"Varios de los testigos que declararon y algunos que aún no lo han hecho testimonian situaciones de violencia en las distintas privaciones de libertad que sufrió María de los Angeles Paris. Particularmente violenta fue la forma en que los testigos relatan que la toman en la última detención: del cuello, de los pelos, con torsión de brazos, entre tres, se les cae dos veces al piso. Dos testigos —una que declaró, otro que aún no— cuentan que en esta última oportunidad gritaba muy desesperada que la dejarán ir y resistía, y ni bien quedo adentro de la comisaría se escuchó un sorpresivo silencio que le llamo mucho la atención a estos dos testigos". Tal planteo fue formulado por el abogado Enrique Font, asesor de la familia de la bibliotecaria del Complejo Gurruchaga que el 3 de mayo pasado murió en un cuarto contiguo a la guardia de la comisaría 10ª del barrio Alberdi, que manifestó su voluntad de constituirse como querellante en cuanto hayan audiencias penales en investigación de las circunstancias que rodearon a su muerte.
La Capital publicó ayer dichos de testigos que están en el legajo de la pesquisa que impulsa el fiscal de Homicidios Luis Schiappa Pietra, que coinciden en que la mujer fue vista en un estado de notoria alteración psicológica, incluso tres horas antes de llegar a la comisaría.
Font afirma que existe una manipulación interpretativa de los hechos de parte de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo.
"Lo que están haciendo es un claro incumplimiento de la obligación internacional de realizar una investigación eficaz, integral, pronta e imparcial de lo sucedido", le dijo el criminólogo a este diario.
El fiscal señala que la mujer, de 46 años, ingresó en dos ocasiones, en soledad y voluntariamente, a la seccional 10ª. Y que la tercera vez, efectivamente, fue forzada a hacerlo por personal policial que la redujo empleando la fuerza, en circunstancias en las que, dice el fiscal, había testigos que señalan que la mujer estaba muy exaltada.
"En propio relato policial dice que la tienen que reducir entre varios para esposarla", remarcó Font. "No hay testigos que indiquen qué sucede desde que entra a la comisaría hasta que se produce su muerte. Acá hay una muerte en custodia policial, en el contexto de una detención ilegal, arbitraria y con uso excesivo de la fuerza, que para una persona que está en padecimiento psíquico puede constituir un caso cruel y degradante".
Malicioso
Font interpreta que hay un uso malicioso del resultado de la autopsia de la docente. "Marca lesiones (equimosis) en varias partes del cuerpo compatibles con la violencia ejercida para detenerla que relatan varios testigos. Hay un golpe además en el parietal derecho. Y las lesiones en las muñecas producidas por las esposas", dice. En el dictamen de autopsia, el forense Lucas Kuverling descarta lesiones internas o externas indicativas de muerte violenta. Y firma el documento en el que dictamina muerte natural.
Respecto de la causa de la muerte, contrasta Font, la autopsia aún no está completa. "O mejor dicho esta por demás incompleta. Por ejemplo, la embolia pulmonar que determina (el forense) no tiene aún causa. Una puede ser fracturas o fisuras óseas. Pero en la autopsia no se tomaron radiografías —algo más que esencial e ineludible— porque no funcionaba la máquina de rayos X. El pulmón no se estudió más que parcialmente. No están los estudios toxicológicos. Peor aún, en la autopsia no se cumplió cabalmente la manera de hacerla que establece el protocolo de Minnesota. Por lo que la autopsia no puede tomarse como concluyente", dijo el abogado y criminólogo.
"No es que la autopsia debería decir que Paris tiene un tiro en la frente para resultar incriminante. Es muy posible que la violencia ejercida en una detención ilegal, el maltrato físico y psicológico, haya producido una situación de estrés que le causara la muerte por un paro. ".
Desde la fiscalía indican que la PDI, que es provincial, relevó la escena del hecho, sin que se produjera ninguna objeción hasta el momento. Y que luego intervino la Policía Federal en las pericias posteriores relevantes. También indican que los abogados de Amsafé, de la APDH y de la Cátedra de Criminología de la UNR tuvieron acceso al legajo desde el principio incluso sin tener participación formal en el trámite penal.
