Las arcas del Estado municipal destina 13 millones de pesos mensuales desde octubre a las empresas del transporte urbano para evitar que suba el boleto a 10,99 pesos, valor que entrará en vigencia a partir de enero próximo.
Los 13 millones de pesos es un aporte adicional para compensar una diferencia de 1,30 peso entre la tarifa actual y el precio que fijó por decreto la Intendencia a fin de septiembre en uso de las facultades que le cedió el Concejo, pero que quedó en suspenso hasta 2018.
En paralelo, el Ejecutivo volvió a gestionar más subsidios nacionales al gobierno de Mauricio Macri de cara a la implementación del nuevo sistema, que debutará en el primer trimestre del año próximo. Sin embargo, la decisión oficial de avanzar con este esquema de alimentar el fondo compensador está en que probablemente cuando llegue la discusión de las paritarias en el segundo trimestre del año próximo quede en firme la decisión de Nación de mantener congelados los montos de los subsidios, por lo que la salida es por tarifa u otro mecanismo de subsidios.
El decreto 2.141/17 estableció una suba del boleto del 13,5 por ciento, que eleva el viaje convencional —actualmente en 9,70 pesos— a 10,99 pesos. Sin embargo, su entrada en vigencia quedó postergada hasta 2018 a través de otra norma que deberá emitir el gobierno municipal, pero que estaría definido que entre a regir a partir de enero próximo.
"Actualmente, un pasajero rosarino recibe la mitad de subsidios para viajar en colectivo que un usuario porteño, desde un fondo fiduciario que se nutre de impuestos a los combustibles que pagan todos los argentinos", se volvió a quejar días atrás la secretaria de Movilidad, Mónica Alvarado.
Según la Intendencia, en la actualidad las compensaciones nacionales que permiten el sostenimiento del sistema no cubren la totalidad de los parámetros (colectivos, kilómetros de recorrido y agentes) que requiere el servicio urbano de Rosario.
Vale recordar que en el primer trimestre de 2018 entrará en vigencia el nuevo sistema, con coches nuevos y una fuerte inversión que deberán hacer las empresas adjudicatarias.
