gobernante. Y piensan que un 2023 diseñado por la vicepresidenta constituye la única alternativa posible para evitar la derrota.
Por etapas, la crisis interna en el matrimonio presidencial del FdT evoluciona sin resolverse, aunque Cristina va obteniendo progresivamente resultados. Y Alberto ve apagarse los focos de poder que pretendió encender tras el acuerdo con el FMI, cuando la emergencia de un presunto albertismo, sin Cristina. Esas pequeñas fogatas se fueron apagando, y ahora queda sólo el humo residual: el ministro Matías Kulfas se tuvo que ir de mala manera, Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), presuntos albertistas, ya coordinan abiertamente con la jefa del Senado. Y, más aún, Jorge Ferraresi (Hábitat), que amagó con albertismo cuando fue incorporado al gabinete nacional, hace una semana prestó su casa, Avellaneda, y se sentó durante una larga hora y media junto a Cristina, avalando un discurso analítico y crítico de la política -sobre todo económica- del gobierno nacional.
Reclamos
El presidente que prometió gobernar “con los 24 gobernadores”, pero en la práctica tiene a 17 (los peronistas, sin incluir a Juan Schiaretti y a Omar Perotti) que se pronunciaron el último viernes en el Chaco por “mayor federalismo en la toma de decisiones”, “regulación en la provisión de combustibles, reducción de la inflación, subsidios equitativos al transporte -acortar diferencias con Caba-, y la redacción de un proyecto de ley federal que regule las políticas sociales -planes-, que no deben ser estructurales y sólo tienen que ser un paso más hacia el empleo formal”.
Alberto ve apagarse los focos de poder que pretendió encender tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Alberto ve apagarse los focos de poder que pretendió encender tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
Esto último, en obvia alusión a los señalamientos explosivos que hizo Cristina Kirchner hace justo una semana en Avellaneda cuando desafió, “el peronismo es laburo” y no perpetuar los planes. Muchos menos “tercerizados”. Los gobernadores e intendentes salieron en malón a sostener esa lógica cristinista: “¿Por qué un puñado de organizaciones sociales tienen la potestad de darle altas o bajas a los compañeros para cobren o no un plan social?”, se preguntan los jefes territoriales -institucionales, electos por el voto popular- que reclaman para sí el manejo de esos resortes.
Incertidumbre
El grado de desconcierto en torno al 1,3 millón de planes sociales hoy vigentes es grande. Axel Kicillof, por caso, declaró: “No sé cuántos planes sociales hay en la provincia de Buenos Aires, ni conozco el listado de las personas que lo cobran”. Tampoco sabe el mandatario bonaerense, como ningún otro gobernador, qué tipo de contraprestación prestan los beneficiados, o quienes directamente no tienen actividad laboral ni educativa.
Jorge Coqui Capitanich, anfitrión y exultante, en el Chaco, factótum de formalmente lanzada “Liga de los gobernadores”, desde ya asoma como un nombre posible de la configuración electoral que terminará constituyendo el peronismo para 2023. También se suma el nombre de Daniel Scioli, que fue mencionado (y celebrado) por Cristina el pasado 20 de junio, cuando destacó su llegada al gabinete nacional, en reemplazo del despistado Kulfas.
Al cabo, Cristina “arma” con los gobernadores, y los gobernadores “arman” con Cristina una salida posible para el 2023, ante la percepción de un Alberto Fernández irrecuperable. Aunque, desde ya, nadie dirá semejante cosa hasta el final de los plazos de inscripción de las fórmulas. El futuro que imagina la ex presidenta es adversar culturalmente al “porteño centrismo”- donde se respaldará la fórmula presidencial de la alianza de centro derecha-, y por eso apuesta entregar todo el poder a los gobernadores. De tierra adentro saldrá la fórmula, ya no más presidentes argentinos nacidos y criados en Barrio Norte o en Puerto Madero. Claro que, por lo demás, el binomio presidencial no prescindirá de una mujer, ni del mítico conurbano bonaerense. Pero para eso falta demasiado tiempo. Se sabe, una semana política en la Argentina, es siempre una caja de sorpresas.
Aunque Cristina haya revelado que analiza la política mirando críticamente el pasado, proyectando el futuro, y entonces situándose sobre el presente, nadie tiene nada asegurado. Ni Messi en el mundial, ni Cristina, ni los gobernadores; tampoco Horacio Rodríguez Larreta ni Mauricio Macri. Como tantas veces, la película tiene final abierto.
