Una serie de balaceras a una escuela, a sedes policiales y atentados con intercambio de cartelería entre bandas dieron lugar a la investigación contra el clan Tripi, una organización familiar de venta de drogas al menudeo con base en el Fonavi Parque Oeste. Cinco detenidos como miembros del grupo fueron imputados este viernes por delitos de tenencia y comercio de estupefacientes y armas en una extensa medida judicial que cobró notoriedad cuando uno de los presos escapó en pleno trámite de la seccional 5ª, donde seguía el proceso conectado por videoconferencia.
La rivalidad con la organización de Mauricio Ayala, otro referente del negocio en la zona oeste, está para la pesquisa en el centro de una disputa territorial que se expresó en distintos atentados con armas desde los primeros días del año, algunos de ellos con amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.
En la audiencia judicial el fiscal Franco Carbone dio cuenta de cómo esa sucesión de hechos vertebró la pesquisa que desembocó en la imputación de Matías Tripi, Jonatan Barreto, Alejandro Salto, Ariel Ozan, Wanda Madera y Emanuel Suárez. El juez Gonzalo Fernández Bussy además autorizó derribar inmuebles de Pedro Lino Funes al 2400, Riobamba al 5700 y pasaje Ancuña al 5700, situados en el epicentro del área donde operaba el grupo y que según la fiscalía eran utilizados como base de acopio, fraccionamiento y venta de drogas.
Los cinco hermanos del clan Tripi
Desde hace al menos una década la familia Tripi aparece en crónicas policiales. Primero como parte de la banda de venta de drogas del encarcelado Walter “Dulce” Abregú, de quien el grupo se abrió con el correr de los años. De los cinco hermanos Tripi, uno de ellos fue asesinado en febrero pasado. La tarde del martes 27 Leonel Ariel Tripi, de 27 años, peleaba a piñas con un contendiente cuando se acercó otra persona que le disparó varias veces en el abdomen y en una pierna, lo que le causó una hemorragia letal.
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Era hermano de Iván y Hernán, dos condenados por comercio de drogas. El primero fue sentenciado el año pasado a 7 años de prisión en la Justicia federal junto a siete cómplices. El segundo recibió 3 años de prisión condicional en el mismo proceso.
A ellos se suma Ariel, detenido en marzo de este año junto a su pareja por efectivos de la Policía Federal y considerado una voz de mando en la estructura sobre el que ahora avanzó la Justicia provincial. El último en caer fue Matías Tripi, apresado hace dos semanas, quien quedó en prisión preventiva acusado de comercio de estupefacientes.
Según planteó el fiscal en la audiencia, la investigación que puso la lupa sobre este grupo se remonta a un incidente del 11 de enero pasado, cuando derribaron el primer quiosco de drogas en el marco de la ley de narcomenudeo. Entonces caía bajo la topadora un conocido búnker de Riobamba al 5000, frente a las vías. El puesto al parecer pertenecía a Mauricio “Mauri” Ayala, sindicado como otro transero de la zona sudoeste que en esa movida habría perdido 200 kilos de droga.
Siete días después ingresó un llamado al 911 para alertar que en una construcción ferroviaria de La Paz y Gutenberg había estupefacientes escondidos entre bolsas de arena y piedra. Policías que fueron al lugar encontraron allí tres chalecos antibala, 85 bolsas de nylon con sustancia similar a la cocaína y ocho bolsas negras con marihuana. Ese procedimiento fue la antesala del ataque armado que, dos días después, tendría como blanco la sede de la Tropa de Operaciones Especiales.
Desde un vehículo que sería un Surán gris, a las 0.55 del 20 de enero dispararon contra el edificio de Rouillón 1968. En el lugar se rescataron ocho vainas calibre 9 milímetros y una nota con esta inscripción: “Dejen de molestar a los Tripi”.
Invitación a la guerra
Una nueva referencia al clan del Fonavi Parque Oeste se registró unos días más tarde. Cerca del mediodía del 1º de febrero atacaron con al menos tres tiros calibre 40 un jardín de infantes de Monte Flores al 7400. El cartel, esta vez, iba dirigido expresamente a presos de la cárcel de Piñero: “Matía del 7 y Mauri del 7 dejen de quemar a Los Tripi y vamos a la guerra”.
