La madre del niño muerto en San Justo será evaluada por psiquiatras a pedido de la Justicia

La mujer detenida por la muerte de su hijo de 6 años en San Justo seguirá privada de su libertad tras la primera audiencia sobre el caso. Las fiscales a cargo de la causa la identificaron como responsable del asesinato de Izan Aguirre, pero la Justicia solicitó una evaluación psiquiátrica para confirmar la imputación por el episodio.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) aceptó la convocatoria de una junta médica para analizar la situación de la joven de 22 años. Al mismo tiempo, la defensa rechazó la orden para mantenerla bajo custodia del Servicio Penitenciario y pidió el traslado a un hospital especializado en salud mental, algo que finalmente no ocurrió.

Rocío M. fue señalada como autora de homicidio agravado por el vínculo en el barrio Reyes. Esto puede derivar en una condena a prisión perpetua, aunque todavía no está claro si la joven era capaz de comprender el delito que se le atribuye y si está en condiciones de afrontar el proceso penal.

¿Qué se sabe de la muerte de Izan Aguirre en San Justo?

La fiscal local Daniela Montegrosso presentó la evidencia del caso junto a su par de la unidad especial de Homicidios de la ciudad de Santa Fe, María Laura Urquiza. La audiencia se celebró en los tribunales de la capital provincial y la madre del nene no estuvo en la sala, aunque participó por videoconferencia.

Después del debate ante el juez José Luis García Troiano, las funcionarias confirmaron que Izan murió por "estrangulamiento en forma mecánica o manual". Previamente, los resultados de la autopsia del cuerpo coincidieron con esta hipótesis, ya que se referían a la asfixia como causa del fallecimiento.

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Urquiza apuntó que la junta de salud mental deberá realizar varias sesiones para evaluar a la joven detenida. No obstante, remarcó que el equipo de profesionales debe actuar "con la mayor celeridad posible", de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal.

Las conclusiones del examen determinan dos cursos distintos para la causa penal. Si Rocío M. no comprendía el crimen que le atribuyen, la Justicia tendrá que tomar medidas para garantizar su tratamiento médico. En caso contrario, el MPA no descarta solicitar la prisión preventiva para continuar con el proceso hasta llegar al juicio.

Un homicidio sin denuncias previas

Luego de la audiencia, las fiscales reitararon que no hay denuncias previas sobre maltrato infantil o situaciones de violencia atribuibles a la muchacha. Tampoco hay antecedentes de este tipo de conductas en perjuicio de otras personas, además de su hijo.

Con respecto al operativo después de la denuncia del miércoles 19 de agosto, Urquiza confirmó que la joven hizo algunas declaraciones en medio del procedimiento. "Manifestó algunas palabras confusas, pero sí hizo alusión al hecho", precisó.

La joven de 22 años fue trasladada a la ciudad de Santa Fe tras la muerte de su hijo. Según fuentes oficiales, en las horas posteriores al asesinato insinuó que había actuado contra su voluntad. Las encargadas de la investigación evitaron calificar esas expresiones como estrictamente “místicas” y remarcaron que forman parte de los elementos que deberán ser analizados por profesionales especializados.

De acuerdo al relato de la fiscal santafesina , la detenida deslizó que había sido "enviada, mandada por alguna otra instancia u otra persona". De inmediato, recordó que el estado de salud mental debe ser determinado técnicamente por especialistas y añadió que su condición "ha ido variando además con el tiempo, desde la comisión del hecho hasta ahora".

Una sola sospechosa en la mira

"Si bien la investigación se encuentra abierta, hay líneas investigativas, muchísimos testimonios que se han tomado hasta el momento. Hay secuestro de teléfonos celulares que también se encuentran siendo peritados”, detalló Urquiza. Los dispositivos hallados podrían aportar información para reconstruir las circunstancias previas y posteriores a la muerte del niño.

Luego del arresto, la madre de Izan fue internada con custodia en el Hospital Emilio Mira y López. La defensa quería que continuara alojada allí, pero el juez García Troiano ordenó su traslado a dependencias del Servicio Penitenciario.