La diputada provincial Lionella Cattalini se refirió a la imputación y prisión preventiva dictada contra el juez federal Marcelo Bailaque. Consideró que “la prisión preventiva a Bailaque es un hecho histórico para la provincia y para la justicia federal, que demuestra con claridad que es posible avanzar en las investigaciones de corrupción y narcotráfico”.
La legisladora destacó “la labor de los fiscales que, con valentía y coraje, llevan adelante esta causa”, y exhortó al Consejo de la Magistratura “a tomar dimensión de lo sucedido y avanzar con rapidez en quitarle los fueros a Bailaque”.
A la vez, Cattalini remarcó que “la Justicia debe actuar con independencia y sin privilegios. La imputación de Bailaque demuestra que nadie debe estar por encima de la ley y que los abusos de poder no pueden quedar impunes”.
Finalmente, subrayó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial: “La sociedad necesita ver que aquellos que abusan de su poder enfrentan las consecuencias de sus actos. La lucha por un sistema judicial transparente es fundamental para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, y es nuestra responsabilidad garantizar que la justicia sea realmente para todos”.
Prisión preventiva para Bailaque
El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó la prisión preventiva por el término de 90 días al juez federal Marcelo Bailaque, acusado de varios delitos que se le achacan haber cometido en el ejercicio de sus funciones. La resolución aclara que la medida cautelar “no podrá hacerse efectiva de forma inmediata” en virtud de la ley de fueros que impide el encarcelamiento de un juez sin que así lo habilite el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, Rodrigues Da Cruz le trabó una inhibición por 1.500 millones de pesos y la inmediata inmovilización de las cuentas bancarias de Bailaque, a excepción de la cuenta sueldo. Asimismo, el magistrado imputado este miércoles no podrá salir del país sin autorización judicial.
Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y Juan Argibay Molina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) fiscales apuntan a mal manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, irregularidades en investigaciones contra el narco Esteban Alvarado y el armado de una causa, con fines extorsivos, contra un empresario rosarino.