Una mujer fue condenada este lunes a 17 años de cárcel por el homicidio de Carlos González, un hombre de 78 años que vivía en una vieja marmolería abandonada del barrio Bella Vista donde fue asesinado de 28 puñaladas en mayo de 2022. Maite Anabel Fernández, de 31 años, fue sentenciada en juicio oral por homicidio en ocasión de robo.
La condena fue resuelta por el tribunal conformado por los jueces Carlos Leiva, Gonzalo López Quintana e Ismael Manfrín que fijó una pena un tanto más leve que la de 20 años de prisión que había requerido el fiscal Lisandro Artacho en sus alegatos. En ese sentido el acusador adelantó que esperará hasta conocer los fundamentos del fallo para resolver si apela o no la decisión del tribunal.
En ruinas
González vivía en la ruinas de una marmolería en la que había trabajado durante años, en Castellanos al 2300. El establecimiento había cerrado luego del homicidio de quien había sido su dueño, Gabriel Capella, cuyo cuerpo apareció flotando en el Paraná en junio de 2013. En una precaria construcción donde habían estado las oficinas del lugar vivía el hombre a quien en el barrio llamaban “Don Juan”.
El viernes 13 de mayo de 2022 una vecina que guardaba el auto en el mismo predio se encontró con que el portón estaba cerrado con llave desde adentro y del lugar salía un olor nauseabundo. Los vecinos llamaron a la policía y cuando llegaron los efectivos encontraron el cadáver del hombre de 78 años junto a dos cuchillos manchados con sangre.
La investigación comenzó por la búsqueda de rastros en la escena y otras pistas entre las imágenes que pudieran haber registrado las cámaras de vigilancia de la zona.
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Los investigadores notaron que otro portón del predio, sobre calle Viamonte, estaba entreabierto y tenía manchas de sangre. De ahí se llevaron huellas y un picaporte. Los testimonios, por otra parte, permitieron saber que Don Juan solía pasar noches acompañados por amigos y algunas mujeres. Y también asomó la versión de que en los días previos al hallazgo de su cuerpo una mujer se había ido enojada con el hombre por cuestiones de dinero. Según una de esas versiones la mujer había vuelto con tres muchachos e ingresaron al predio por ese portón.
Sin embargo, en las evidencias cotejadas por las cámaras la única cuya presencia en la escena se pudo demostrar fue Maite, que además fue acusada por haberle robado a la víctima un celular que luego le vendió a una vecina.
Puñaladas
“En la filmación de una cámara ubicada frente al lugar donde ocurrió el hecho se puede ver a la imputada intentando ingresar al predio y un forcejeo con la víctima. Entendemos que el crimen se cometió en el interior del edificio, donde ella le asestó una gran cantidad de puñaladas con dos cuchillos diferentes que fueron hallados dentro de la finca. También fue un elemento muy importante corroborar que la acusada le había robado el teléfono celular a la víctima”, dijo el fiscal en diálogo con la prensa luego de escuchar el veredicto del tribunal.
En ese marco el fiscal fue consultado por la posible presencia de más agresores en la escena del crimen. “Por el momento no es cierta esa posibilidad, sino una posibilidad que no deja de evaluarse. Pero lo cierto es que la persona que se ve ingresar a la finca en ese momento es Maite Fernández”, respondió Artacho.
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También se le preguntó si la rebaja en la pena que dispusieron los jueces pudo tener que ver con que la imputada pidió perdón a la familia de la víctima al comenzar el juicio. “Ese fue un elemento sorpresivo, cuando pidió perdón a los familiares de González y explicó que estaba en una situación de vulnerabilidad. Pero desde la Fiscalía entendemos que este pedido de perdón llega tarde, en tres años de proceso, nunca había omitido o emitido ninguna declaración con relación al hecho”, sostuvo Artacho a la espera de conocer los fundamentos de la condena para saber por qué rebajaron la condena.
Tampoco descartó Artacho que la pena haya sido rebajada por el contexto de vulnerabilidad que expuso la defensa con testigos que referían que Maite ejercía la prostitución y consumía drogas asiduamente. No obstante, el fiscal ratificó que “la pena que entendemos justa es la de 20 años”.