La mensajería continuó al día siguiente. A las 7.27 de la mañana del 2 de febrero hubo un ataque armado contra la escuela primaria 1229 Jesús Obrero y la secundaria Espíritu Santo, de Pasco al 7200. Tres tiros a la puerta acompañaban una nota: “Matía del 7 y Ayala del 7 dejen de joder a Puyaro y la TOE” (sic).
Con estos incidentes, según expuso en la audiencia el fiscal Carbone, terminó de revelarse la disputa territorial entre el clan Tripi y Mauricio Ayala. Los primeros con base en la zona de Rouillón y el pasaje Ancuña, frente a las canchas de fútbol del Parque Oeste. El segundo, con dominio a escasas cuadras, en Riobamba y Felipe Moré.
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La pelea por la recaudación de la venta de drogas en ese barrio volvió a quedar expuesta en marzo, cuando tres policías fueron acusados de encubrir a cambio de una suma millonaria a Ayala, el rival de Los Tripi. El fiscal Carbone los acusó de haber insertado tres pistolas en un procedimiento ilegal para desviar la pesquisa hacia los Tripi y acusarlos de balaceras contra el gobierno provincial.
Las armas —una pistola 9 milímetros, una calibre 40 y otra calibre .380— le fueron “plantadas” a Alexis C. M., un chofer del asesinado Leo Tripi que fue detenido el 31 de enero por policías del Comando Radioeléctrico. Las armas habían sido usadas entre el 12 de diciembre y el 20 de enero en cinco balaceras donde se dejaron mensajes escritos y amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro, entre ellos el registrado contra la TOE.
La maniobra quedó el descubierto y con ello la pretensión de los policías de incriminar a los Tripi para favorecer a Ayala. El nombre de este joven de 28 años, poco conocido hasta entonces, quedó expuesto como un vendedor barrial y regente del búnker de Riobamba y la vía derribado en enero. Quedó bajo sospecha de haber sido quien ordenó atentados entre diciembre y enero se libró captura en su contra, pero no lo ubicaron.
A partir de esta cadena de incidentes, planteó Carbone, se le dio intervención a la TOE para “profundizar las medidas en territorio y conocer los movimientos de la banda de Los Tripi, identificando domicilios y a las personas que proveen recursos materiales” al grupo. Según consta en la imputación, los vecinos mencionaron a Matías Ezequiel, de 33 años, como “el mayor de los hermanos y el encargado de los negocios”.
Los reclutados como vendedores, según la pesquisa, “generalmente son personas que sufren adicciones, purgaron penas y están en el negocio o en situación de calle”. Se obtuvieron detalles sobre movimientos de paquetes y dinero y nombres de colaboradores que “están armados todo el día”.
“Hará unos diez años que se vende falopa en el barrio. Antes era el Dulce Abregú, después los Tripi lo destronaron. Es un lugar accesible porque es todo pavimento y es fácil comprar enseguida e irte. Entran y salen todo el tiempo”, contó un testigo de identidad reservada que advirtió sobre “una edificación que usan para descartar cosas, descargar y acopiar”.
“Hoy el que maneja las cosas en el barrio es Matías. Es el único que queda. Porque los otros son menores, Iván está en cana y a Leo lo mataron. Todas las decisiones respecto a la venta, adónde bajarla, cómo conseguirla, los puntos de venta, los pibitos que venden para ellos, todo lo maneja Matías”, dijo otro testigo citado por el fiscal.
“Vienen de todos lados. Se vende cocaína y es pasta base o algo así que es de menor calidad. Como hay calles asfaltadas, iluminadas, es fácil entrar y salir por 27 o Pellegrini, siempre compró mucha gente en el barrio. Vienen del centro y de todos lados”, contó otro testigo.
Sobre esa base, expuso el fiscal, se sucedieron los allanamientos del 28 y 29 de junio que arrojaron secuestros cocaína fraccionada a Jonatan Barreto —el preso que logró escapar de la comisaría 5ª, recapturado una hora más tarde—, y en la requisa a la casa de Ariel Ozan. Los dos quedaron en preventiva por dos años al igual que Matías Tripi, acusado de asegurar el resguardo de la droga y la supervisión de la venta.
