En medio de la crisis resurge la idea de estatizar el transporte público

En el marco de la crisis del transporte urbano de pasajeros de Rosario, que tuvo como último capítulo un paro de cuatro días de los choferes por una nueva deuda salarial, entró de nuevo en discusión la idea de estatizar el sistema, con voces a favor y en contra en el Concejo. Mientras tanto, corren los minutos para que se venga un nuevo aumento que el intendente Pablo Javkin concretaría antes de que termine mayo, y que llevaría el boleto de los 45 actuales a una cifra alrededor de 50 pesos.

Fue el propio secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, quien señaló este lunes que “se impone una discusión sobre el futuro del sistema de colectivos” mientras gestionaba tenazmente que los 217 millones de subsidios nacionales llegaran a las arcas santafesinas para poder asistir a las empresas, y que estas abonaran el 50 por ciento de los salarios que debían a sus trabajadores, algo que finalmente sucedió ayer, dando fin a la medida de fuerza.

Bajo ese contexto, y teniendo en cuenta que el 60 por ciento de los recursos para sostener el funcionamiento de los colectivos los pone el Estado en sus tres órbitas, nacional, provincial y municipal (unos 85 mil pesos por chofer), el funcionario dijo que si bien “no es un defensor de las estatizaciones”, no se puede soslayar la responsabilidad empresaria en los constantes problemas del servicio, que fueron acentuados por la pandemia y una inflación desbocada, a la que el gobierno no le encuentra solución.

Matices

El Palacio Vasallo ya se hizo eco de esta discusión, con posiciones que marcan algunos matices. Para el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, estatizar totalmente el sistema “no es lo conveniente”, porque considera que las experiencias al respecto que se han llevado adelante en Rosario “no han sido buenas”.

“Tenemos el caso del servicio de recolección de basura, en el que la empresa estatal arrancó muy bien y hoy es realmente un ejemplo de lo que no debe ser”, graficó. Y si bien recordó que “tal como lo dijimos en noviembre, la emergencia que se planteaba iba camino al fracaso”, apuntó que para su bancada “el sistema tiene que seguir siendo mixto”.

Respecto de lo sucedido esta semana con el paro, Cardozo opinó que “en una situación de emergencia como esta, lo más razonable hubiese sido que en tiempo y forma la provincia le anticipara fondos al municipio, se pagaran los sueldos y no se cortara el servicio en este momento tan crucial”.

El edil pidió “una previsión mayor” en ese sentido: “Si el flujo de dinero que está entrando al sistema prevé la posibilidad de un corte de crédito laboral, hay que hacer las gestiones a tiempo. Y si no se hace, es un servicio prioritario y la provincia debería haber hecho un anticipo, para que en este contexto no se produzca lo que pasó”.

Por otro lado, pero también en el terreno del financiamiento, repitió el pedido al Senado de la provincia para que apruebe la modificación y se sume a las ciudades de Rosario y Santa Fe al Fondo de Obras Menores. “De ese dinero, el 30 por ciento puede ir para transporte. Ya se lo reclamamos muchísimas veces”, espetó.

Cifras

En tanto, desde el peronismo insistieron con la necesidad de conocer los números de las empresas que explotan el servicio público. “Ya antes de la pandemia el transporte público no era rentable, ni acá ni en el mundo, entonces solo terminaba siendo negocio para el privado si resentía el servicio, sacando unidades de la calle, bajando las frecuencias y retirando los servicios nocturnos”, describió el edil Eduardo Toniolli.

Para el dirigente del PJ, esta situación “se profundizó con la pandemia, y ahora vemos cómo una vez más la crisis la terminan pagando el Estado y los usuarios. Nos gustaría que antes de meterle la mano en el bolsillo a los laburantes, el municipio audite los números de las empresas del sector antes y después de la entrada en vigencia de la reforma que se hizo en enero, cuya única finalidad fue que le cierren las cuentas a los privados”.

La discusión de fondo hoy, según Toniolli, es “si consideramos al transporte como un servicio público y cómo lo financiamos”. En esa línea, recordó que su bloque lleva presentadas varias iniciativas para ser discutidas en el Concejo, aún sin suerte. “El PRO se limita a criticar las consecuencias de un estado del sistema del transporte del que son corresponsables, por los cuatro años de retiros de subsidios durante la era Macri, y todas las delegaciones de facultades al Ejecutivo, que avalaron con su voto durante años”, disparó.

Quizás hoy, que los colectivos volvieron a las calles y los fondos frescos compraron tranquilidad al menos hasta julio, la discusión parezca extemporánea. Pero dado que el sistema funciona básicamente con subsidios estatales, que aporta 70 mil pesos por mes por trabajador de provincia y Nación, más 10 mil o 15 mil pesos del Fondo Compensador del municipio, y su funcionamiento se ve interrumpido de modo espasmódico siempre por la misma razón, tal vez se imponga la necesidad de repensar seriamente la función de cada uno de sus actores.