Cristina Kirchner y los otros acusados tienen diez días para pagar más de 650 mil millones de pesos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras ocho personas encontradas culpables por licitaciones irregulares de obras públicas en la causa Vialidad, deberán abonar en conjunto en un plazo de diez días hábiles más de 500 millones de dólares por el perjuicio al Estado.

El plazo en realidad vence el 13 de agosto, ya que las próximas dos semanas son feria judicial y no se cuentan como días hábiles.

Así lo ordenó el martes el tribunal federal que en 2022 condenó y llevó a prisión a Cristina (que tiene domiciliaria), al empresario Lázaro Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (también preso en su domicilio) y cinco exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz.

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Kirchner, inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y con una sentencia de seis años de cárcel que comenzó a cumplir en junio en su domicilio de Buenos Aires, y los otros condenados deben reunir 684.990.350.139 pesos —suma que fue definida con anterioridad por los peritos de la Corte Suprema— y definir si los abonarán en partes iguales o bajo otra modalidad.

Si en diez días hábiles no depositan el dinero en una cuenta del estatal Banco Nación, la Justicia procederá a decomisar y rematar sus bienes, que se encuentran embargados. Los fiscales identificaron cuentas bancarias, sociedades empresarias, inmuebles y campos de la exmandataria y del resto de los condenados.

Todos ellos pueden apelar la decisión del tribunal hasta que la suma quede firme y pueden llegar hasta la Corte Suprema. Las defensas consideran que el monto que deben depositar es mucho menor.

El caso de corrupción que llevó a Fernández a estar recluida en prisión domiciliaria se refiere a las irregularidades detectadas en 51 procesos de licitación para la construcción de obras en rutas nacionales y de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner y el periodo en que ella fue mandataria.

Según la Justicia, durante ese tiempo tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública. Estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (unos 70 millones de dólares de entonces), suma que fue actualizada.

El tribunal destacó el “daño producido al erario público” a raíz “de un gravísimo hecho de corrupción”.